Por Lola Portela
El Comité Internacional de la organización observa un recrudecimiento de la violencia y hace un llamado a todos los actores armados para respetar el derecho humanitario.
Colombia sufre la peor situación humanitaria de los últimos ocho años, desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas FARC en 2016. La violencia se ha recrudecido y hay un preocupante aumento de las víctimas de artefactos explosivos, advirtió este jueves el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al presentar su balance anual y los retos de este 2025.
Esa crisis se ha visto agravada por la “creciente falta de respeto por las normas del derecho internacional humanitario”, o DIH, subrayó Patrick Hamilton, el jefe de la delegación del CICR, con presencia en los lugares más remotos del país desde hace más de medio siglo.
Las comunidades siguen atrapadas bajo el fuego cruzado.
El CICR documentó 382 violaciones al DIH a lo largo del año pasado. Cerca de la mitad, el 44%, corresponden a actos cometidos fuera de los enfrentamientos y contra personas protegidas.
De acuerdo con datos citados por el CICR, uno de los principales riesgos para la población continúa siendo el uso de artefactos explosivos. Hamilton declaró: “Documentamos 719 víctimas de artefactos explosivos, 97 de ellas mortales, de las cuales el 67% eran civiles. Eso representa un aumento del 89 % en comparación con 2023″. Este uso indiscriminado pone de manifiesto, según el jefe del CICR, la falta de precauciones durante las hostilidades y la vulnerabilidad de las comunidades afectadas.
Creciente desplazamiento y confinamiento forzado
El confinamiento y desplazamiento masivo de personas marcaron también cifras alarmantes en 2024. De acuerdo con la Cruz Roja Internacional, unas 88.874 personas fueron confinadas en ese periodo, lo que supone un aumento del 89 % con respecto al año previo. En comparación, en 2017 un año después de la firma del acuerdo de paz, los registros eran significativamente más bajos, con solo unas 11.000 personas confinadas. “Es una clara muestra del agravamiento en la situación humanitaria del país”, enfatizó Hamilton.
En términos de desplazamientos, el CICR reportó que alrededor de 120.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares de manera individual, mientras que más de 40.000 lo hicieron colectivamente en desplazamientos masivos. Estas cifras, que también implican el desplazamiento por enfrentamientos entre grupos armados o por amenazas, resaltan la realidad de la violencia en las zonas rurales de Colombia.
Otro ámbito de preocupación ha sido el de la seguridad sanitaria. Según los datos del CICR, se documentaron 201 ataques contra el sistema de salud, un aumento del 44 % respecto al año anterior. Este fenómeno, enmarcado en los conflictos, pone en riesgo la vida de los profesionales de la salud y afecta directamente el acceso de la población a servicios esenciales.
El reclutamiento de niños y niñas en las dinámicas de violencia también ha tenido un “preocupante incremento”. El CICR señaló que, aunque existen subregistros debido a las dificultades para documentar todos los casos, “el impacto es irreparable sobre el tejido social de las comunidades”. Hamilton explicó que el involucramiento forzado de menores no sólo los expone a riesgos físicos, como heridas o incluso su muerte en combate, sino también a graves afectaciones psicológicas. “Ningún niño, niña o adolescente debería ser involucrado en la guerra”, recalcó enfáticamente al medio el representante del Comité Internacional de la Cruz Roja.
En medio de esta difícil realidad, el CICR también destacó algunas de sus labores humanitarias en Colombia, durante 2024, se informó que el comité facilitó la liberación de 34 personas retenidas por actores armados, así como la recuperación de los cuerpos sin vida de otras 13 víctimas del conflicto armado. Estas acciones reflejan el compromiso del CICR por aliviar las consecuencias más inmediatas de la violencia en el territorio.
“Instamos a todas las partes en conflicto a tomar medidas inmediatas para proteger a toda la población civil en Colombia y a quienes no participan ya en las hostilidades. No se trata de un gesto de buena voluntad, es una obligación que debe cumplirse de manera urgente y sin excepciones”, afirmó Hamilton durante la presentación del informe en Bogotá.
