Por Lola Portela
Un nuevo regalito que afecta la economía del país y el bolsillo de los colombianos. El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0572 de 2025, que introduce cambios importantes en las reglas de juego para las retenciones y autorretenciones en la fuente en Colombia.
Con el Decreto 0572 de 2025, el Gobierno Nacional oficializó un ajuste en las tarifas de retenciones y autorretención en la fuente que aplican las empresas sobre sus ingresos, con el objetivo de incrementar el recaudo tributario durante el presente año. Las nuevas tasas, que entrarán en vigencia el 1 de junio, oscilan entre el 1,20 % y el 4,5 %, dependiendo del tipo de actividad económica. En muchos casos esa renta grava la utilidad.
La modificación busca que el Estado reciba anticipadamente una parte del impuesto de renta que correspondería al año 2026. Según explicó el Ministerio de Hacienda, esto permitirá aliviar las presiones de caja que enfrenta el Gobierno en 2025, sin desconocer que ese anticipo implicará una reducción en los ingresos del próximo ejercicio fiscal.
El mecanismo de autorretención cumple una función legítima al facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y reducir los incentivos a la evasión, según se lee en la exposición de motivos del decreto, en donde también se argumenta que, “en algunas actividades, la relación entre la autorretención y el impuesto a cargo es inferior al 20%, lo que representa un costo de oportunidad para la administración tributaria”.
Para evitar distorsiones, el nuevo esquema agrupa actividades económicas con comportamientos fiscales similares, lo que, según la cartera, ayuda a mejorar tanto el cumplimiento por parte de los contribuyentes como los procesos de fiscalización de la DIAN. Además, en caso de que la nueva tarifa genere saldos a favor, las empresas podrán solicitar su devolución o compensación, tal como lo establece el Estatuto Tributario.
Pese a su objetivo de mejorar el flujo de recursos públicos en el corto plazo, la decisión ha generado múltiples críticas entre analistas fiscales, quienes alertan que esta estrategia podría generar un vacío presupuestal equivalente en el próximo ciclo fiscal.
En realidad esta medida afecta directamente el consumo, el ahorro y la inversión, pilares fundamentales para el crecimiento y la formalización de la economía. En la práctica, se trata de una reforma tributaria encubierta que traslada la carga a quienes cumplen, producen y generan ingresos.
Y es que con el decreto, el Gobierno podrá aplicar tarifas más altas de autorretención sobre diversas actividades económicas, desde el cultivo de café hasta la generación de energía y la minería.
Según explico el director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás, esta estrategia se basa en análisis de datos fiscales de 2023 y 2024, que permitieron identificar sectores cuya retención actual es inferior al impuesto que finalmente deben pagar.
Aunque el Gobierno considera que la medida fortalece la equidad y eficiencia del sistema, no todos los sectores comparten ese diagnóstico. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo alertó que esta decisión podría afectar al próximo gobierno. “No es una buena idea”, afirmó, al advertir sobre los riesgos fiscales de trasladar recursos de un año a otro en medio de una estructura tributaria con problemas de sostenibilidad.
¿Sobre quién recae la medida?
Según el decreto emitido, se ajusta la retención en la fuente en productos agrícolas, en compras de café pergamino o cereza y en compra de oro, este último quedó con una retención de 4,5 % al igual que la extracción del gas natural.
En el caso del transporte terrestre intermunicipal de pasajeros, por ejemplo, pasa de 1,1 al 3,5 por ciento, según el decreto. Y bien se sabe que afectará el bolsillo de los usuarios.
La medida indica que la autorretención a título del impuesto sobre la renta y complementarios se liquidará sobre cada pago o abono en cuenta realizado al contribuyente sujeto pasivo de este tributo.
Estas serían las tarifas para algunas de las actividades incluidas en el decreto:
El Consejo Gremial Nacional, que reúne a los principales gremios del sector productivo, advierte que la medida afectaría negativamente al tejido empresarial, pero también el bolsillo de varios profesionales, y de personas naturales, hasta del campesino que vende los plátanos al tendero.
El Gobierno se ha negado a recortar el gasto fiscal, o a “apretarse el cinturón”, por el contrario lo ha aumentado: 700 mil nuevos contratos de OPS. Y ahora resolvió adelantar la plata del 2026, para gastárselo en el 2025.
Con todo lo anterior, ya se preparan demandas, y el Consejo de Estado tendrá la última palabra, porque más que un “decreto”, es una reforma tributaria disfrazada, y que no pasó por el Congreso.
