Por Lola Portela
El Congreso de la República aprobó el presupuesto general de la Nación para el año 2026 por un monto total de $546,9 billones, cifra que incluye $16,3 billones provenientes de la más reciente reforma tributaria.
Tras intensas negociaciones en las comisiones económicas, el proyecto original —que ascendía a $557 billones— fue ajustado con un recorte de $10 billones, en medio de debates que reflejaron profundas divisiones políticas.
La plenaria del Senado avaló el texto ya respaldado por la Cámara de Representantes, a pesar de la fuerte oposición liderada por el Centro Democrático y sectores del Partido Verde, quienes manifestaron preocupación por las reducciones en áreas sensibles como deporte, agricultura y la Defensoría del Pueblo.
Para el próximo año, el gasto público se distribuirá de la siguiente manera: $358,1 billones para funcionamiento, $100 billones para el servicio de la deuda y $88,4 billones para inversión.
Los ministerios con mayor asignación presupuestal son:
- Educación: $88,2 billones
- Salud: $78,1 billones
- Defensa y Policía: $65,7 billones
- Trabajo: $52,5 billones
- Hacienda: $33,6 billones
Uno de los principales reparos provino de la senadora Angélica Lozano, quien alertó sobre lo que considera un exceso de optimismo en las estimaciones del Gobierno.
Según su intervención, el monto aprobado sigue siendo superior a lo que permitiría la realidad macroeconómica. Lozano llamó la atención sobre los 16 billones de pesos que aparecen dentro del ingreso estimado como resultado de una reforma tributaria que aún no ha sido presentada al Congreso.
Desde su perspectiva, la sustentación del PGN sobre bases inciertas compromete la estabilidad de la ejecución presupuestal.
“El presupuesto está condicionado a una ley que todavía no se ha presentado”, advirtió, lo que pone en entredicho el respaldo legal y financiero de los recursos previstos.
En un tono similar se expresó el senador Efraín Cepeda, quien cuestionó la inclusión de ingresos sin sustento normativo.
Afirmó que la plenaria del Senado está siendo convocada a votar un monto cuya financiación se basa en una iniciativa legislativa inexistente, lo cual implicaría autorizar recursos sin garantías jurídicas.
“Están poniendo al Congreso de la República a aprobar a ciegas 16 billones”, manifestó el congresista conservador.
Las críticas no se limitaron al capítulo de ingresos. El senador Richard Fuelantala focalizó su intervención en el incremento del endeudamiento durante la actual administración, asegurando que la deuda pública pasó de 800 a 1.100 billones de pesos.
Con base en esos datos, estimó que cada colombiano ha incrementado su nivel de endeudamiento individual en aproximadamente 5,8 millones de pesos desde el inicio del actual mandato presidencial.
Este señalamiento introdujo una discusión sobre el manejo fiscal en términos de sostenibilidad y capacidad futura de pago.
El tratamiento sectorial de los recursos también suscitó alertas. El senador Esteban Quintero llamó la atención sobre lo que consideró una desfinanciación estructural en el Ministerio del Deporte.
Mencionó que programas como los Juegos Intercolegiados recibirían solo 24.000 millones de pesos, suma que consideró insuficiente para garantizar su continuidad y alcance territorial.
Según Quintero, la baja asignación pondría en riesgo el apoyo institucional a los entes deportivos locales y la ejecución de eventos de promoción de la actividad física a nivel nacional.
El congresista Miguel Polo Polo fue uno de los tres parlamentarios que votaron en contra del informe de ponencia.
En su explicación de voto, planteó tres argumentos centrales: el primero, que el presupuesto aprobado depende de una nueva ley de financiamiento, lo que a su juicio introduce incertidumbre sobre el monto real que será ejecutado.
El segundo, que se trata de un PGN que califica como insostenible, argumentando que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) habría sobrestimado el recaudo y que el déficit fiscal podría superar los 30 billones de pesos.
Además, citó alertas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre un eventual sobredimensionamiento de las proyecciones de crecimiento económico.
Finalmente, reprochó los recortes presupuestales en sectores como educación, vivienda y deporte, cuya inversión, en su criterio, debería ser prioritaria.
Fuera del ámbito legislativo, también se produjeron comentarios desde centros de pensamiento. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, manifestó sus preocupaciones durante su participación en el XII Congreso de Asofiduciarias.
Según Mejía, existe el riesgo de que el Gobierno opte por expedir el presupuesto por decreto en caso de no lograrse consenso en el Congreso.
Esta posibilidad, advirtió, podría acentuar el déficit fiscal, al tiempo que incrementaría el gasto público sin el respaldo legal y económico adecuado. Sus declaraciones se suman a las voces que han llamado a revisar la estructura del PGN con base en las capacidades reales de generación de ingresos.
El texto aprobado ahora pasará a revisión jurídica antes de ser sancionado por el presidente Gustavo Petro. Mientras tanto, persisten las voces críticas que advierten sobre el impacto de los recortes en sectores estratégicos para la estabilidad social y económica del país.
