Por Lola Portela
La renuncia aceptada del Luis Eduardo Llinás Chica como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y su relevo por Jorge Arturo Lemus Montañez, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), hombre de confianza del presidente Gustavo Petro, y quien también fue miembro del grupo guerrillero M-19, se produce de manera alarmante en plena crisis de credibilidad institucional.
El decreto 1118 de 2025 formalizó el cambio el 24 de octubre, justo cuando el Gobierno colombiano se encuentra marcado por una sanción estadounidense —la inclusión del presidente Petro, la primera dama y otros allegados en la llamada “Lista Clinton” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La salida de Luis Eduardo Llinás ocurre además en un contexto en el que la UIAF había sido suspendida temporalmente de la red de inteligencia financiera internacional Grupo Egmont, tras la revelación de información confidencial sobre el software espía Pegasus.
Contrario a una simple reorganización técnica, este movimiento —coincidente con sanciones exteriores, el relevo de dos entidades clave (UIAF y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN) y el ascenso de un colaborador cercano al presidente— alza una bandera roja sobre la independencia de los mecanismos de inteligencia financiera del país.
Mientras tanto, la UIAF emitió un comunicado rechazando la decisión de Estados Unidos, calificada como “violatoria del debido proceso”, y enfatizó que no existían reportes de operaciones sospechosas o requerimientos formales contra el círculo del mandatario. i
Sin embargo, queda por dilucidar si la salida de Llinás responde únicamente a deficiencias técnicas o constituye parte de una estrategia política más amplia para reconfigurar —y quizá controlarlo— el aparato nacional de inteligencia financiera en un contexto de tensión internacional.
