Por Lola Portela
La voz de las víctimas es la única válida para narrar los destrozos que a su paso deja una guerra. Y es que son ellas, quienes tienen el derecho de hablar de perdón y reconciliación. Durante décadas, los medios de comunicación, los periodistas, le hemos puesto el micrófono a los victimarios. Y lo mismo sucedió, en Colombia, por ejemplo, con la JEP.
Allí, en los estrados de la JEP, el victimario ha narrado, a su manera, los hechos; como mejor le beneficie. Sin embargo, el relato de víctimas de las FARC, quienes vieron cómo el ‘Mono Jojoy’ y ‘Tirofijo’ abusaban de niñas, hoy estremece el alma, desnuda la crudeza de una guerra sin fundamento, pero colmada de intereses individuales y mezquinos.
“Las emborrachaban y se las echaban al hombro”
Las mujeres sobrevivientes de ese conflicto, aseguraron que los comandantes utilizaban su posición de poder para someterlas íntimamente.
Además, denunciaron que los integrantes del grupo armado, que ahora se hacen llamar “senadores”, porque están en el Congreso, nunca declararon la verdad, ellos guardaron silencio ante las violaciones.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investigaría y juzgaría a los integrantes de las FARC-EP; miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el Conflicto armado interno de Colombia.
Sin embargo, en el estrado, vemos acusados, avergonzados y hasta desmoralizados sólo a los miembros de la Fuerzas Armadas. Ellos son señalados, como si su función no fuera defender la nación y su soberanía.
Por supuesto que en una negociación se debe ceder, dar concesiones, pero es claro que los delitos de Lesa Humanidad no se pueden dejar en el olvido.
El alma de miles de niñas y niños, hoy adultos, fue mancillada, porque les arrebataron su inocencia. Los mismos que argumentan su accionar como “causa noble y justa”, cuando en realidad todos esos grupos llevan más de 60 años: asesinando, secuestrando, violando, reclutando menores y sometiendo población civil a sus deseos. En ese paso, violan a diestra y siniestra los “derechos humanos”.
La JEP, como componente de justicia del Sistema Integral para la Paz, está vigente en Colombia desde marzo de 2017, cuando fue aprobado en el Senado. Y se supone que afecta a los delitos cometidos durante el conflicto armado, hasta antes del 1 de diciembre de 2016. Su competencia no puede superar los veinte años.
Sin embargo, vemos que realmente no sirvió para nada la tal JEP. En los campos colombianos, de la mal llamada “Colombia Profunda”, aún se siguen violando los derechos de los niños colombianos. Y todos guardan silencio.
¿El dolor de la guerra anestesia?
Escuchar a Flor Enid Ramírez, reclutada a los 10 años por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y cómo relató los abusos sexuales que presenció y sufrió durante su tiempo en el grupo armado, debería lograr que Colombia entera, empezando por los Senadores, sacuda su indiferencia y se tomen acciones.
Flor Enid afirmó que en la zona de distensión, donde se encontraban altos mandos como Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, y Manuel Marulanda, alias Tirofijo, se cometían abusos sexuales de manera sistemática contra niñas y niños.
Estas declaraciones se producen, tras un documento emitido por la Procuraduría General de la Nación, que solicita endurecer las imputaciones contra el secretariado de las FARC, pasando de la omisión a la autoría mediata e incluso a la participación directa en estos crímenes.
Esas niñas, hoy mujeres adultas, como Marinela Orjuela, representan también la voz de cientos de menores que ya no existen, pero que fueron víctimas de reclutamiento forzado, y aseguran que los integrantes del secretariado estaban al tanto de los abusos sexuales cometidos dentro de las filas de las Farc.
De igual manera, explicaron que los comandantes utilizaban su posición de mando, de poder para someter a las víctimas, obligándolas a mantener relaciones sexuales bajo el pretexto de ¡órdenes militares!.
“Sí, tenían conocimiento de muchas situaciones que ocurrieron”, afirmó Marinela Orjuela, quien describió cómo los comandantes aprovechaban su rango para forzar a las víctimas (menores de edad) a someterse. Y, es que aunque fueran mujeres mayores de edad, la violación es un delito, por parte del agresor, sin importar la edad de la víctima.
