Por Lola Portela

En la noche del domingo 23 de noviembre de 2025, una filtración masiva de documentos —chats, cartas, fotografías y material digital— sacudió el panorama político nacional. De acuerdo con una extensa investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, estos archivos revelarían supuestos acuerdos, filtraciones de información oficial y negocios irregulares entre cabecillas de las disidencias de las Farc, encabezadas por Alexander Mendoza Díaz, alias Calarcá, y altos mandos del Estado colombiano.
La publicación desató un vendaval de reacciones en redes sociales y sectores políticos, especialmente porque en los documentos se mencionan al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez.

Los dispositivos que contienen la información revelada por Caracol fueron incautados en Antioquia, cuando fue sorprendido alías Calarcá. y posteriormente dejado en libertad, por ser “Gestor de Paz”. Y lo recopilado permitiría reconstruir una red de vínculos que comprometería a figuras del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Los nombres más sensibles son los del general Juan Miguel Huertas, actual director del Comando de Personal del Ejército, y Wílmer Mejía, funcionario de alto nivel en la DNI.

“Gracias a ellos, las disidencias de Antioquia, Catatumbo y sur de Bolívar obtuvieron información clasificada de las fuerzas militares para esquivar operativos, entre otros temas”, señaló uno de los jefes consultados.

Los documentos incluyen una carta del 8 de febrero de 2024 en la que un emisario relata a Calarcá una reunión en Bogotá con el general Huertas:

“El hombre me dio buena confianza y nos propuso montar una empresa de seguridad legal (…) el general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas”.

Según la carta, el general Juan Miguel Huertas habría señalado además:

“…una compañía de máximo veinte hombres, que él primero consigue los permisos para pistolas y después para que nos permitan la circulación con fusiles”.

Y sobre sus motivaciones:

“Al hombre le están ofreciendo puestos altos en el Gobierno de ahora y él dice que no le quitará la demanda al general (Eduardo) Zapateiro… que él prefiere ser una púa más en el zapato para Zapateiro y lograr que pague”.

El rol atribuido a Wílmer Mejía

Los testimonios recogidos por Noticias Caracol señalan a Mejía —apodado “El Chulo”— como un intermediario entre estructuras ilegales y miembros de la fuerza pública. Un mando disidente afirmó:

“Con Huertas nos habíamos conocido una vez en Bogotá… Él nos hizo el favor de movernos a Colombia… él tenía sus carros allá con sus amigos (…) eso fue en el 23”.

Que se hiciera la empresa de seguridad para los mismos líderes sociales, nuestros tener más seguridad en ese tema”.

En otra conversación se describe la repartición de roles:

“Ya necesitamos organizar qué por supuesto le tocaba a él (Huertas)… a Richard, a Andrey, a Mechas, a Calarcá…”.

Filtraciones y pactos de no agresión

Los testimonios afirman que en una tercera reunión se habrían entregado contactos y datos sensibles:

“La idea era no chocar con el ejército”. El mismo guerrillero agrega que recibieron “los contactos de los senadores, los correos, frecuencias de radio” y que las pocas capturas contra su grupo se debieron “ya por negligencia de los mismos”, pues “nos avisaron” de todas las operaciones”.

El material también incorpora chats y cartas con referencias directas a información reservada de la Fiscalía y la Dijín. En uno, fechado el 11 de noviembre de 2023, un mensaje advertiría sobre esta situación. “Anoche en la reunión con el personal de Dijín y la Fiscalía hablaron que la fuente fue hasta Donde Leo y se quedaron en el campamento donde la pasa Leo y también le tiene el teléfono chuzado. Todo lo que habla Leo lo sabe la policía y la fiscalía”.

Otros documentos muestran órdenes de batalla, datos personales y la ubicación de funcionarios de inteligencia que estaban recolectando información sobre las disidencias. “Mi hijo, dígale a ese marica que en la jugada porque lo van a joder… allá tienen a un cabo en Tibú haciéndole inteligencia y orientando esos sapos”, agregó.

