Por Lola Portela
El reciente anuncio sobre la decisión del Gobierno de suspender la regla fiscal, por tres años, ha generado fuertes inquietudes entre analistas económicos, gremios y centros de pensamiento. La medida, sería aprobada mediante la activación de una cláusula de escape, para permitirle al Gobierno de Gustavo Petro, un mayor margen de gasto y endeudamiento, sin los límites usuales que garantizan la sostenibilidad fiscal de largo plazo.
Esta suspensión podría llevar a Colombia a registrar en 2025 el segundo déficit fiscal más alto en más de un siglo, alcanzando un preocupante 7,4% del PIB, según proyecciones de Corficolombiana. El anuncio se conoce previo a la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), prevista para el 13 de junio.
La regla fiscal, concebida como un mecanismo para evitar el sobreendeudamiento del Estado, fue suspendida por última vez durante la pandemia del COVID-19 —una coyuntura sin precedentes—. En esta ocasión, no se presenta una emergencia comparable, lo que ha despertado críticas por parte de expertos y organismos independientes.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ya había advertido sobre la necesidad de recortar entre $40 y $75 billones del presupuesto 2025 para cumplir con las metas fiscales. La decisión del Ministerio de Hacienda, en cambio, apunta a flexibilizar el gasto en un entorno de ingresos sobreestimados y presiones fiscales crecientes.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana señaló que esta estrategia deteriora la credibilidad institucional y que el uso de Transacciones de Única Vez (TUV) en 2024, por -1,9% del PIB, generó dudas técnicas y simuló un cumplimiento de la regla que en realidad no se estaba alcanzando.
Otro foco de preocupación es la posible reacción de las calificadoras internacionales, que podrían interpretar la decisión como una señal de debilitamiento de la disciplina fiscal, lo que afectaría la calificación crediticia del país y elevaría los costos del endeudamiento externo.
El presidente de ANIF, José Ignacio López, fue enfático al afirmar que la política fiscal en Colombia “ha quedado como un barco sin ancla”, y advirtió que el déficit proyectado podría superar incluso los niveles observados durante la pandemia, en un contexto de menor recaudo tributario —hasta $30 billones por debajo de la meta oficial—.
Además del impacto en la deuda pública, el aumento del déficit fiscal podría encarecer las tasas de interés de los títulos TES, limitando el espacio fiscal para inversión social y aumentando la presión sobre las finanzas públicas.
En suma, la suspensión de la regla fiscal plantea un escenario de alta incertidumbre para la economía colombiana, con implicaciones directas sobre la estabilidad macroeconómica, la confianza inversionista y la reputación del país en los mercados internacionales. Sin un plan de ajuste claro, el mensaje que se envía es que el gasto prevalece sobre la sostenibilidad.
El gobierno Petro gasta más de lo que le ingresa; no busca iniciativas para incentivar el sector empresarial.
Cabe recordar que uno de los “grandes cambios” que propuso Gustavo Petro, desde campaña, fue la distribución de los recursos estales y la recaudación fiscal. Al llegar al poder, el primer proyecto que presentó junto con su equipo de trabajo fue la reforma tributaria. Y la Reforma Tributaria de 2022 tenía como objetivo inicial recaudar $25 billones de pesos en el primer año de implementación. Sin embargo, este monto fue ajustado a $21,5 billones para 2023. Se esperaba que la reforma generara un aumento del 1.2% del PIB para ayudar a reducir el déficit fiscal.
¿El dinero se esfumó? porque no se evidencia el objetivo que fue financiar programas socioeconómicos y de infraestructura. Por el contrario, la mayoría de los gobiernos departamentales están trabajando solos, sin ese gran músculo que han tenido desde el Gobierno, puntualmente desde Hacienda. Tampoco se ve el dinero en el fortalecimiento del sector salud, también lo debilitaron, al punto del caos total.
La propuesta de romper la regla fiscal es dejar al país endeudado y al gobierno siguiente con manos atadas, llevando además al pueblo el discurso que sin su injerencia Colombia no puede lograr “cambios”, y para eso, por supuesto que sí se requiere dinero, es parte de la campaña 2026: lo les alcanzó ni el dinero, ni el tiempo, para el cambio. Es sin duda una estrategia, en esta recta final del “gobierno Petrista”, que afectará el bolsillo de cada colombiano. Conlleva a mayor pobreza y dependencia estatal, hablando en términos no técnicos. Es un atajo al precipicio económico de Colombia.