Esos testimonios son desgarradores, pero permiten conocer la verdad sobre los abusos que presenciaron y vivieron las víctimas en la zona de distensión: los comandantes guerrilleros organizaban reuniones donde se suministraba alcohol a menores de edad, que eran llevadas al monte para ser abusados sexualmente.
“Les daban trago a las niñas, a los niños, a todos, se emborrachaban. Yo sí vi que las emborrachaban y se las echaban al hombro y se las llevaban”, relató Flor Enid, quien también señaló que estos actos eran de conocimiento de altos mandos, como Sandra Ramírez, hoy senadora de la República por el Partido Comunes.
Alias “Griselda Lobo”, fue el nombre que usaba la hoy senadora Sandra Ramírez, mientras estaba en las filas de las FARC, Y, esas niñas, hoy precisan que la “honorable senadora” presenció estos abusos, y no tomó medidas para detenerlos.
El silencio de la legisladora la llevó a pedir permiso, durante una Asamblea General de Guerrilleros, para regresar a su hogar, temiendo por su vida debido a las condiciones dentro del grupo armado. En esa reunión, estaban presentes figuras como el ‘Mono Jojoy’, ‘Tirofijo’ y la propia ‘Griselda Lobo’. “Ella veía todo eso”, afirmó Flor Enid, refiriéndose a los abusos que ocurrían en el campamento.
Además, las víctimas desmintieron las afirmaciones de los ex comandantes de la guerrilla, quienes aseguran que los violadores de menores en sus filas, eran castigados dentro de la organización. Según estos relatos, no sólo omitían el castigo a los responsables, sino que los abusos eran tolerados y, en algunos casos, facilitados por los mismos altos mandos.
Abortos forzados y violencia sexual dentro de las filas
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz. JEP, profundizar, investigar sobre la responsabilidad real que tuvieron los líderes de las FARC en los abusos contra niñas y niños.
La verdad es más desgarradora aún, pues los hospitales clandestinos fue otro de los temas que abordaron las víctimas. Y no es la primera vez que se ventila la existencia de estos lugares donde les practicaban abortos forzados a las guerrilleras que quedaban embarazadas, y cuyos partos no eran aprobados por los superiores.
Esta práctica ha sido negada en repetidas ocasiones por ex comandantes, desmovilizados de las FARC, hoy se vuelve a ratificar que era una realidad dentro del grupo armado.
“Es cierto que había hospitales para practicar abortos”, afirmó una de estas voces valientes, que hoy se levanta y se escucha con mayor fuerza, añadiendo que ella misma fue víctima de abuso sexual a los 10 años, por parte de un comandante conocido como alias “Rodrigo Cadete”.
La voz, la denuncia de miles de mujeres por fin es escuchada. Ellas presenciaron y vivieron todo tipo de humillación, vejámenes, maltrato y abusos sexuales.
En un documento de 38 páginas, radicado en los últimos días, por la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual se expone aún más al secretariado de la extinta guerrilla y pidió a la JEP profundizar en la responsabilidad real que tuvieron en los abusos contra niñas y niños y no solamente por “omisión” como determinó la Sala.
Para el Ministerio Público, al contrario de una “responsabilidad por mando” y “omisiva”: los seis exmiembros del secretariado de las Farc fungieron como autores de una política de facto ejecutada por sus hombres (autoría mediata) de coerción física y psicológica de niños y niñas “dirigida a ejercer un control absoluto sobre sus cuerpos, su intimidad y su sexualidad, política determinada por el secretariado”, mediante la cual se cometieron los actos de violencia sexual.
“No existe ninguna razón jurídica o fáctica -salvo que se quiera vulnerar, entre otros, el principio de igualdad- para concluir que el control ejercido por el Secretariado de las Farc-EP frente a dicho grupo armado no incluía, también, la ocurrencia de los hechos de violencia sexual cometidos en contra de los niños y niñas” señaló la Procuraduría.
