Por Lola Portela
El presidente del Consejo de Estado, magistrado Luis Alberto Álvarez, se pronunció sobre la polémica generada por las alocuciones presidenciales del jefe de Estado, Gustavo Petro, advirtiendo que su uso debe estar sujeto a los límites establecidos por la Constitución.
Álvarez fue enfático al señalar que, si bien el presidente tiene el derecho de dirigirse a la ciudadanía, este debe hacerlo dentro del marco legal y sin vulnerar otros derechos fundamentales. “Las alocuciones presidenciales tienen límites. No pueden convertirse en instrumentos que afecten el acceso a la información o que sobrepasen el principio de neutralidad de los medios públicos”, afirmó.
El pronunciamiento del alto funcionario llega después de que el Consejo de Estado ordenara restringir la transmisión de los Consejos de Ministros liderados por Petro a los canales públicos nacionales, como Señal Colombia y Canal Institucional, prohibiendo su difusión a través de canales privados. La medida fue adoptada luego de que una ciudadana presentara una acción de tutela, argumentando que estas alocuciones interrumpían la programación habitual de todos los canales disponibles, impidiendo el acceso a una oferta informativa diversa.
Desde el Gobierno, el presidente Petro ha calificado esta decisión como un acto de censura y ha acusado a las altas cortes de actuar con sesgo político. Sin embargo, el Consejo de Estado rechazó estas declaraciones y defendió su independencia judicial. En respuesta, el magistrado Álvarez aseguró que “cuestionar las decisiones de los jueces sin fundamentos jurídicos es un grave error que debilita el Estado de Derecho”.
La polémica se da porque el jefe de Estado, durante la supuesta alocución, le dio la palabra a varios de sus ministros, como ocurre con los Consejos de Ministros. Petro, después de dos horas de emisión, informó que la reunión tradicional con sus ministros sería televisada por los medios públicos, y allí se extendió hasta las 11:00 de la noche.
Así mismo, el magistrado expresó su preocupación por los recientes llamados a la confrontación desde sectores políticos, advirtiendo que esto atenta contra la estabilidad institucional. “No es conveniente que se promueva la confrontación desde las calles o desde tribunas públicas. La justicia necesita garantías de independencia y respeto para ejercer su función”, sostuvo.
Las tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial han aumentado en las últimas semanas, marcando un nuevo capítulo en la compleja relación entre el presidente Petro y las cortes. Mientras tanto, desde el Consejo de Estado insisten en que su única agenda es garantizar el cumplimiento de la Constitución y los derechos de todos los ciudadanos.