Las conversaciones sobre financiación política

¿Las disidencias de las Farc habrían financiado la campaña de Gustavo Petro? Es la duda que ronda hace algún tiempo. Y en ese sentido, las conversaciones filtradas entre figuras clave de las disidencias de las Farc también habrían revelado intercambios comprometedores entre alias Calarcá y alias Iván Mordisco, que actualmente es el principal objetivo de las fuerzas militares, en relación con lo que sería un delicado asunto: las pruebas que acreditarían la financiación de la campaña presidencial de Petro por parte de actores ilegales, y se menciona a la vicepresidenta Márquez. En efecto, parte del archivo narraría, de la misma forma, el quiebre en la relación entre alias Iván Mordisco y el Gobierno, incluidas acusaciones dirigidas al presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

En una conversación citada por Noticias Caracol, alias Danilo Albizú afirmó que, con las pruebas en poder de ‘Mordisco’ y de ‘Mayimbú’, “lo tumbamos” (refiriéndose a Petro). “Todo se hizo a través de Francia Márquez. Ahí tiene para que lo analice sin fatigarse, con cabeza fría a mano y analizar bien, pensando en lo que se viene o se deba organizar”, escribió el jefe guerrillero, según los pantallazos recuperados en esta rigurosa investigación.

El “empresario chino” en los campamentos

El misterio del empresario chino, según la investigación El citado informe también revela la presencia recurrente de un “empresario chino”, identificado como Xi Xin Xang, en los campamentos y operaciones de las disidencias en Catatumbo, Caquetá y sur de Bolívar. Fotografías, tarjetas de presentación y conversaciones mencionan su rol en la gestión de compras de armamento e inversiones. La investigación muestra fotos del supuesto inversionista identificado como Xi Xin Xang, cuya presencia habría sido registrada en campamentos del EMC. Según los documentos, estaría involucrado en compra de armamento y minería ilegal.

El operativo de Anorí y la liberación de Calarcá

Los dispositivos provienen de un retén realizado el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia). Alias Calarcá fue capturado, pero posteriormente liberado por decisión de la Fiscalía al considerarlo gestor de paz. Los equipos quedaron en poder del ente acusador.

El silencio de los implicados

Según Noticias Caracol, el general Huertas, Wílmer Mejía y la vicepresidenta Francia Márquez no respondieron a las preguntas del medio. La Presidencia indicó que haría “las consultas pertinentes”.

Un escándalo que reconfigura el tablero político

Más allá del contenido de los archivos, el impacto político ya está en marcha.
El caso plantea interrogantes de alto calibre:

• ¿Qué verificará la Fiscalía ante el material filtrado?
• ¿Cómo responderá el Gobierno ante las acusaciones y presiones internacionales?
• ¿Se afectará la continuidad del cuestionado proyecto de paz total?

Mientras tanto, la investigación de Noticias Caracol continúa ampliándose, los sectores políticos siguen reaccionando y el país observa un episodio que podría redefinir el clima institucional en los meses finales del actual gobierno.

Las fuentes dentro de las disidencias habrían confirmado la autenticidad del material

Noticias Caracol afirmó que la veracidad de los documentos fue corroborada con integrantes del Estado Mayor Central (EMC) que solicitaron reserva. Uno de ellos aseguró la existencia de un vínculo directo entre líderes disidentes y los dos funcionarios mencionados, quienes supuestamente habrían impulsado la creación de empresas de seguridad fachada.

Esta filtración de archivos reservados —correos, chats, fotografías y cartas— vuelve a colocar en el centro del debate nacional una pregunta incómoda que Colombia se ha hecho una y otra vez: ¿hasta qué punto se han infiltrado las estructuras ilegales en el Estado? La investigación no solo revela comunicaciones que, de ser auténticas, comprometen a mandos militares e integrantes de inteligencia; también reactiva la discusión sobre la fragilidad de los controles institucionales y la vulnerabilidad de la instituiconalidad misma, en pos de un proceso de paz total, que tiene fracturas desde su lanzamiento.

El impacto político del escándalo a penas comienza y algunos mencionados no dan aún respuestas convincentes.