Por Lola Portela
El testimonio de Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian y exministro de Comercio sacude nuevamente los cimientos del Gobierno colombiano. Sus contundentes declaraciones fueron ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, y se refieren a un presunto esquema de corrupción que involucra a congresistas, funcionarios del Gobierno y al propio presidente Gustavo Petro.
Reyes aseguró que el mandatario tenía conocimiento de las irregularidades desde finales de 2023, pero no tomó medidas contundentes para detenerlas.
Luis Carlos Reyes señaló que más de 92.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 22.5 millones de dólares) se habrían destinado a la compra de votos en el Congreso para garantizar la aprobación de reformas e iniciativas del Gobierno.
El caso gira en torno a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entidad que habría sido utilizada para desviar recursos públicos mediante contratos irregulares.
Así mismo, Reyes detalló que el esquema de corrupción se habría gestado desde el Ministerio de Hacienda, liderado en ese momento por el exministro Ricardo Bonilla.
Según el exdirector de la Dian, en declaraciones del 25 y 26 de marzo de 2025, Bonilla habría permitido el uso de los llamados “cupos indicativos”, una práctica conocida como “mermelada”, para asegurar el respaldo de congresistas a las propuestas del Gobierno.
Reyes también afirmó que esta estrategia era conocida por el presidente Petro, que habría sido advertido de la situación en una reunión de planeación estratégica celebrada el 18 de diciembre de 2023, en la Escuela de Ingenieros Militares en Bogotá.
En esa sesión, Petro habría declarado que su Gobierno no toleraría los cupos indicativos, una práctica que criticó duramente en administraciones anteriores.
Sin embargo, Luis Carlos Reyes aseguró que le informó directamente al presidente que estas prácticas continuaban en el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Andrea Ramírez, asesora de confianza de Bonilla.
Andrea Ramírez, que posteriormente salió de licencia de maternidad, habría delegado estas funciones a María Alejandra Benavides, otra figura clave en el escándalo.
El testimonio de Luis Carlos Reyes también reveló que, en junio de 2023, durante la discusión de un proyecto de adición presupuestal, se aprobó el traslado de 200.000 millones de pesos (aproximadamente 48.9 millones de dólares) de la DIAN a la UNGRD.
Según el exfuncionario, esta decisión fue una represalia por su negativa a nombrar a los recomendados políticos que le exigían desde el Congreso. Reyes denunció que estos recursos, que debían destinarse al fortalecimiento de la administración tributaria como parte de los compromisos de Colombia ante la Ocde, terminaron siendo desviados hacia prácticas corruptas.
Luis Carlos Reyes afirmó también que algunos de estos congresistas habrían intimidado a sus enlaces en el Congreso con frases como: “Se les cayeron 200.000 millones de pesos de la cartera”.
Ahora se cuestionan las acciones posteriores no tomadas por el mandatario y que genera muchas dudas sobre su compromiso para combatir la corrupción.
Aunque en diciembre de 2024 pidió la renuncia de Ricardo Bonilla, aclaró que lo hacía “no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de Gobierno”. En contraste, Luis Carlos Reyes fue relegado y cuestionado públicamente por el presidente, que expresó “dudas” sobre su versión de los hechos en su cuenta de X (antes Twitter).
El abogado de Luis Carlos Reyes, Sebastián Erazo, criticó la postura del presidente, señalando que Petro “intenta minimizar las denuncias que conoció desde finales de 2023”. Según el jurista, los hechos narrados por Reyes son respaldados por movimientos presupuestales y decisiones administrativas que evidencian el saqueo de recursos públicos.
El caso de la UNGRD es uno de los puntos más críticos del escándalo. Según las declaraciones de Reyes, esta entidad habría sido utilizada para desviar 4.000 millones de pesos (aproximadamente 978.000 dólares) hacia la compra de votos en el Congreso. De este monto, 3.000 millones de pesos (aproximadamente 733.000 dólares) habrían sido entregados al entonces presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos (aproximadamente 245.000 dólares) al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Además, el esquema de corrupción no se limitó a la UNGRD. Según María Alejandra Benavides, los cupos indicativos también habrían permeado al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), involucrando a al menos 28 congresistas en otro entramado de contratos irregulares.
En anteriores declaraciones el exdirector de la DIAN, había prendido las alertas, porque sobre el cumplimiento de la regla fiscal, Reyes había señalado que, aunque en el papel el Gobierno asegura haberla respetado, en la realidad esto no es así. Reyes explicó que las proyecciones de ingresos fueron artificialmente infladas para justificar el nivel de gasto, lo que distorsionó la sostenibilidad fiscal del país.
El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, negó entonces, que se haya incumplido la regla fiscal, pero Reyes sostuvo que las estimaciones del Ministerio no corresponden con el comportamiento real de la economía del país.
La manipulación de cifras es innegable, se evidencia hasta con las deudas en la salud. Por eso, no extraña que hasta los datos del DANE tampoco concuerden con la realidad que viven los colombianos frente al desempleo, los precios de la canasta familiar, etc.
Ese será, tal vez, otro escándalo de éste gobierno que se conocerá o destapará con el tiempo.
