Corte Suprema investiga el origen de los fondos con los que el ministro del Interior estaría pagando una lujosa vivienda en uno de los conjuntos más exclusivos del país.
Por Lola Portela
Una imponente residencia en el exclusivo condominio Lagos de Caujaral, entre Barranquilla y Puerto Colombia, ha desatado una nueva controversia alrededor del ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti. El inmueble, recientemente allanado por orden de la Corte Suprema de Justicia, se ha convertido en pieza clave dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
No aparece en sus registros patrimoniales
Según documentos oficiales revisados, la mansión no figura en la declaración de bienes del ministro ni de su esposa, Adelina Guerrero Covo. En su declaración de renta de 2025, Benedetti reportó un patrimonio bruto de 3.000 millones de pesos (unos 735.000 dólares) y una deuda de 1.000 millones, sin mencionar la propiedad en Lagos de Caujaral.
Las viviendas en este condominio, considerado uno de los más exclusivos de la Costa Caribe, alcanzan precios que oscilan entre 2.500 y 15.000 millones de pesos. De ahí que el valor de la propiedad y su ausencia en los registros fiscales hayan despertado la atención de los investigadores.
“Esa mansión se la está pagando alguien, no sabemos a cambio de qué, o él la está pagando con un dinero que no sabemos de dónde salió”, señaló Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia, en entrevista con La FM.
Un rastro que conduce a Alex Saab
El historial del inmueble revela un vínculo con Alex Saab, el empresario colombo-venezolano señalado como testaferro del régimen de Nicolás Maduro. La residencia estuvo a nombre de Saab antes de ser entregada en 2011 al banco Scotiabank Colpatria como dación en pago por una deuda de 2.000 millones de pesos —hoy equivalente a más de 3.800 millones ajustados por inflación—.
Posteriormente, Ricardo Leyva Páez, empresario de espectáculos y representante de Ave Fénix Entretenimiento S.A.S., habría tomado posesión de la vivienda. Investigaciones periodísticas de Daniel Coronell apuntan a que Leyva cedió el contrato de leasing y la opción de compra a Benedetti, aunque no se halló registros notariales que confirmen este movimiento.
Un esquema financiero bajo sospecha
El inmueble estaría vinculado a un contrato de leasing habitacional, figura que permite habitar una propiedad pagando cuotas mensuales con opción de compra. Según fuentes citadas por El Colombiano, el ministro pagaría más de 20 millones de pesos mensuales por este concepto, cifra que contrasta con su salario oficial, cercano a $34.775.818, salario promedio de un ministro en Colombia.
Se calcula que el valor real de la mansión podría superar los 12.000 millones de pesos, por su ubicación, tamaño y diseño arquitectónico. La diferencia entre los ingresos declarados por Benedetti y el valor del inmueble es uno de los puntos centrales de la investigación judicial.
Antecedentes de otras propiedades
Esta no es la primera vez que un bien vinculado al ministro genera controversia. En 2021, El Tiempo reveló la compra de una vivienda en Pradomar, Puerto Colombia, registrada a nombre de su esposa. Aunque en la escritura se reportó un valor de 1.500 millones de pesos, el anterior propietario afirmó haberla vendido por 3.600 millones.
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia adelanta cruces entre escrituras, declaraciones de renta y movimientos bancarios para determinar si existe enriquecimiento injustificado en el patrimonio del ministro Armando Benedetti y su entorno familiar.
Lagos de Caujaral: símbolo del poder y la exclusividad
El condominio Lagos de Caujaral es un enclave de lujo. Con campo de golf de 18 hoyos, piscinas privadas, canchas de tenis y restaurantes gourmet, el complejo residencial —desarrollado por el urbanista Karl Parrish— es considerado uno de los más exclusivos del país. Su acceso está reservado a empresarios, políticos y figuras del alto poder económico.
Allanamiento y tensiones políticas
El allanamiento ordenado por la magistrada Cristina Lombana avivó la tensión entre el ministro y la Corte Suprema. Benedetti acusó a Lombana de “acoso judicial” y de tener un interés personal en vincularlo con delitos financieros.
