Por Lola Portela
A menos de un año de las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia, crecen las alertas sobre una posible injerencia de grupos criminales como el Clan del Golfo, el ELN, facciones disidentes de las FARC y las bandas de Medellín en la contienda electoral. Las denuncias no son nuevas, pero esta vez el riesgo parece más concreto y coordinado: voceros de estas organizaciones estarían buscando influir en los resultados a cambio de beneficios judiciales.
Mientras el Gobierno de Gustavo Petro insiste en avanzar con su política de “paz total”, voceros del crimen organizado ven, en las elecciones de 2026, una oportunidad clave para presionar acuerdos que hoy carecen de sustento jurídico. De hecho, sin un marco legal aprobado por el Congreso, las promesas de rebajas de penas y desmovilización no tienen garantía alguna. Y, según fuentes cercanas a las conversaciones, los cabecillas lo saben.
En el Valle de Aburrá (Itagüí, Antioquia), donde operan poderosas estructuras delincuenciales, el plan ya está en marcha: funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz estarían gestionando ante el INPEC la autorización para que jefes criminales salgan temporalmente de prisión se reúnan con sus bases sociales. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es la entidad colombiana encargada de la vigilancia, custodia y tratamiento de las personas privadas de la libertad, así como de la administración de los centros de reclusión. El pretexto es “hacer pedagogía” sobre los avances del proceso de paz. Sin embargo, las preocupaciones apuntan a que se trata, más bien, de una estrategia electoral encubierta.
Las fuentes aseguran que las bandas no sólo buscan ser escuchadas, sino asegurar una correlación política favorable en el Congreso para sacar adelante los beneficios prometidos por el Ejecutivo. Esto implicaría, directamente, el apoyo a candidatos del oficialismo o afines al proyecto del Pacto Histórico, con la intención de garantizar continuidad en el poder y viabilidad a sus demandas.
“El riesgo es real. Estos grupos no tienen legitimidad social, pero sí capacidad de constreñimiento, violencia y control territorial. Y si se les permite participar en esta fase del proceso sin un marco legal, lo que se generará es presión sobre las comunidades para votar según sus intereses”, advirtió Andrés Tobón, concejal de Medellín y exsecretario de Seguridad.
En medio de contexto es que los delegados del Gobierno Petro están haciendo gestiones para que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) autorice la salida por horas de los cabecillas, en medio de la campaña electoral que se avecina, para que puedan tener contacto con sus bases y la población civil en los barrios. “Pueden ser de dos a tres horas, pero que salgan”, contó una de las fuentes.
La historia reciente del país da motivos para preocuparse. En 2016, la entonces guerrilla de las FARC hizo pedagogía sobre el Acuerdo de Paz tras haber pactado con el Gobierno y contar con herramientas legales para hacerlo. Sin embargo, el proceso actual ni siquiera ha alcanzado una fase estructurada ni ha pasado por el Congreso. Por ello, permitir la participación activa de actores armados en la campaña electoral podría traducirse en una peligrosa interferencia de facto.
A esto se suma la polémica revelación del excanciller Álvaro Leyva, quien en audios conocidos por el diario El País de España habría denunciado el plan de un gran acuerdo nacional para garantizar gobernabilidad del actual gobierno; en el que planean la participación de “actores armados y no armados”. En una de las grabaciones, Leyva habla incluso del Clan del Golfo y del ELN como parte del proceso, advirtiendo que “el país va al despeñadero”.
Se puede concluir que Colombia enfrenta un escenario inédito y alarmante: mientras se aproximan unas elecciones clave, actores criminales podrían estar configurando una estrategia para participar indirectamente en la campaña, presionando por beneficios judiciales que aún no tienen asidero legal. Si el Estado no establece límites claros, ni asegura transparencia en este proceso, el país corre el riesgo de que los pactos de paz degeneren en pactos de poder. Las elecciones de 2026 no pueden convertirse en una plataforma para legitimar a quienes han sembrado el terror. La paz no puede nacer de la coacción.
