Por Lola Portela
Abril 2025 (Reflexiones de Semana Santa)
Prometió “dignidad y transparencia”. Hoy, su gobierno es sinónimo de crisis institucional, manejos oscuros y silencios estratégicos.
Gustavo Petro llegó al poder con la promesa de “Cambiar” a Colombia, de enterrar la corrupción y darle voz a los invisibilizados. Sin embargo, a menos de dos años de terminar su mandato, ese discurso del “cambio” convive con una realidad marcada por escándalos, que no solo cuestionan su ética de gobierno, sino la coherencia de un proyecto que hoy parece gobernado por el caos y la contradicción. Situación que deja muchas preguntas, sin respuestas, todavía.
Estos son los escándalos, más visibles, del Gobierno Petro:
1. Financiación de campaña: “cifras que nadie puede explicar”
Los informes oficiales y las declaraciones judiciales convergen: la campaña de Gustavo Petro en 2022 habría superado los topes legales en más de 5.300 millones de pesos. Incluso Fecode, uno de los sindicatos más poderosos del país, entregó recursos que podrían haber sido usados de forma indebida. En medio del silencio oficial, surgen cada día más preguntas, sin respuestas, como la ineficacia de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes del Congreso de la República. Además, de la oculta intención de quiénes promueven e interponen recusaciones, para retrasar el proceso que tendría en la mira a la cabeza presidencial, según el Artículo 109, de la Constitución, que fue modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003, Y que precisa que en caso de comprobarse que Petro haya violado los márgenes establecidos para la contienda, que son de $27.453 millones en primera vuelta, y de $12.840 millones en la segunda, se determinará la salida del cargo. En este caso, el Consejo de Estado enfatizó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sí tiene competencia para investigarlo.
“Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto”.
La “oposición”, ha abogado públicamente por dejar terminar el periodo presidencial. ¿Será que la izquierda dejaría terminar a sus oponentes en situación similar? ¿Qué trama hay detrás de todo esto?
2. Benedetti y los 15.000 millones “que nadie sabe”: la confesión que incomoda al Palacio
Armando Benedetti, ex embajador y hombre clave en la campaña presidencial de Petro, convertido en delator, afirmó en audios filtrados que él consiguió 15.000 millones de pesos en aportes, “que nadie sabe de dónde salieron”, y no reportados oficialmente, lo que sólo generó una controversia y cuestionamientos sobre la transparencia electoral. Dineros cuya procedencia tampoco se ha esclarecido. Armando Benedetti,, reveló que la campaña de Petro se financió también con esos 15.000 millones de pesos. En cualquier democracia seria, estas declaraciones habrían desencadenado una tormenta institucional. En Colombia, el gobierno eligió el silencio.
En cualquier país con instituciones sólidas, esto habría motivado una investigación de fondo. ¿Por qué en Colombia, pasó con una escandalosa normalidad?
¿El silencio paga o cobra?: Armando Benedetti tendría mucho por contar, eso explica las exigencias en los audios con Laura Sarabia, y la variedad de cargos por los que ha pasado: en agosto de 2022 fue nombrado embajador de Colombia en Venezuela, cargo del que salió tras conocerse los audios dirigidos a la hoy canciller Laura Sarabia en la que delata los dineros irregulares de la campaña presidencial.
Luego, le reabrieron la Embajada de Colombia ante la FAO para que Benedetti pudiera ocupar ese puesto en Europa. Benedetti también salió de manera polémica de este cargo en noviembre de 2024, por nuevas acusaciones de presunto maltrato a su esposa. El político regresó al país para ocupar un nuevo cargo dentro del Gobierno, esta vez más cerca del presidente Petro como asesor de la Presidencia de la República en la Casa de Nariño, aunque sus funciones no estaban del todo claras. Ahora ocupa el cargo de ministro de Interior, puesto de relevancia para las “negociaciones” con el Congreso de la República, donde Benedetti, por su experiencia como legislador, se movería como pez en el agua.
3. Laura Sarabia: el Estado convertido en garrote
Sarabia, la poderosa exjefa de gabinete, recurrió al polígrafo y a las interceptaciones ilegales para investigar a su exempleada doméstica. El Estado al servicio de una revancha personal. Cuando a Laura Sarabia, mano derecha de Petro, se le perdió dinero en su casa, en vez de acudir a la justicia, usó a la inteligencia del Estado para someter a su exniñera a una prueba de polígrafo. Luego vendrían las interceptaciones ilegales. ¿El “gobierno del pueblo” es también el que persigue empleadas domésticas como si fueran terroristas?
Lo que debía ser un asunto privado terminó exponiendo prácticas propias de un aparato de seguridad al margen de la ley. Y en este caso han aplicado “justicia” en los subordinados miembros de la policía, no quien(es) ordenaron.
Además, nunca se tuvo claridad sobre el origen de las maletas con dinero, y menos por qué Laura lo guardó, en su propio hogar, se habló de “viáticos”. Como si los colombianos fueran todos brutos, como para creer esa historia. Queda también en el ambiente un aire de duda sobre: ¿cuánto sabe la actual Canciller de Colombia?, por lo cual, en poco más de 2 años, Laura Sarabia ha pasado por varios cargos importantes en el Gobierno. Inició como Jefe de Gabinete de la Presidencia de la República (agosto de 2022 a junio de 2023) Luego fue nombrada Directora del Departamento de Prosperidad Social (septiembre de 2023 a febrero de 2024), después Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) (febrero de 2024 a enero de 2025) Y, desde enero, actualmente es la Canciller, quien se encarga del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. No importa la ampolla de disgusto que levantan sus nombramientos y cargos, por su poca o nada de experiencia, en varios miembros de la izquierda y dentro de la coalición del Pacto Histórico. ¿Frente a la justicia, seguirá la lealtad de Laura Sarabia con Petro, protegiendo a Armando Benedetti? Tal vez, Colombia vea un sálvese quien pueda, y la verdad salga de esta oscuridad.