Su esposa, Adelina Guerrero, denunció en su cuenta de X (antes Twitter) haber sufrido maltrato y abuso de autoridad durante la diligencia. “Me quitaron el celular y me prohibieron hablar”, afirmó.
El ministro sostiene que todo hace parte de un “montaje judicial” en su contra y que más de 50 de sus familiares están siendo investigados. “Están tratando de construir un caso mediático”, dijo.
Contratos públicos en la mira
El nombre de Ricardo Leyva Páez, mencionado como intermediario en la operación de la mansión, también aparece en un contrato de 7.900 millones de pesos con RTVC, la radio y televisión pública de Colombia, para la organización de un evento cultural en Santa Marta.
De acuerdo con El Tiempo, la empresa de Leyva, Ave Fénix Entretenimiento S.A.S., nunca había suscrito contratos con el Gobierno Nacional antes de esa adjudicación.
Aunque no existen vínculos formales entre Leyva y la propiedad en Lagos de Caujaral, tanto Daniel Coronell como Enciso coinciden en que su papel podría haber sido clave en la adquisición del inmueble que hoy mantiene bajo investigación al ministro del Interior.
El ministro Benedetti, en medio del allanamiento a su propiedad insultó a la magistrada Cristina Lombana, en sus red X. Sin embargo, la agresión verbal del ministro del Interior contra la magistrada Cristina Lombana no paró allí, porque tras una diligencia de allanamiento ordenada por la Corte Suprema, el Benedetti se despachó en una entrevista radial.
Como quien dice al ministro de Interior Armando Benedetti lo volvió a traicionar su temperamento. Y en plena entrevista al aire arremetió sin filtros contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, a quien llamó “loca hijueputa”, sin que ningún interlocutor le reclamara respeto ni intentara frenar su diatriba contra una representante de una de las más altas dignidades de la justicia en Colombia.
El estallido verbal ocurrió luego de una diligencia de allanamiento en su mansión en Barranquilla, Atlántico. Un grupo de al menos treinta uniformados ingresó a la vivienda, donde se encontraba su esposa, Adelina Guerrero, para adelantar una inspección judicial.
Según la Corte, Benedetti “tiene actualmente varios procesos activos en la Sala de Instrucción de esta corporación”.
El allanamiento estaría relacionado con una investigación sobre un proyecto de ley tramitado hace una década, cuando Benedetti era senador. Dicho proyecto habría favorecido a una empresa dedicada a certificar la aptitud psicofísica de los vigilantes para el porte y tenencia de armas de fuego, y el hoy ministro habría recibido como contraprestación una lujosa mansión.
Detrás de esta nueva indagación estaría, precisamente, la magistrada Cristina Lombana, quien desde hace siete años encabeza varios procesos contra Benedetti por presuntos hechos de corrupción. Al enterarse, a través de su esposa, de que la diligencia de allanamiento estaba siendo dirigida por la misma magistrada, el ministro perdió el control. En un arranque de ira, la insultó públicamente, tildándola de “loca”, “demente” y “delincuente”. Sus palabras no solo revelaron un profundo irrespeto hacia la institucionalidad judicial, sino que desataron una ola de rechazo por la violencia verbal con la que suele reaccionar frente a las mujeres que lo cuestionan.
El alto tribunal, a través de un comunicado, rechazó “las descalificaciones personales y los ataques verbales del Ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia”.
En la etapa investigativa, agregó el alto tribunal, las decisiones sobre los avances de las indagaciones son adelantadas exclusiva y autónomamente por cada despacho, “no obstante, las decisiones de fondo que luego deban adoptarse sí han de ser pronunciadas por la Sala de Instrucción de manera colegiada”. Es decir, que por lo menos por este caso aún no habría cárcel para Benedetti por la etapa procesal que está en curso, pero sin duda un allanamiento representa un hecho sumamante relevante en la investigación contra el ministro.
El presidente Gustavo Petro salió a defender a su amigo y escudero: “Un allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia, producida por una magistrada de la Corte Suprema víctima de su propio odio”, dijo en redes sociales ampliando el ataque desde el poder Ejecutivo contra el poder Judicial.
