Por Lola Portela
“He recibido llamadas intimidantes” expresa la exfuncionaria, quien también aseguró que, por ahora, evalúa la posibilidad de interponer acciones legales por cuenta de las presiones que habría recibido, por parte de la esposa del ministro de Salud, funcionaria de la Superintendencia, quien no era su jefe directo.
La situación surge por una grabación, que evidencia un nuevo escándalo por nepotismo, corrupción y hasta abuso de autoridad que involucra al Ministro Jaramillo y su esposa. Recientemente, se denunció que la esposa del ministro habría ejercido presiones sobre algunos funcionarios del Hospital San Rafael para que firmaran rápidamente un contrato relacionado con un proyecto de un buque hospital destinado a las comunidades más apartadas del Amazonas. Este proyecto, que recibió una asignación presupuestaria de 55.000 millones de pesos el año pasado, se ha visto envuelto en retrasos y controversias, por lo cual hasta despidieron a la interventora.
¿Qué dice la SuperSalud?
La Superintendencia de Salud publicó en la mañana de este 7 de abril un comunicado en el que aseguró que la remoción de Baracaldo se apegó a la ley.
“Esta decisión fue recomendada por el Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia, luego de conocer un informe que evidencia el incumplimiento de indicadores técnicos y de gestión del proceso de intervención de la E.S.E. San Rafael de Leticia”, señaló la entidad.
Lina Baracaldo fue interventora del Hospital San Rafael de Leticia (Amazonas) y la despidieron justo después de denunciar presiones para firmar un contrato millonario para la construcción de un buque hospital. Detrás de ese constreñimiento estaría Beatriz Gómez Consuegra, esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Baracaldo aseguró que está recibiendo llamadas amenazantes y denunció que teme por su seguridad. Además, afirmó que, de momento, evalúa la posibilidad de interponer acciones legales contra la pareja del ministro Jaramillo.
“Sí considero que hubo constreñimiento ilegal. Estoy evaluando las vías jurídicas correspondientes. No me atrevo a decir mi ubicación porque ya he recibido llamadas intimidantes, me dicen que tenga mucho cuidado”, puntualizó Baracaldo.
El proyecto en cuestión era por 73.000 millones de pesos y pretendía firmarse en un momento en el que médicos, pacientes, clínicas, hospitales y EPS piden al Gobierno el desembolso de más recursos para atender la crisis del sistema de atención en salud.
“Mi actuación como interventora era autónoma. No tenía relación de subordinación con la doctora Gómez, aunque fue ella quien me pidió firmar el contrato o renunciar”, señaló Baracaldo a Prensa Llanera.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondió frente a esta polémica que salpica a su esposa y quien ejerce como superintendente delegada de prestadores de servicios, Beatriz Gómez Consuegra, por las presuntas presiones que estaría ejerciendo para presionar la firma de contratos de salud.
“La doctora Beatriz Gómez Consuegra no ha impartido órdenes ilegales ni arbitrarias. Su actuación como delegada de Supersalud fue legítima, enmarcada en los deberes que la Constitución y la ley se le endilgan, todo en defensa de los recursos públicos y la salud de poblaciones vulnerables“, escribió Jaramillo en X.
Cabe anotar que Prensa Llanera investigó y la salud en Amazonas está en la mira desde hace mucho. Durante el gobierno de Iván Duque, en el 2020 se ordenó la intervención forzosa para administrar el Hospital San Rafael de Leticia, en Amazonas, “luego de concluir una fase de seguimiento en la que se identificaron fallas de tipo administrativo, financiero, asistencial y jurídico”.
La misión de Lina Baracaldo era cuidar cada peso, para garantizar la sostenibilidad de esa institución en este momento.
“Como ordenadora del gasto, necesitaba claridad sobre la financiación total del proyecto, incluidas sus fases y el costo operativo anual de hasta 18.000 millones de pesos”, añadió Baracaldo.
El buque pretendía ser trasladado y dotado desde Cartagena hasta Leticia, el costo inicial era de 55.000 millones de pesos, pero los precios del acero incrementaron y la contratación se ajustó hasta los 73.000 millones, según indicó Cotecmar, la constructora.
“El proyecto tenía que quedar firmado el 31 de marzo, según decía la doctora Gómez, aunque posteriormente la empresa extendió la cotización. Aun así, la presión aumentó”, narra la exinterventora, Lina Baracaldo.
En una llamada, grabada, entre Baracaldo y la esposa del ministro –que se desempeña como superintendente delegada para prestadores en la Superintendencia Nacional de Salud– se escucha una sentencia: “firman o me presentan la renuncia”. Esto fue el 27 de marzo.
Cuatro días después del episodio, la Superintendencia emitió la resolución que removió a Lina Baracaldo de su cargo como agente interventora. Su reemplazo, Dennis Amparo Vásquez Arias, ha sido vinculada a cuotas políticas del Tolima, departamento del que es originario el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo
Líderes indígenas del Amazonas se opusieron a la llegada del buque hospital y pedían, en cambio, la construcción de un hospital de alta complejidad para la capital del Amazonas. Ya que la mayoría de los pacientes delicados deben ser trasladados en avión ambulancia, ya sea a Cali o Bogotá, según gestión y cupo en hospitales, con alianzas de las EPS.
Tampoco es la primera vez que se habla en Amazonas de un “Barco Hospital”, para atender a las comunidades apartadas y que viven a orillas del Amazonas. El excongresista de ese departamento, Rafael Elizalde, realizó gestiones con varias embajadas y entidades sin ánimo de lucro, con ése fin, también lo hizo para lograr atención de alta complejidad en el Amazonas, para donaciones de equipos de diálisis, que incluían máquinas, catéteres, y otros dispositivos que permiten filtrar la sangre y eliminar desechos, ya que en Amazonas muchos de sus habitantes son pacientes tratados por diabetes, y debían viajar a Bogotá para ser tratados.
Sin embargo, la corrupción en el Hospital San Rafael de Leticia, se atrevió, en ese entonces, a pedir hasta el CVY (Cómo Voy Yo), a los encargados del proceso. No valió que se explicara que eran donaciones en especie. Esa práctica ilegal es “pan diario” en muchas entidades de Colombia e impiden el desarrollo del país, pero no es propia en otros países o entidades, pues es severamente castigada, como debería suceder en Colombia, donde es vista como “normal”, por muchos. En éste caso, la donación de equipos era en especie, y los pagos para la formación de los profesionales y sostenimiento del personal médico, sería a través de una fundación. Dado que ya se tenía pleno conocimiento del mal manejo financiero de la salud en el departamento del Amazonas. Finalmente, ante tales hechos, el proceso; la gestión de donación, fue en vano.
La salud en Amazonas está, desde hace mucho en “cuidados intensivos”, y es cierto que necesita priorización, pero no es justo despedir a quienes identifican anomalías y se oponen al mal manejo presupuestal, el afán lleva a errores graves, y los responsables de firmar, son también quienes serían investigados y procesados, por la justicia y entes de control, ante irregularidades, en ese o cualquier contrato.
A todas luces el despido de Lina Baracaldo fue injusto, aunque el Ministro de Salud, el esposo de la señora Beatriz Gómez Consuegra lo justifique. Es evidente que algo oscuro, debe haber detrás de éste contrato, o ¿por qué las amenazas a Lina Baracaldo?