De acuerdo con el ministerio público, aducir una responsabilidad “de mando” en los excomandantes de las Farc, como hizo la JEP frente a la violencia sexual, resulta a todas luces incorrecto y más cuando hay relatos de las víctimas que los incriminan directamente en hechos de abuso sexual a menores de edad, como ocurre con Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo (quien también tiene casos directos en Nariño) y el Senador de la República Carlos Antonio Lozada.
“Algunos exintegrantes del Secretariado de las Farc podrían responder como autores directos frente a hechos de violencia sexual de acuerdo con algunos relatos. Por ejemplo, la víctima 07.01.112 sufrió hechos de violencia sexual cometidos por los comandantes, entre los que se menciona a Catatumbo Torres. De la misma manera, la víctima 07.01.157 identificó a Londoño Echeverry y Velásquez Saldarriaga (alias ‘El Paisa’) como responsables directos del acceso carnal violento. En este mismo sentido, varias víctimas han denunciado que Julián Gallo cometió hechos de violencia sexual en contra de niños y niñas, sin contar con que este compareciente tuvo conocimiento directo de hechos de similar naturaleza ejecutados por otros comparecientes, sin haber realizado nada por denunciarlos o, cuanto menos, evitarlos” sentenció la Procuraduría.
Por otra parte, el Ministerio Público descartó la tesis que han sostenido distintos excomandantes de las Farc, en distintas entrevistas también, señalando que cualquier caso de violación sexual intrafilas era motivo de consejo de guerra y fusilamiento y que dichos crímenes estaban prohibidos por el reglamento interno. Para la Procuraduría no obra prueba alguna que permita acreditar que las sanciones sí ocurrieron, por consiguiente, se puede inferir que reinó la impunidad.
“Es incuestionable que no existieron mecanismos efectivos para investigar y sancionar hechos de violencia sexual cometidos en contra de niños y niñas al interior de las Farc-EP. No obra (hay) evidencia que demuestre consejos de guerra por estos hechos; lo único que hay son menciones superficiales y poco fiables sobre algunos investigados, lo que permite entender que esas sanciones no existieron en realidad” señala el documento de la Procuraduría.
La Procuraduría Delegada ante la JEP, precisa que en lugar de combatir esos gravísimos crímenes, dentro de las Farc existieron “mensajes y prácticas que validaron y alentaron la comisión de hechos de violencia sexual, todo ello amparado en el poder detentado por los comandantes de las diferentes estructuras armadas”.
Y en la explicación sobre la apropiación que se hizo de los cuerpos y la sexualidad de niños y niñas en la tesis del ministerio público, se presentaron testimonios de propios comparecientes de las extintas Farc como José Luis Calvo Pabón, alias “Alirio”, quien indicó que “si un comandante quería cambiar de mujer, mandaba a la que tenía a una comisión a otro lugar por varias semanas o meses y podía coger una nueva mujer, que normalmente eran mujeres o niñas recién reclutadas”. Con lo cual se contradice el relato homogéneo que han expuesto las FARC, ante la JEP.
El panorama real para las niñas que llegaban a las filas de las Farc era de sufrir violaciones sexuales, en los primeros días de estar en los campamentos, de acuerdo con la tesis del ministerio público, a partir de las pruebas y testimonios de las víctimas.
Al menos la Procuraduría decidió proceder, y por fin escuchar la voz de las víctimas en un conflicto en el que lejos está el “darle protección al pueblo”, como pregonan y siguen pregonando, en sus discursos, y comunicados.
La guerra es cruda, por donde se le mire, pero cuando se obliga a las niñas campesinas del país a usar métodos de planificación, incluso en las “niñas vírgenes”, que “eran preparadas para la vida sexual”, es cuando toda una sociedad debe alzar también la voz.
La Procuraduría evidenció como una clara muestra de que los actos de violación sexual contra niñas y niños que se produjeron en el marco de una política “deliberada”. Las niñas eran obligadas a planificar, aun siendo unas infantes, con tan sólo 12 años, con el motivo subrepticio de que no comenzaran a quedar embarazadas, como resultado de ser abusadas y convertidas en objeto sexual dentro de la guerra.
