Lola Portela
La reciente decisión del presidente Gustavo Petro de destinar oro incautado a narcotraficantes para financiar atención médica a niños heridos en Gaza ha generado una nueva polémica en el escenario político colombiano.
El anuncio fue realizado a través de la red social X, donde el mandatario explicó que ordenó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) transferir dichos recursos con el objetivo de atender la emergencia humanitaria causada por el conflicto armado entre Israel y Hamás. Petro también reiteró su propuesta de crear, bajo el respaldo de Naciones Unidas, un “Ejército mundial” enfocado en la reconstrucción del territorio palestino.
“Ordené que la Sociedad de Activos Especiales envíe oro incautado a los narcotraficantes para la atención médica de los niños y niñas heridos”, expresó el presidente, al tiempo que hizo un llamado a la comunidad internacional para coordinar esfuerzos humanitarios en Gaza.
La medida fue anunciada poco después del cese al fuego entre Israel y Hamás, tras una escalada de violencia que dejó miles de víctimas y una infraestructura devastada, especialmente en zonas habitadas por menores. Organismos internacionales han alertado sobre la grave situación sanitaria en la región, señalando a la niñez como la población más afectada.
No obstante, la decisión de Petro fue duramente criticada por sectores de la oposición. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, calificó la medida como un “disparate” y anunció acciones legales. La precandidada presidencial precisó que esos recursos incautados deben utilizarse para atender las múltiples necesidades de los niños en Colombia, especialmente en regiones como La Guajira o el Chocó, donde la desnutrición y la falta de acceso a la salud son problemas persistentes.
“Mientras en Colombia la gente se muere por falta de un sistema de salud y medicamentos, Petro reparte el oro incautado para los niños de Gaza”, escribió Cabal en X. Además, señaló que demandará cualquier acto administrativo que busque desviar estos bienes del país.
La decisión de Petro desata un debate más amplio sobre la soberanía, por el uso de recursos públicos y las prioridades del Estado. Además se le critica que esta pidiendo dinero, con otra reforma Tributaria, por gastos internos y el mandatario tiene el objeto de desviación de ayuda en una acción con alcance internacional, y no pensado en las necesidades de Colombia.
Mientras la controversia se desarrolla, se espera claridad sobre si la orden presidencial se formalizará mediante acto administrativo, y si enfrentará una demanda ante los tribunales, como lo anticipó la precandidata María Fernanda Cabal. El caso se perfila como un nuevo foco de debate político y jurídico en Colombia, en un contexto donde chocan las urgencias internas con la agenda internacional que pretende del gobierno Petro.
