El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, reveló el proyecto desde Shanghái. La MOE advierte sobre el complejo proceso que debe superar la iniciativa, mientras la oposición califica la propuesta como un intento de “golpe de Estado disfrazado de legalidad”.
Por Lola Portela
Este jueves 23 de octubre, el gobierno del presidente Gustavo Petro presentó el borrador de un proyecto de ley que busca convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de reformar la Constitución de 1991. Según el Ejecutivo, la iniciativa responde a lo que el propio mandatario ha denominado un “bloqueo institucional” que, a su juicio, impide avanzar en las reformas sociales de su gobierno.
El documento, dado a conocer por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, desde Shanghái (China), propone que la Asamblea esté integrada por 71 delegados, distribuidos de forma equitativa entre hombres y mujeres, quienes sesionarían durante tres meses. Esta instancia tendría la potestad de modificar en su totalidad la Carta Magna y otorgaría facultades extraordinarias al presidente por seis meses para expedir decretos con fuerza de ley relacionados con el proceso.
El texto también plantea que el Congreso no sea disuelto, aunque sus facultades para reformar la Constitución quedarían suspendidas durante el tiempo que funcione la Asamblea.
Sin embargo, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que la convocatoria enfrenta un procedimiento jurídico complejo. Según su informe, tanto el Senado como la Cámara de Representantes deben aprobar una ley que permita consultar a la ciudadanía sobre la creación de la Asamblea. Tras su aprobación, el texto debe pasar por sanción presidencial y revisión de la Corte Constitucional.
Solo si la Corte da luz verde, el presidente podrá convocar a una consulta popular en la que los ciudadanos deberán responder “Sí” o “No” a la propuesta. La MOE subraya que la convocatoria solo será válida si al menos una tercera parte del censo electoral vota afirmativamente, lo que equivale a más de 12,9 millones de votos por el “Sí”.
De aprobarse, la elección de los delegados se realizaría entre dos y seis meses después, y durante ese periodo la Asamblea tendría la responsabilidad de debatir y aprobar los temas establecidos en la convocatoria. También podría someter el nuevo texto constitucional a referendo ciudadano.
El ministro Montealegre afirmó que el proyecto es “el punto de partida para construir las bases de la transformación que requiere Colombia” y subrayó la importancia del debate democrático: “A través de la confrontación de argumentos, y no de la violencia, pensaremos un nuevo país”.
No obstante, la propuesta generó fuertes reacciones en la oposición. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal rechazó de manera tajante la iniciativa y acusó al presidente de intentar manipular a la opinión pública:
“Petro, acorralado por los escándalos, la corrupción en su gobierno y los señalamientos por vínculos con el narcotráfico, ahora pretende engañar a los colombianos con una Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente no soluciona ningún problema real del país, ¡pero sí abre la puerta a un golpe de Estado disfrazado de legalidad! Le diremos NO en el Congreso de la República. Aquí no hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar a Petro.”
La convocatoria a una Asamblea Constituyente fue mencionada por primera vez por el mandatario en marzo de 2024, durante un evento en Cali, y se perfila como uno de los ejes más controvertidos de su agenda política. Cabe recordar que Gustavo Petro, como candidato, se comprometió a varios puntos, entre ellos no convocar a una Constituyente y todo se quedó en meras palabras.
