Por Lola Portela
En un nuevo episodio que ha generado conmoción y rechazo, la Defensoría del Pueblo confirmó que seis menonres de edad murieron durante un bombardeo militar en el departamento del Guaviare, en una operación ordenada por el presidente Gustavo Petro contra estructuras de las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco. Además, según el organismo, se recuperaron cuatro cuerpos más que aún no han sido identificados.
De acuerdo con la Defensora del Pueblo, Iris Marín, esos menores eran víctimas de reclutamiento forzado por parte del grupo armado ilegal. En su pronunciamiento, la entidad advierte que el simple hecho de que estos niños hubieran sido coaccionados para integrarse al grupo armado y de que desempeñaran funciones de combate, no justifica que sean considerados como blancos legítimos de ataque militar. Sin embargo, no se puede negar que en medio de un ataque con niños vestidos y actuando como guerrilleros es muy complejo diferenciar.
La Defensoría recuerda que, bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH), los menores reclutados tienen una protección reforzada. La institución exige a las Fuerzas Militares que “adopten todas las precauciones factibles para proteger” a esos niños y adolescentes, incluso cuando han sido forzados a participar en hostilidades. Se deben seguir principios como humanidad, proporcionalidad, precaución, necesidad militar estrictamente limitada y el interés superior de la niñez.
Según la Defensoría, la responsabilidad original de la situación recae en los grupos armados que reclutan a menores. “El reclutamiento de toda persona menor de 18 años es un crimen de guerra”, insistió la institución. Al mismo tiempo, llamó la atención sobre el uso de los niños como “escudos humanos”: su presencia en los campamentos no puede convertirse en una justificación para ataques militares indiscriminados.
Por su parte, el presidente Petro expresó pesar por las muertes: “Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad”, dijo en sus redes, asegurando que la orden del bombardeo estuvo motivada por la necesidad de prevenir una emboscada a soldados que operaban en la zona. Según el mandatario, la operación buscaba frenar el avance de la estructura de Mordisco que, según el gobierno, representaba un riesgo directo para las tropas.
Desde el Ministerio de Defensa, el ministro Pedro Arnulfo Sánchez intentó justificar la acción afirmando que quienes participan en hostilidades pierden protección, sin importar su edad: “Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna; recordemos que lo que mata no es la edad, es el arma en sí”, dijo.
Frente a estas declaraciones, la Defensoría se pronunció duramente. En su comunicado, la institución afirma que no es suficiente reducir el análisis a “un debate meramente técnico sobre el DIH”. Denunció que la muerte de los menores evidencia el “lugar degradado” de los principios de humanidad, dignidad y precaución en el conflicto.
Este hecho reabre un profundo debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte del Estado, la responsabilidad de proteger a los más vulnerables en zonas de conflicto y la urgente necesidad de reforzar mecanismos de prevención del reclutamiento infantil.
Contexto adicional y social (incluyendo redes y análisis):
- Situación histórica del reclutamiento infantil:
El reclutamiento forzado de menores por grupos armados en Colombia no es algo nuevo. Según informes recientes, la Defensoría ha reportado cientos de casos cada año. Esto demuestra que la vinculación de niños al conflicto es un problema estructural, más allá de una operación militar puntual. - Reacciones en redes sociales:
Aunque los medios más confiables señalan los hechos con precaución, en redes sociales ya circulan voces de indignación. Algunos usuarios acusan al gobierno de doble estándar: criticar operaciones militares en tiempos pasados cuando otros mandatarios las ordenaban, pero justificar ahora acciones similares. “La Defensoría del Pueblo confirma 6 niños asesinados por el gobierno Petro … ¿Dónde están las protestas de #nosestanmatando?” publicó un usuario en redes.
Otros defienden la operación, argumentando que el riesgo para los militares era inminente; sin embargo, estas líneas de debate aún reflejan la polarización social sobre la estrategia militar del gobierno. - Llamado internacional y legal:
La muerte de menores reclutados en un bombardeo armado con orden presidencial podría tener implicaciones bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Organismos de derechos humanos y expertos señalarán muy de cerca si hubo violaciones al principio de distinción (entre combatientes y no combatientes), proporcionalidad y precaución. Ya la Defensoría advierte que estos principios “establecen límites estrictos incluso en el marco de las hostilidades”. Además, el reclutamiento de menores es considerado crimen de guerra, lo que añade gravedad al caso. - Impacto local:
En Guaviare, una región selvática con históricas vulnerabilidades frente al conflicto armado, las comunidades podrían volver a sentirse atrapadas: por un lado, la violencia de las disidencias; por el otro, el riesgo que implican las operaciones militares. La muerte de menores reclutados refuerza la percepción de que los más vulnerables pagan el precio más alto.
Los niños de Colombia corren en muchas regiones el peligro de ser reclutados, para ser usados como escudo humano, por las guerrillas que operan en el país.
