Los congresistas Hugo Archila (Partido Liberal) del departamento de Casanare y Erika Sánchez (Liga) de Santander solicitaron al presidente Gustavo Petro que se incluya una pregunta relacionada con el castigo a abusadores de menores en la consulta popular que el Gobierno planea presentar, aunque esta aún no ha sido radicada ante el Senado.
La propuesta plantea que los ciudadanos respondan:
“¿Está de acuerdo con aumentar la pena máxima de prisión a 70 años para quienes cometan actos de violencia, abuso y asesinato contra niños, niñas y adolescentes?”
Los representantes argumentan que “Colombia enfrenta una crisis de violencia contra la infancia”, y respaldan su petición con cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, que reportó en 2023 más de 15.000 casos de abuso sexual a menores y más de 500 homicidios de niños y adolescentes. A su juicio, estos números reflejan la debilidad de las políticas actuales para disuadir y sancionar este tipo de delitos.
Actualmente, la ley contempla penas de 12 a 20 años de prisión por acceso carnal violento contra menores de 14 años, y de 9 a 13 años por otros delitos sexuales, como actos sexuales abusivos o inducción a prácticas sexuales con menores.
Cabe recordar que durante el gobierno de Iván Duque se aprobó una reforma constitucional que establecía la cadena perpetua para violadores de menores, pero la Corte Constitucional la declaró inexequible por considerar que vulneraba principios fundamentales del ordenamiento jurídico.
A continuación, el comunicado oficial de la representante Erika Sánchez:
Desde el Ejecutivo, sin embargo, la postura ha sido clara: la consulta popular únicamente abordará temas relacionados con la reforma laboral. Así lo reiteró el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, la semana pasada, cerrando la puerta —al menos por ahora— a incluir nuevas preguntas en la eventual convocatoria.
A pesar de ello, Archila y Sánchez insisten en que este tipo de iniciativas permiten que la ciudadanía se pronuncie sobre temas de alto impacto social y consideran que Colombia debe avanzar hacia políticas más firmes, en línea con países que han adoptado sanciones más severas para crímenes contra menores.