4. Nicolás Petro, el hijo incómodo: la sangre pesa, pero no limpia.
El hijo del presidente está procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Confesó que recibió dinero de dudosa procedencia con fines electorales. “Yo no lo crié” ¿Y la respuesta del presidente, no como padre, sino como Presidente? Minimizar, desviar la atención, cambiar de abogados, acusar al Fiscal, cambiarlo, cambiar las fechas del proceso, y luego, simplemente, callar, es lo que ha visto Colombia. Lo personal, en este gobierno, también es profundamente político. Este caso también ha afectado la confianza en la gestión financiera de la campaña presidencial.
¿Qué hizo el presidente? Primero negó, luego se victimizó, y al final, como en tantos otros casos, optó por el olvido. ¿Dónde está la responsabilidad política del padre-candidato?
5. Juan Fernando Petro y los acuerdos en las sombras: la paz como excusa para negociar con criminales
El hermano del mandatario fue acusado de reunirse con narcotraficantes y grupos ilegales para ofrecer beneficios penitenciarios a cambio de apoyo al proyecto de “Paz Total”. Una iniciativa nacida con “ambiciones nobles” de ver al país sin más víctimas, terminó deslizándose por el pantanoso terreno de la impunidad.
6. UNGRD: Carrotanques, sobrecostos y sobornos
En lugar de ser un símbolo de ayuda para La Guajira, los carrotanques terminaron convirtiéndose en el emblema de la desidia institucional. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres adquirió vehículos con sobrecostos de hasta el 100%, mientras en paralelo se tejía una red de sobornos para comprar voluntades en el Congreso.
En 2024, se reveló que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) adquirió carrotanques para La Guajira a precios inflados, pagando hasta 725 millones de pesos por vehículos cuyo costo real era de aproximadamente 350 millones. Además, se descubrió una red de sobornos para asegurar la aprobación de contratos en el Congreso, involucrando a congresistas y funcionarios del gobierno, que también serían “enmerlados” para dar su voto favorable a las reformas del “Cambio”.
El escándalo de los carrotanques destinados a La Guajira es una operación que habría estado coordinada desde las entrañas mismas del gobierno, usando la necesidad de comunidades indígenas como excusa para desfalcar fondos públicos. No es solo corrupción: es miseria instrumentalizada.
7. Cancillería y pasaportes, ¿Torpeza o sabotaje institucional?: una licitación malograda que le costará al país
Una licitación de pasaportes fue anulada de forma irregular, dejando en pausa la expedición del documento más básico del Estado. El canciller Álvaro Leyva fue suspendido, y la improvisación reinó por meses. ¿Resultado? Una demanda contra el Estado por más de 100 mil millones de pesos.
8. Paz Total: ¿una política o un colapso del Estado? El desarme del Estado La política de Paz Total no ha traído paz. En muchas regiones, los grupos armados se han fortalecido, aprovechando ceses bilaterales y la ausencia del Estado. Lo que comenzó como una apuesta audaz, terminó por desatar nuevas olas de violencia. El país, nuevamente, queda atrapado entre el fuego cruzado de “las buenas intenciones mal ejecutadas”. La Paz Total dejó vastos territorios en manos de grupos armados, que aprovecharon los ceses al fuego, exigidos, como la cancelación de órdenes de captura, para fortalecerse. La ausencia de resultados concretos, sumada a los crecientes índices de violencia, ha llevado a analistas a hablar ya no de paz, sino de un desarme unilateral del Estado.
En las zonas de dominio de los grupos armados está en entredicho el monopolio de la fuerza, de la justicia y hasta de la tributación. El Estado Mayor Central (EMC) tiene injerencia y control en Meta, Guaviare y Caquetá. El Clan del Golfo controla territorios en Córdoba, el Urabá y gran parte de Chocó. El ELN aún posee un fuerte dominio sobre Arauca y en otras zonas de la frontera con Venezuela, como Catatumbo.
Se puede concluir que el relato del “cambio” se quebró, Gustavo Petro ha sido incapaz de contener las grietas de su propio discurso. La corrupción, el clientelismo y la opacidad no sólo no se han erradicado: se han reciclado bajo nuevas formas y nuevos protagonistas, esta vez con el sello de un proyecto político que prometía todo y, hasta ahora, ha entregado muy poco.
El país no necesita más promesas. Necesita responsabilidad, autocrítica y resultados. Y los colombianos lo saben. Un sector muy relevante ya despertó. Y tampoco, le cree a la “oposición”, pues poco o nada ha logrado, más allá de disputas, insultos en las redes y peleas, para mostrarse, en el Congreso, pero muchos, sin visión para ordenar la casa.
El nuevo presidente tendrá que resolver los “chicharrones” o problemas que dejaría el Petrismo, entre ellos: Un gran Déficit Fiscal, sumen a ello los problemas para acceder a la salud, pues desmontaron el sistema de salud existente, el país está frente al riesgo de quedarse sin energía. Y ni qué decir de la creciente inseguridad, regiones enteras tomadas por grupos al margen de la ley, son sólo parte de los “líos provocados”, por la izquierda, pero que le sirven para presentarse como “redentor”; hacia el 2026.
¿Será que esa clase política tradicional “opositora” llegará al poder?, o ¿Con su actuar perdieron tanta credibilidad, que los electores del país mirarán hacia nuevas alternativas?
