Por Lola Portela
Mientras Colombia se sumerge en escándalos políticos y de corrupción. Además, con fundamentos y pruebas, pero que se convierten en “reality shows” del poder, los niños del Cauca, de Colombia, siguen siendo arrancados de sus casas, y reclutados por los grupos armados como si fueran piezas de un ajedrez en una desmesurada guerra.
Las pugnas territoriales, en regiones como el Cauca y la violencia sigue teniendo el rostro de la infancia, en una guerra interna, que Colombia ya no entiende, ni merece y de la cual esta cansada.
Según cifras recientes de la Defensoría del Pueblo, en 2024 fueron reclutados al menos 463 menores de edad por grupos armados ilegales en todo el país.
De ese total, 325 casos ocurrieron en el departamento del Cauca, una cifra que estremece, y a la vez pone en entredicho la capacidad de respuesta institucional.
El informe de la Defensoría del Pueblo revela una tendencia alarmante: el reclutamiento no sólo persiste, sino que se concentra de forma desproporcionada en territorios, con fuerte presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes.
El 51% de las víctimas son menores indígenas, lo que da cuenta de una violencia étnica estructural, arraigada en zonas históricamente abandonadas por el Estado.
¿Quiénes están detrás?
La mayoría de los casos según la Defensoría del Pueblo— están vinculados al Estado Mayor Central y a las disidencias de las FARC . Le siguen grupos sin identificar, el ELN, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y otras estructuras de crimen organizado.
Aunque la geografía del reclutamiento se extiende a departamentos como Putumayo, Valle del Cauca, Huila y Arauca, es el Cauca donde se concentra el mayor número de casos.
Y es que en esta región la presencia armada, la debilidad institucional y la precariedad social se combinan para convertir a los menores en blancos fáciles.
Según la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron 409 casos de reclutamiento forzado de menores en Colombia, lo que representa un aumento significativo respecto a los 342 casos reportados en 2023.
Principales datos del informe y departamentos colombianos más afectados:
Grupos armados que serían responsables:
Una respuesta que no llega
Las cifras no son nuevas. Los informes tampoco. Lo que sí resulta preocupante es la falta de una respuesta contundente por parte del Estado.
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido alertas tempranas, advertencias públicas y solicitudes de intervención, pero el panorama no cambia. La política de protección a la infancia en zonas de conflicto continúa siendo reactiva, fragmentada y, en muchos casos, simbólica.
Los actores armados siguen reclutando porque pueden hacerlo; sin consecuencias. Y los menores siguen siendo usados como combatientes, informantes o víctimas de explotación sexual porque no hay quién los proteja efectivamente.
La justicia no llega, la prevención no se fortalece, y los mecanismos de verificación internacional, apenas logran documentar lo que en los territorios se vive a diario.
El desafío de la voluntad política
El reclutamiento forzado es un crimen de guerra. Así lo establece el Derecho Internacional Humanitario, y así lo ha ratificado Colombia en múltiples tratados. Sin embargo, el compromiso del Estado no puede limitarse a suscribir normas; debe traducirse en presencia efectiva, recursos y decisiones que prioricen la vida de la niñez en las regiones más vulnerables.
En este contexto, la pregunta no es sólo ¿por qué siguen ocurriendo estos hechos?, sino ¿por qué no se está haciendo lo suficiente para detenerlos?. Y si la institucionalidad no puede garantizar el derecho básico de un niño o niña a vivir sin ser obligado a empuñar un arma, ¿qué tan real es la paz de la que se habla?
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo seguirá alzando su voz. Pero el país no necesita más gritos, ni más cifras, necesita respuestas.
