Por Lola Portela
El presidente Gustavo Petro deberá retractarse públicamente por afirmaciones que, según el Consejo de Estado, vulneraron derechos fundamentales de la familia de Gloria Lara de Echeverri, exfuncionaria asesinada en 1982. La decisión judicial le otorga un plazo de cinco días para ofrecer excusas públicas por sus declaraciones.
La medida responde a una acción de tutela interpuesta por Gloria Lucía y Luz María Echeverri Lara, hijas de la víctima, tras unas afirmaciones hechas por el mandatario el 13 de junio de 2023 en Estocolmo, Suecia, durante una conferencia en la Universidad Sueca de Defensa. En ese escenario, el presidente expresó: “Una señora llamada Gloria Lara, que al parecer la mató y la secuestró un familiar”, lo que generó indignación en la familia Lara Echeverri, quienes alegaron que se afectaron sus derechos al buen nombre y la honra.
El fallo, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 19 de junio, modificó parcialmente una sentencia previa de la Sección Tercera, que ya había concedido el amparo solicitado. Si bien ambas instancias coinciden en que las palabras del presidente fueron lesivas, el Consejo de Estado hizo una diferenciación entre dos partes del discurso.
La primera afirmación, en la que el presidente sugiere la posible responsabilidad de un familiar en el crimen, fue considerada particularmente grave por el alto tribunal. Según el fallo, esta declaración “no cumple con las exigencias de veracidad e imparcialidad ni con una justificación fáctica mínima”, y por tanto constituye una imputación infundada que compromete la reputación de las demandantes, al vincularlas sin motivo con el asesinato de su madre.
Por otro lado, el Consejo de Estado concluyó que la segunda parte del discurso —en la que Petro afirmó que las personas procesadas por el crimen eran inocentes y que sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura— no constituye una vulneración de los derechos fundamentales de las hijas de la víctima, dado que se basa en antecedentes y elementos fácticos que han sido debatidos públicamente.
Pese a ello, el tribunal ordenó al presidente retractarse de la acusación sin fundamento y ofrecer disculpas públicas, las cuales deberán publicarse en su cuenta oficial en X, en el portal web de la Presidencia, en el sitio del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), en el consulado de Colombia en Estocolmo y en las plataformas oficiales del Gobierno. Estas publicaciones deberán permanecer visibles por un periodo mínimo de tres meses.
El asesinato de Gloria Lara, quien fue secuestrada en mayo de 1982 y hallada muerta dos meses después, ha sido uno de los casos más emblemáticos en la historia reciente del país. Lara era funcionaria del Ministerio de Justicia y militante del Partido Conservador.
El secuestro sin retorno de Beatriz Lara de Echeverri
El 23 de junio de 1982, al finalizar su jornada laboral y mientras se dirigía a su residencia en el tradicional barrio Teusaquillo de Bogotá, Beatriz Lara de Echeverri fue interceptada por un grupo de hombres y mujeres armados. Junto a ella fue secuestrado su chofer temporal, quien reemplazaba al titular que se encontraba de vacaciones. Poco tiempo después, el conductor fue liberado en el norte de la ciudad, mientras que Lara fue trasladada en un jeep hacia un destino desconocido.
Inicialmente, se atribuyó el secuestro al grupo guerrillero M-19. Sin embargo, sus líderes, recluidos en la cárcel La Picota —entre ellos Iván Marino Ospina—, negaron cualquier implicación, argumentando que una acción de ese tipo era inconveniente en un momento en que se tramitaba una ley de amnistía y avanzaban los acercamientos hacia un diálogo nacional. Posteriormente, la autoría fue adjudicada a la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP), una agrupación ya desaparecida con supuestos vínculos con la antigua Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Según se reportó, los secuestradores exigían un rescate de tres millones de dólares.
Durante los meses de cautiverio de Lara de Echeverri, se llevaron a cabo manifestaciones públicas exigiendo su liberación. La única prueba de vida fue una fotografía en la que aparecía con signos visibles de desnutrición, sosteniendo un ejemplar reciente del periódico El Espectador y siendo apuntada por uno de sus captores con una subametralladora.
El 28 de noviembre de 1982, la tragedia llegó a su fin: Lara de Echeverri fue asesinada de un disparo en la nuca. Según versiones de la época, los secuestradores decidieron matarla al considerar que se había convertido en una carga por su debilitado estado de salud, agravado por la falta de alimentación, o debido a la supuesta demora de su familia en el pago del rescate. Otra versión sugiere que fue ejecutada porque habría reconocido el rostro de uno de sus captores.
Su cuerpo fue abandonado frente a la iglesia San Silvestre, en el barrio Bonanza, al noroccidente de Bogotá. Estaba envuelto en una bandera negra con las siglas ORP bordadas en hilo rojo, en un acto que selló una de las tragedias más dolorosas de la violencia política de la época.