“Parte del ataque sistemático dirigido a las niñas consistió en crear condiciones, a partir de la afectación de sus derechos reproductivos, para que las violaciones que llegaran a sufrir no generaran embarazos. El carácter forzado y violento de la práctica de anticoncepción debe analizarse, junto con las violaciones que se cometieron“, sentencia la Procuraduría..
El ente de control añadió que la ocurrencia de estos crímenes de guerra y de lesa humanidad tienen una responsabilidad clara y directa en los mandos más altos de las Farc, debido a que: “crearon las condiciones para que las niñas y niños que iban en tránsito, amenazados o engañados, estuvieran en incapacidad de comprender o resistir estas violencias y fueran víctimas de violación y otras agresiones sexuales” en un ataque sistemático, dice el documento.
Además de pedir la variación de responsabilidad de los exintegrantes del secretariado de las Farc por los casos de violencia sexual que se vivieron dentro de las filas, la Procuraduría también solicitó que se impute a los exjefes de las Farc por asesinato y desaparición forzada de recién nacidos.
Lo anterior, puesto que la JEP incluyó, en el caso 07, este crimen tan atroz solamente como uno más de la línea de hechos de “anticoncepción forzada”, lo cual para la Procuraduría resulta en una impunidad camuflada. En estos casos las víctimas narraron que vieron a sus bebés moverse después de que les fueran retirados de sus vientres, para posteriormente ser asesinados en presencia de ellas y lanzados a ríos dentro de bolsas plásticas o enterrados en la selva.
“Sus hijos nacieron vivos, y posteriormente fueron asesinados. La Sala consideró ello está estrechamente ligado con las demás violencias reproductivas afrontadas por las víctimas. Por tanto, no se imputó el crimen de lesa humanidad de asesinato y, con ello, esa conducta, extremamente grave, ¡se encuentra impune e invisibilizada!” reclamó airadamente el ente de control.
Según la Procuraduría, hay por lo menos diez casos documentados en los que estos recién nacidos fueron asesinados, en el marco de la política interna de las Farc, aprobada por el secretariado, de anticoncepción y aborto forzado “sin límite gestacional”.
“Las víctimas dieron cuenta de escucharlos llorar, rogar porque los dejaran vivir y en todos los casos fueron asesinados”, expuso el ente de control, al desnudar esta verdad.
En el mismo documento de 38 páginas, la Procuraduría también plantea que las prácticas cometidas por las Farc en el marco de la política de reclutamiento de niños, atribuible al Secretariado, significó un ataque contra la población civil.
La Procuraduría Delegada, precisa que como parte de la población atacada están los niños y niñas, pero también sus familias, debido a que en las llamadas “reuniones comunitarias” organizadas por las FARC, se les indicaba que tenían que entregar al menos un hijo para la “causa”, incluso configurando un ataque usando información personal y seguimientos para obligar a los padres a entregarle sus hijos a la guerrilla, en un plural de casos, cuando cumplían 12 años de edad.
“Se hacía seguimiento especial al paso del tiempo, a medida que los niños y niñas iban creciendo para identificar el momento en que los menores cumplieran una edad determinada por el grupo, en promedio los 12 años como narraron las víctimas. Incluso, se verificaba la apariencia de idoneidad para el ingreso“, expone el ente de control.
Y dado que Rodrigo Granda no fue incluido dentro de los ex miembros del Secretariado que fueron imputados, la Procuraduría Delegada solicitó que los cargos por estos crímenes de guerra y de lesa humanidad sean extendidos también a él.
La verdad en la justicia es el derecho a conocer los hechos y circunstancias de una violación, y la justicia es el esclarecimiento de esos hechos y la sanción de los responsables.
Por eso, se espera que ante esta vergonzosa radiografía, en la JEP tenga resonancia y se den cambios.
Colombia merece la verdad, sin favorecer el testimonio de victimarios, escuchando al pueblo: las víctimas.
