Juliana Guerrero, cercana al presidente Gustavo Petro, ha estado en el centro de una serie de cuestionamientos relacionados con el uso de recursos públicos y su ascenso en la administración nacional, como Viceministra en el Ministerio de la Igualdad.
Cabal destapa vuelos millonarios de Juliana Guerrero y cuestiona su designación
Una nueva investigación de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal revela que Juliana Guerrero usó aeronaves oficiales en al menos siete viajes que costaron más de 120 millones de pesos, incluyendo el vuelo en el que llevó a su hermana en un avión de 44 pasajeros que costó 34,7 millones.
Según la denuncia, Guerrero será designada Viceministra de la Juventud en el Ministerio de Igualdad, a pesar de no cumplir los requisitos legales exigidos. Cabal presentó la investigación bajo el hashtag #ElPoderGuerrero, anexando documentos que respaldan cada uno de los hallazgos.
La congresista señaló que la aeronave PNC-0242 (ATR) de la Policía Nacional, utilizada el 19 de junio de 2025 para llevar a Juliana Guerrero y a su hermana desde Bogotá hasta Valledupar, tuvo un costo de $34.726.028, lo que calificó como un uso desproporcionado de recursos públicos en un avión con capacidad para 44 pasajeros dispuesto únicamente para dos personas.
La investigación también advierte que Guerrero viajó en representación del Gobierno Nacional sin facultad para ello, puesto que el Manual de Funciones del Ministerio del Interior no contempla que funcionarios de esa cartera puedan actuar en nombre de la Presidencia.
De acuerdo con la bitácora de vuelos publicada por la revista Semana, Guerrero habría realizado siete desplazamientos en aeronaves oficiales, con un gasto que supera los 120 millones de pesos, lo que evidencia —según Cabal— un uso sistemático de recursos públicos sin justificación clara.
La senadora María Fernanda Cabal también cuestionó su inminente designación como Viceministra de la Juventud, señalando que Guerrero no cumple con los requisitos exigidos por la Resolución 178 del 10 de abril de 2024, que establece que el cargo debe estar ocupado por una persona con título profesional y posgrado, o con al menos 24 meses de experiencia en temas relacionados. Según su hoja de vida, Guerrero apenas obtuvo un título en contaduría recientemente y no cumple con la experiencia requerida.
“Estamos ante un nuevo capítulo del derroche y el clientelismo del Gobierno Petro. No solo se usan aeronaves oficiales como taxis privados, sino que se pretende imponer en cargos de alta responsabilidad a personas que no cumplen con la ley ni con la meritocracia”, afirmó Cabal.
Posibles sanciones por detrimento patrimonial
La Constitución Política de Colombia establece un marco claro para estos casos:
- El artículo 6 responsabiliza a los servidores públicos por infringir la Constitución, la ley o por extralimitar sus funciones.
- El artículo 90 indica que el Estado podrá repetir contra el funcionario que cause un daño patrimonial por dolo o culpa grave.
A nivel legal, la Ley 610 de 2000 regula los procesos de responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial al Estado. Según esta norma, tanto quien incurre en el gasto indebido como quien lo autoriza o facilita pueden ser investigados por la Contraloría. En caso de comprobarse un daño, el responsable debe reintegrar los dineros y puede enfrentar sanciones fiscales y disciplinarias.
Asimismo, la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) contempla sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Un debate abierto
El caso de Juliana Guerrero no solo plantea interrogantes sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos, sino también sobre la discrecionalidad presidencial en los nombramientos. La investigación presentada por María Fernanda Cabal abre la puerta a la intervención de los órganos de control, que deberán determinar si existió un detrimento patrimonial y, de ser así, establecer responsabilidades tanto para Guerrero como para los funcionarios que autorizaron los gastos.
