Por Lola Portela
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que llevará ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una denuncia formal por el incumplimiento del Acuerdo de Paz, firmado con las extintas FARC en 2016. El mandatario afirmó que no es él como Presidente quien incumple, sino el Estado colombiano, que ha fallado en su compromiso ante la comunidad internacional y, especialmente, ante la humanidad.
“Iré al Consejo de Seguridad de (la Organización de las) Naciones Unidas (ONU) como jefe de Estado y plantearé la verdad: que el Estado de Colombia —no el presidente, jefe de Estado— incumplió el acuerdo de paz con las (extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) Farc e incumplió con la humanidad el compromiso que había hecho en el año 2016”. afirmó el presidente de Colombia.
El anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro este martes 22 de abril , durante el acto protocolario de la firma del Memorando de Entendimiento entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que sienta las bases para ejecutar proyectos restaurativos contemplados como sanciones en el modelo de justicia transicional.
Precisó, además, que en ese incumplimiento “hay miedo a la verdad. Pero no de nosotros, sino de los criminales que mataron al pueblo de Colombia. Por eso están fragmentando la verdad, y hay que decírselo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque se está incumpliendo el compromiso con la humanidad que el presidente (Juan Manuel) Santos hizo como jefe de Estado ante la ONU”.
El mandatario indicó que lo pactado en 2016 es “una declaración unilateral de Estado que nos compromete, más allá de la Constitución de Colombia, ante la humanidad; nos compromete ante una constitución de la humanidad”.
Ese compromiso, indicó el presidente Petro, “se elevó ante las Naciones Unidas en su instancia más eficaz y de mayor poder planetario, el Consejo de Seguridad, donde se sientan las potencias del mundo”, y se está incumpliendo en temas como la reforma agraria, la recuperación de territorios marginados y el fin de la violencia.
Recalcó que, en el caso de los asesinatos de los combatientes que se desmovilizaron: “¿Quiénes los matan? Las nuevas organizaciones narcotraficantes, cuyos jefes son albaneses, croatas, mexicanos, cuyo centro de control está en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, no en Bogotá”.
Estas mafias, añadió, “se han apropiado de instituciones de la Policía, de instituciones del Ejército; están metidas dentro del Congreso de la República, y nos infiltran incluso en este palacio, una y otra vez”.
Explicó: “Quiero tomarme unos días para saber en qué momento vamos a hablar directamente, como jefe de Estado, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, alrededor de la declaración unilateral de Estado por la cual la sociedad colombiana y su Estado se comprometieron ante la constitución de la humanidad, es decir, ante la humanidad, para que lo firmado en el año 2016 se vuelva realidad”, dijo el presidente..
Aunque reconoció que ha habido avances —que la canciller Laura Sarabia ha informado en la sede de la ONU—, enfatizó que aún “hay unos grandes agujeros oscuros que no nos permiten decir que el Estado de Colombia está cumpliendo con el acuerdo de paz firmado en el año 2016 y, por tanto, le está incumpliendo a la humanidad con la declaración unilateral de Estado”.
El acuerdo JEP–ARN
El acuerdo, suscrito en presencia del presidente Gustavo Petro, pone en marcha la subcuenta Acciones y Prácticas Comunitarias y Restaurativas – ARN del Fondo Colombia en Paz, a través de la cual se desarrollarán Iniciativas, Planes, Programas y Proyectos Restaurativos (IPPPR). Estos estarán dirigidos a reparar a las víctimas, dignificar a las comunidades afectadas por el conflicto armado y contribuir a la transformación de los territorios.
La subcuenta en el Fondo Colombia en Paz llamada ‘Acciones y Prácticas Comunitarias y Restaurativas-ARN’ tendrá un presupuesto inicial de $50 mil millones.
Estos recursos se destinarán, inicialmente, a los proyectos restaurativos del Caso 01 (secuestros) y del Subcaso Costa Caribe del Caso 03 (falsos positivos).
La ARN, con experiencia en programas de no repetición y reincorporación, liderará la implementación operativa de las iniciativas. Por su parte, la JEP garantizará el direccionamiento estratégico y el cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral de Paz.
Las líneas de intervención incluyen proyectos de memoria histórica y reparación simbólica, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, acciones educativas, iniciativas ambientales y medidas contra minas antipersonal, todas con enfoque étnico y diferencial.
La participación activa de las víctimas y los comparecientes será central en el diseño y ejecución de estas acciones.
El próximo 30 de abril se firmará el Acuerdo No. 001, que formaliza el compromiso del Gobierno Nacional de financiar la implementación de todas las sentencias emitidas por la JEP.
Estas acciones buscan garantizar seguridad jurídica, reconciliación, y la reparación simbólica y colectiva de las comunidades afectadas por el conflicto armado, afirma el Gobierno.
En el acto protocolario participaron el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga; el secretario ejecutivo, Harvey Danilo Suárez y la directora general de la ARN, Alejandra Miller. El ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, acompañaron al mandatario en este evento.
