Por Lola Portela
Aunque venían corriendo rumores y amenazas de hacerlo desde hace días, no fue sino hasta el martes 3 de junio, en la noche, que el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno buscará hacer la Consulta Popular por decreto. El objetivo, según el oficialismo, es poder volver al texto original que presentaron en la reforma laboral, puesto que el nuevo no es del agrado del jefe de Estado. Como quien dice no valida, los cambios que se han dado, en el marco de los debates, propios de cualquier proyecto que llega al Congreso.
Ante el anuncio del Decreto, ocho partidos políticos se pronunciaron en contra de aquella medida: Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y ASI; los cuales también hicieron un llamado a las altas Cortes, órganos de control y autoridades electorales, para que “actúen con independencia y defiendan la Constitución”
Sus intenciones las dieron a conocer por medio de un comunicado que reza: “Petro ha anunciado su intención de firmar un decreto para convocar su consulta popular que ya fue rechazada por el Senado de la República. Esta decisión, de concretarse, representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho”.
Además, hicieron un llamado al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, para que vigile la situación y “haga cumplir las normas”.
“En caso de que se expida un decreto convocando una consulta popular, confiamos en que el señor registrador Nacional, en ejercicio de su autonomía e independencia funcional, actuará con pleno respeto por el orden constitucional y democrático, valorando cuidadosamente la legalidad y legitimidad de dicho acto antes de disponer la fijación de cualquier calendario electoral”, aseguran los partidos.
Agregaron que el registrador Hernán Penagos “debe verificar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos legales establecidos antes de tomar cualquier decisión” puesto que el rechazo a la consulta popular fue una decisión legítima desde el Legislativo. Los partidos aseguraron que, además, dejar que la consulta se haga por decreto violaría la autonomía del Congreso e irrespetaría lo “dispuesto por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que rechazó una demanda contra el archivo de la Consulta en el Senado”.
Para finalizar, los ocho partidos aseguraron que estarán disponibles para brindar apoyo a las instituciones, y esperan que ellas actúen “defendiendo la Constitución”.
Y en medio de esta tormenta política, ya hasta se habla de prevaricato, por parte del presidente Gustavo Petro. Una palabra nueva para la mayoría de los colombianos.
¿Qué es el prevaricato?
El prevaricato es un delito que se comete cuando un funcionario público dicta una resolución o dictamen que es manifiestamente contrario a la ley o que se basa en hechos falsos. En otras palabras, es el abuso de autoridad, por parte de un servidor público para tomar una decisión injusta o ilegal.
¿Puede un presidente ser acusado en Colombia por prevaricato?
Ante la relevancia del tema, Prensa Llanera consultó con un constitucionalista, que pidió reserva de su nombre, por protección, y su respuesta es:
“Sí, efectivamente un presidente de Colombia puede ser acusado de prevaricato. La acusación puede tramitarse exclusivamente por causas constitucionales, incluyendo el delito de prevaricato, que se comete al dictar resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos o judiciales, a sabiendas de que se incurre en acciones injustas o contrarias a la ley”
¿Cómo es ese proceso?
“El Senado juzga y, en ciertos casos, tiene competencia para condenar. La segunda etapa, de naturaleza propiamente penal, tiene lugar ante la Corte Suprema de Justicia”.
Cabe reiterar que “el delito de prevaricato, se configura cuando un servidor público dicta una resolución arbitraria, sabiendo que la misma es injusta o contraria a la ley”.
Y nos explica que “la persona que comete este delito puede ser condenada a prisión de 48 a 144 meses. La Corte Constitucional ha resaltado que la conducta sólo puede ser cometida por un sujeto activo cualificado”.
Proceso para juzgar a un presidente en Colombia:
- La acusación se tramita por causas constitucionales, como el prevaricato u otros delitos en ejercicio de sus funciones.
- El Senado juzga y, en algunos casos, puede condenar.
- La Corte Suprema de Justicia tiene competencia para juzgar en la etapa penal.
“Es muy importante resaltar que el prevaricato es un delito grave y más cometido por un presidente, y si puede ser sancionado con pena de prisión y multa, dependiendo de la gravedad del hecho. Además, el funcionario público que comete prevaricato puede ser destituido de su cargo”.
En resumen, “el prevaricato es un delito grave que atenta contra la legalidad, mejor dicho contraría lo constitucional y la justicia, misma. Es importante que los funcionarios públicos actúen con probidad y ética en el ejercicio de sus funciones”. Y enfatiza: “Colombia no puede alejarse de la realidad: el Presidente, cualquiera que sea, quien llega al poder, al posicionarse, jura, respetar la Carta Magna, no es sólo un acto, la Constitución es la ruta democrática del país, y nadie está por encima de ella.
Entonces, si el Presidente no respeta esa Constitución ¿qué sucede realmente?, disculpe lo reiterativa.
“Sencillo se estaría dando un autogolpe de Estado. Y es allí donde el país, las instituciones, los partidos, la sociedad misma, todos unidos deben reaccionar, porque el país estaría frente a un dictador, disfrazado de demócrata, que con certeza cambiará las normas, mejor dicho, la misma Constitución. Y, para ello, antes, deslegitima la justicia, las Fuerzas del orden. Es decir, el Ejército y la Policía del país, y trata de convencer al pueblo, porque dice darles la palabra, pero en realidad dará la estocada, a toda la nación. Es lo que nos narra la historia en muchos países.
Y concluye el constitucionalista: “Lo peligroso es que Colombia lo está viviendo, entonces muchos terminarán viviendo en la clandestinidad, como mi familia y yo, ahora, en mi caso por decir la verdad”.
