El exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, condenado a 45 años en la cárcel federal ADX Florence (Colorado), estaría revelando una red de vínculos entre políticos, empresarios, militares colombianos y el narcotráfico, como parte de su acuerdo de colaboración con la justicia de Estados Unidos.
Bajo estricta confidencialidad, Otoniel negocia beneficios judiciales, a través de un documento conocido como “profile”, en el que detalla los temas sobre los que está dispuesto a declarar. Entre ellos, figuran rutas de narcotráfico hacia EE. UU., estructuras de lavado de dinero, nexos con carteles mexicanos y el control del tráfico de migrantes por el Darién.
El excapo ya ha mencionado a figuras como Julio Enrique Acosta, exgobernador de Arauca, por presuntos vínculos con el paramilitarismo, y ha salpicado a partidos como el Comunista y la Unión Patriótica por supuestas conexiones con la farcpolítica. También ha ofrecido información sobre la colaboración entre la fuerza pública y grupos paramilitares. En la lista negra de Otoniel habría funcionarios de Casanare, que ya están bajo la lupa de EE. UU.
Uno de los temas que más interés genera en las autoridades estadounidenses es la identificación de empresarios y financieros involucrados en el lavado de activos. Además, su testimonio podría revelar cómo operaba la “nómina paralela” del Clan del Golfo en Colombia, con políticos, militares y redes de apoyo institucional.
Otoniel sigue así el camino de otros narcos como Chupeta, cuya cooperación con EE. UU. fue clave en el caso de Joaquín “el Chapo” Guzmán y le permitió reducir su condena. Sin embargo, para que el exjefe del Clan del Golfo acceda a beneficios, no bastará con declaraciones: debe entregar pruebas sólidas que permitan avanzar en procesos judiciales.
El excapo ha tomado la decisión de no colaborar con la Justicia colombiana. Su apuesta ya es con la Justicia norteamericana.
Está detenido en la prisión federal ADX Florence, en Colorado, considerada una de las más seguras del mundo. Su comunicación es difícil, pues solo tiene dos llamadas al mes, una con su equipo jurídico, y otra para comunicarse con su familia.
El alcance de su confesión podría sacudir los cimientos del poder político y militar en Colombia y abrir una nueva etapa en las investigaciones internacionales sobre narcotráfico, corrupción y migración ilegal, donde la organización criminal controla las rutas y cobra a quienes buscan llegar a Estados Unidos, por vía terrestre. Este tema ha sido prioritario para el gobierno estadounidense, particularmente durante la administración del presidente Donald Trump.
