Por Lola Portela
Han pasado cuarenta años desde que el Palacio de Justicia, símbolo de la legalidad y el equilibrio de poderes en Colombia, ardió entre fuego y balas. Los días 6 y 7 de noviembre de 1985 quedaron grabados en la memoria colectiva como una de las tragedias más oscuras del país: un ataque armado, “una retoma” militar implacable, encaminada a recuperar la democracia, atacada desde la justicia, y un saldo de más de 100 muertos, 11 desaparecidos y decenas de heridos.
Pero detrás del humo y la sangre se ocultó una trama más profunda, en la que convergieron la guerrilla, el Estado y el narcotráfico. Documentos, testimonios y versiones posteriores han revelado que la operación del Movimiento 19 de Abril (M-19) habría contado con financiación de Pablo Escobar Gaviria, jefe del cartel de Medellín, quien buscaba eliminar los expedientes de extradición a Estados Unidos que reposaban en la Corte Suprema.
El asalto al corazón de la justicia
Eran las 11:35 de la mañana del 6 de noviembre cuando un comando armado de unos 35 guerrilleros del M-19, bajo el nombre de “Comando Iván Marino Ospina”, ingresó al Palacio de Justicia en el centro de Bogotá.
En cuestión de minutos tomaron como rehenes a cerca de 500 personas, entre magistrados, empleados judiciales, abogados y ciudadanos que acudían a diligencias.
El grupo insurgente exigía la presencia del presidente Belisario Betancur Cuartas para ser “juzgado políticamente” por el incumplimiento de los acuerdos de paz. Los delincuentes amenazaron que de no ceder asesinarían y lanzarian a la Plaza de Bolívar, uno a uno los magistrados seceutrados. Sin embargo, el Ejecutivo, en reunión con los ministros, optó por no negociar y ordenó una operación militar de recuperación del edificio.
El enfrentamiento se extendió por casi 28 horas. Tanques del Ejército irrumpieron en la edificación, los guerrilleros incendiaron la sala donde reposaban los documentos de extradición, y así terminó la Corte y el Palacio envuelto en llamas. Al final, el saldo fue devastador: 94 personas muertas (entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema), 11 desaparecidos, más de 40 militares y policías heridos, y la destrucción total del edificio.
El dinero de la mafia: la sombra de Pablo Escobar
Aunque el M-19 declaró públicamente que la toma era un acto político, versiones recogidas por la Fiscalía, la Comisión de la Verdad y varios investigadores apuntan a que detrás del ataque hubo financiación del cartel de Medellín.
Según testimonios de desmovilizados del M-19 y de antiguos miembros del cartel, Pablo Escobar habría entregado una fuerte suma de dinero al movimiento terrorista para que en la operación se destruyeran los expedientes judiciales de extradición que comprometían a los capos de la droga.
El periodista Alfredo Serrano, en su investigación El fuego y las sombras, señala que meses antes del ataque se habrían realizado reuniones entre Escobar, Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina, máximos líderes del M-19. En dichos encuentros se habría discutido una alianza político-militar con un objetivo común: impedir la extradición y “tomarse el poder” en Colombia.
Aunque Iván Marino Ospina murió en 1985, poco antes de la toma, la operación se ejecutó bajo su nombre, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque fue concebido con la venia de la mafia y el M-19 como brazo armado del plan.
El fuego que consumió la justicia
El fuego iniciado en los pisos superiores destruyó miles de archivos, incluidos —según la Fiscalía de la época— documentos clave de procesos de extradición y casos de narcotráfico.
El presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, pidió varias veces un alto al fuego por radio, pero su solicitud fue ignorada. Minutos después, murió en el interior del edificio.
Las víctimas se dividieron entre funcionarios judiciales (43), civiles (26), guerrilleros (35) y 11 desaparecidos, en su mayoría empleados de la cafetería y visitantes ocasionales.
Del lado estatal, se registraron 11 militares y policías muertos y más de 40 heridos.
Tras el operativo, 27 personas fueron detenidas como sospechosas de colaborar con el M-19, pero la mayoría fue liberada por falta de pruebas. En los años siguientes, varios oficiales del Ejército —entre ellos el coronel Alfonso Plazas Vega— fueron procesados y condenados por la desaparición forzada de civiles, aunque algunos fueron posteriormente absueltos o beneficiados con fallos judiciales favorables.
Indultos y condenas: dos caras de la justicia
Paradójicamente, mientras los militares enfrentaron largos procesos judiciales, los miembros del M-19 fueron amnistiados e indultados en 1990 como parte de los acuerdos de paz con el gobierno de Virgilio Barco.
Entre ellos se encontraban varios que participaron directamente en la toma o en su planeación. Algunos excomandantes del movimiento ocuparon posteriormente cargos públicos, defendiendo el perdón como una necesidad para la reconciliación nacional. Cabe anotar que es muy complicado hablar de perdón, sin arrepentimiento y reconociento de la verdad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, condenó al Estado colombiano en 2014 por las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante la retoma, al considerar que se usó fuerza desproporcionada y se violaron los derechos de los rehenes sobrevivientes.
Democracia herida y verdad inconclusa
La Toma del Palacio de Justicia marcó un punto de inflexión en la historia colombiana.
Por un lado, demostró la vulnerabilidad del Estado frente a la “violencia política”; por otro, evidenció la penetración del narcotráfico en las estructuras insurgentes y judiciales.
La democracia sobrevivió, pero a un costo enorme: la pérdida de la independencia judicial, la impunidad de los autores intelectuales y el castigo desigual entre actores del mismo conflicto.
El nuevo Palacio, reconstruido en el mismo lugar donde ardió el antiguo, se levanta hoy como un símbolo de la resistencia institucional. Pero bajo sus cimientos siguen pesando los ecos de una verdad incompleta.
“El Palacio fue la tumba de la justicia y el punto donde la mafia, la guerrilla y el Estado se encontraron en la oscuridad”, resume el historiador Germán Castro Caicedo en su obra Colombia amarga.
Cuarenta años después, el país entiende que quien atacó la justicia misma y la estabiliad de la democracia fue el M-19, ya no cabe duda que fue un plan entre Pablo Escobar y el M-19. Así mismo, el grupo guerrillero tenía la tarea de desaparecer los expedientes de los extraditables y por eso llegaron hasta donde estaban los documentos y prendieron fuego.
Álvaro Uribe, recientemente, anunció una propuesta para que los militares que participaron en la recuperación del Palacio de Justicia sean absueltos. El expresidente sostuvo que el Centro Democrático será el encargado de impulsar la iniciativa en el Congreso de la República.
Y, en ese contexto, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal atendió de inmediato la solicitud: “Presidente Álvaro Uribe Vélez, cuente con mi concurso activo, en esta iniciativa legislativa por el honor de nuestra Fuerza Pública, muchos de ellos perseguidos y encarcelados injustamente. El M19 es victimario, no víctima”.
Los militares y las víctimas pagaron el precio final de aquella alianza entre terroristas y el narcotráfico.
