Delegados del Gobierno y representantes del Frente 33 tuvieron una reunión extraordinaria en Cúcuta, para firmar el documento sobre Zona de Ubicación.
Conforme lo habíamos anunciado, ahora Colombia tendrá una nueva zona de distensión, el presidente Gustavo Petro firmó la resolución 161 del 23 de mayo de 2025 con la que se oficializa la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en la que se preagruparán los miembros del Frente 33 de la disidencia de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).
Y, según el documento, la ZUT se establecerá “por siete (7) meses, a partir de la vigencia de la presente resolución” en área rural del municipio de Tibú, aunque advierte que la delimitación geográfica de la misma se precisa en documento técnico “anexo de carácter reservado”.
Para el traslado de los miembros del Frente 33 hacia la ZUT y la adecuación de la zona, “se contará con un plazo inicial de cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir de la presente resolución”. Además, dice que se adelantarán todas las acciones en los niveles nacional, departamental, municipal y local necesarias.
El otro tema es que, tal como lo dice la Ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total, dentro de la ZUT “queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros del Frente 33″. Esto también aplica al transcurso del desplazamiento hacia la Zona de Ubicación, “previo listado entregado por los miembros representantes, que deberá ser aceptado y acreditado por el Consejero Comisionado de Paz”, se explica.
Según la resolución, que llega cinco días después de que se venciera el plazo del decreto donde se habló por primera vez de la ZUT, “las entidades de la rama ejecutiva, en sus distintos niveles, deberán concurrir en el desarrollo del objeto de la zona de ubicación temporal, de manera articulada, para atender los programas y proyectos que la intervención integral en la ZUT requiera, con garantías de dignidad y seguridad humana”.
Las tareas de estas entidades, así como el funcionamiento de la Zona de Ubicación Temporal, serán definidas en protocolos y acuerdos que deberán publicarse en los próximos días.
Sobre el tema de la seguridad para los miembros del Frente 33 que estarán en la zona, el Gobierno afirman que se adoptarán todas las medidas necesarias y eficaces para protegerlos, “así como garantizar la protección de los derechos de las comunidades, de conformidad con su mandato constitucional”, dice la resolución.
Sin embargo, agrega que las condiciones operativas de seguridad también se encuentran en un documento técnico “de caracter reservado”.
Así mismo, el resolución señala que, en todo momento, se mantendrá la presencia del Estado. “Las autoridades civiles continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción”, explica.
¿Qué pasará con las armas?
Según la resolución, la Zona de Ubicación Temporal tendrá varios compromisos y condiciones. El primero de ellos tiene que ver con lo que se denomina “disposición de las armas”.
El documento dice que se debe “fijar, mediante un acuerdo, las condiciones, responsabilidades y modalidades para la disposición del material de guerra del Frente 33 del Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte“.
Sin embargo, no hace mención a si habrá alguna mecanismo que reciba estas armas o haga el monitoreo y verificación de esta disposición.
La Ley 2272 de 2022, o Ley de Paz Total, se dice que el Gobierno debe “establecer el rol de las instancias nacionales e internacionales que participen en el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad de las organizaciones armadas al margen de la ley o de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”.
La Zona de Ubicación Temporal recuerda a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN)y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN) que se crearon tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. En esos lugares, los hombres de las FARC también ingresaron armados a las ZVTN, pues era justamente el paso previo para la dejación de armas, cuyo plazo máximo fue de 180 días.
Los otros compromisos y condiciones de la resolución
En total hay ocho requisitos y tareas plasmadas dentro de la resolución firmada por el presidente Petro. Además del tema de las armas, está elaborar y ejecutar un plan de acción para no abandonar el reclutamiento forzado de menores de edad. Puntualmente la resolución dice que ese plan debe ser para “la atención integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que garantice su no vinculación, separación y desvinculación de las actividades armadas.
El tercer punto es establecer garantías de seguridad jurídica de los miembros del Frente 33, “dentro del componente de justicia, orientadas a su protección y en su tránsito a un estado de ciudadanía plena”. Eso se suma a otro sobre la coordinación institucionales necesaria para ese tránsito de los miembros del Frente 33.
El quinto punto tiene que ver con el plan del Gobierno sobre las transformaciones territoriales para la paz. En este caso estarán encaminadas a la “sustitución de cultivos de uso ilícito y el aumento de la producción alimentaria”.
El sexto punto es que los miembros del Frente 33 deben “aportar en la elaboración del plan de búsqueda de personas dadas por desaparecidas” y realizar acciones para “satisfacer” los derechos de las víctimas; aunque no se precisa qué actividades.
Las disposiciones para el funcionamiento de la ZUT se regirán por las siguientes condiciones y compromisos:
1- Fijar, mediante un acuerdo, las condiciones, responsabilidades y modalidades para la disposición del material de guerra del frente 33 de las disidencias de las Farc
2- Elaborar y ejecutar un plan de acción para la atención integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que garantice su no vinculación, separación y desvinculación de las actividades armadas, la garantía efectiva y el restablecimiento – Establecer garantías de seguridad jurídica de los miembros del frente 33 de las disidencias de las Farc dentro del componente de justicia, orientadas a su protección y en su tránsito a un estado de ciudadanía plena en el marco del Estado Social de Derecho.
4- Implementar un plan de transformaciones territoriales para la paz que facilite y brinde garantías para la sustitución de las economías de uso ilícito y el aumento de la producción alimentaria.
5- Desarrollar el proceso de tránsito del frente 33 de las disidencias hacia un estado de ciudadanía plena, en compromiso con la construcción de la paz y el fortalecimiento de la soberanía.
6- Aportar en la elaboración del plan de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
7- Ejecutar acciones de satisfacción de los derechos de las víctimas.
8- Contribuir en programas de desminado humanitario o el que se acuerde, para proteger la vida de la población civil, de la Fuerza Pública y de los miembros del frente 33.
Fuentes cercanas al proceso confirmaron que el presidente Gustavo Petro deberá firmar otros dos decretos: el que extiende la suspensión de operaciones ofensivas por parte de la Fuerza Pública; y uno más que sería una novedad pues establecería una Región de Paz en Catatumbo. Sin embargo, ninguno de estos documentos ha sido expedido.
