Vecinos alertaron a tiempo y evitaron una tragedia en el corazón de Boyacá. La volqueta con 24 explosivos había sido comprada y modificada días antes por miembros del ELN, según las autoridades.
Por Lola Portela
La madrugada que puso en vilo a Tunja
A las 5:00 a. m. del sábado 8 de noviembre de 2025, la calma habitual del barrio Prados de Alcalá, en el oriente de Tunja, se rompió por completo.
Una volqueta con placas JIB 594, de Santa Rosa de Viterbo, permanecía estacionada cerca del Batallón de Infantería N.º 1 Simón Bolívar. Los vecinos, alertados por movimientos inusuales en la madrugada, decidieron llamar a las autoridades. Esa llamada salvó vidas.
Minutos después, el Ejército y el escuadrón antiexplosivos confirmaron las sospechas: el vehículo estaba cargado con 24 artefactos explosivos tipo “tatucos”, listos para detonar.
Los explosivos tenían temporizador para una detonación simultánea, revelaron las autoridades.
La ruta del vehículo: de Sogamoso a Tunja
De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, la volqueta fue adquirida por los delincuentes el 24 de octubre en Sogamoso.
Días después, fue cargada con arena en Paipa —supuestamente para simular un transporte legal— y trasladada hasta Tunja.
Allí, en las inmediaciones de la antigua terminal de transportes, se habrían realizado las modificaciones para ocultar los explosivos.
Las cámaras de seguridad y peajes de Tuta y Paipa permitieron rastrear parte del recorrido del vehículo.
La operación de desactivación y el riesgo dentro del batallón
Durante las labores de desactivación, tres de los 24 artefactos explotaron accidentalmente, provocando un incendio que afectó un vehículo y varias estructuras dentro del batallón.
Afortunadamente, no hubo víctimas mortales, aunque se reportaron al menos cinco heridos leves entre militares y personal técnico.
El Ejército realizó explosiones controladas para neutralizar los dispositivos restantes, mientras evacuaban a más de 600 personas del sector por prevención.
¿Quiénes estarían detrás del atentado?
Las primeras investigaciones apuntan al Frente Adonay Ardila Pinilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), liderado por alias Poeta.
La Fuerza Pública atribuyó el atentado al frente Adonay Ardila Pinilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los investigadores, el patrón táctico observado corresponde a “un mecanismo que el Eln ha implementado en ataques recientes contra unidades militares en Arauca y Norte de Santander”. El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, tras un consejo de seguridad celebrado la tarde de ayer, ordenó incrementar la ofensiva operacional en la zona, bajo la coordinación de los mandos locales, con el propósito de contrarrestar las estructuras del Eln que operan en el departamento. Cubides señaló que los responsables de los recientes ataques serán “neutralizados y puestos a disposición de la justicia”.
El oficial ofreció hasta 500 millones de pesos por el cabecilla del grupo armado responsable del ataque. También se establecieron líneas de comunicación para aportar información que permita avanzar en la investigación y precisó que la Gobernación de Boyacá entregará 100 millones de pesos adicionales por los demás integrantes de la estructura, señalados como alias Diéser, alias Omaira o la Gata, alias Jesús Suárez o Malverde, alias Van Percy y alias Giraldo o el Zorro.
El Gobierno ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita su captura.
El ministro Sánchez también señaló que un cartel del narcotráfico podría estar involucrado, como parte de una estrategia de expansión hacia el centro del país.
Un ataque sin precedentes en Boyacá
Boyacá, considerada por años una de las regiones más seguras de Colombia, no había enfrentado un intento de atentado de esta magnitud en décadas.
El objetivo de atacar una unidad militar dentro de una capital departamental evidencia —según analistas de seguridad— un intento del ELN de demostrar presencia e intimidar al Estado en nuevas zonas.
El alcalde de Tunja, Mikhail Peña, declaró la ciudad en alerta máxima y pidió a los ciudadanos denunciar cualquier vehículo o actividad sospechosa.
Medidas posteriores y refuerzo de seguridad
Tras el incidente, el Gobierno nacional desplegó 180 policías adicionales y unidades de inteligencia militar en la región.
Se impusieron controles de acceso a la ciudad, restricciones de estacionamiento cerca de instalaciones oficiales y patrullajes aéreos con drones.
El Ejército mantiene acordonada el área del batallón hasta completar la desactivación total de los explosivos remanentes.
La comunidad, héroe silencioso
Las autoridades coincidieron en que el papel de los vecinos del barrio Prados de Alcalá fue crucial.
Su aviso oportuno permitió interceptar la volqueta antes de que los artefactos fueran detonados.
“Gracias a la comunidad, se evitó una tragedia mayor. Su valor y sentido cívico son ejemplo para el país”, declaró el ministro de Defensa.
El atentado frustrado en Tunja es una advertencia clara: el conflicto armado y las redes criminales buscan nuevas rutas y territorios.
Pero también dejó una lección: la coordinación entre ciudadanos, Policía y Ejército puede marcar la diferencia entre la vida y la tragedia.
