Por: Juan Manuel Naranjo Vargas – Columnista invitado
Esta imagen refleja la cruda realidad que vivimos millones de colombianos: tras esperar en una fila interminable —que puede durar desde una hora agotadora hasta tres horas agónicas—, rogamos que tengan el medicamento, que lo entreguen completo o que no exijan una autorización, por puro capricho. La humanización escasea entre quienes desempeñan esta labor; son pocos los funcionarios que aún conservan sensibilidad humana. Ojalá nunca les toque enfermarse.
El problema de los medicamentos en Colombia en 2025 es una crisis compleja que afecta a pacientes con enfermedades crónicas como cáncer o diabetes, quienes enfrentan escasez y dificultades de acceso. Esto se refleja en largas filas, protestas y un aumento del 80% en tutelas entre 2023 y 2024 para exigir tratamientos. La crisis, agravada desde 2022, tiene raíces en la insuficiencia financiera del sistema de salud, donde la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 1.3 a 1.5 millones de pesos por paciente no cubre los costos crecientes, generando deudas de hasta 500.000 millones de pesos con gestores farmacéuticos como Audifarma o Cruz Verde, quienes han suspendido entregas por falta de pago.
El gobierno de Gustavo Petro señala un supuesto “acaparamiento” por parte de estos gestores, proponiendo medidas como allanamientos, aunque criticadas como poco viables. Los gremios, por su parte, culpan a la desfinanciación y a retrasos en pagos gubernamentales de hasta 600 días, con una deuda total cercana a los 4 billones de pesos. La dependencia de importaciones, afectada por crisis globales como la guerra en Ucrania, y la concentración del mercado en pocos actores (cinco controlan el 80% del suministro) agravan el problema. Soluciones como compras centralizadas o ajustes a la UPC se han planteado, pero la falta de coordinación y recursos mantiene la crisis activa, forzando a los pacientes a racionar dosis o buscar donaciones.
Diferencia de precios de los fármacos entre Colombia y sus vecinos
Sí existe una diferencia significativa en los precios de medicamentos entre Colombia y sus vecinos, influida por regulación y sistemas de salud. Desde 2013, Colombia controla precios de fármacos de alto costo, lo que los hace más baratos que en Panamá, donde un medicamento como el telmisartán puede costar hasta 10 veces más por la falta de regulación. Comparado con Ecuador y Perú, los genéricos en Colombia son competitivos gracias a la referenciación internacional, aunque Brasil, con su industria local y subsidios, ofrece precios más bajos en algunos casos, como la insulina.
Países como Uruguay o Panamá registran costos hasta un 67% mayores que Colombia para ciertos fármacos, según estudios regionales. Sin embargo, la dependencia de importaciones encarece los medicamentos en toda la región, y en Venezuela la hiperinflación distorsiona cualquier comparación. En resumen, Colombia tiene precios más bajos que algunos vecinos como Panamá, pero no siempre supera a Brasil o Perú, dependiendo de las políticas locales y la capacidad industrial.
Salida a la problemática de los medicamentos
Resolver la crisis de medicamentos en Colombia requiere un enfoque integral. Primero, fortalecer la financiación del sistema de salud ajustando la UPC y saldando deudas de 4 billones de pesos para restablecer el suministro. Segundo, reducir la dependencia de importaciones incentivando una industria farmacéutica nacional con subsidios y alianzas, como han hecho Brasil o India. Tercero, implementar una compra centralizada eficiente, con auditorías para evitar corrupción, y diversificar la distribución para romper la concentración en pocos gestores.
Además, una plataforma digital para rastrear inventarios y campañas de prevención podrían optimizar recursos y reducir la demanda a largo plazo. La cooperación internacional, como compras conjuntas con Brasil o Perú, también es viable. El desafío es lograr voluntad política y coordinación entre gobierno, EPS y privados. A corto plazo, girar recursos es urgente; a largo plazo, un sistema autosuficiente y equitativo es la clave para garantizar el acceso a medicamentos.
