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19 exministros y exviceministros de Salud  enviaron carta al Gobierno, cuestionando su manejo del sistema de salud.

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Por Lola Portela

19 exministros y exviceministros de Salud le enviaron una carta al Gobierno refiriéndose a algunos problemas que persisten en el sistema de salud.

La carta que fue firmada por exministros como Jaime Arias, Augusto galán, Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz y Gabriel Riveros, argumenta que la falta de rigor técnico en la definición del presupuesto de salud, está generando graves afectaciones en todos los servicios de los pacientes. Y, por ende, pone en riesgo la vida de los colombianos.

Así mismo, hablan de un debilitamiento de la capacidad técnica del Ministerio por esa falta de decisiones informadas, lo que está comprometiendo la estabilidad financiera del sistema.

Además le exigen cumplir con la ley y con las órdenes de la Corte, sin decisiones improvisadas, ni motivaciones políticas. 

Esta carta justamente la envían horas antes de que se lleve a cabo la primera mesa técnica con el sector de la salud, ordenada por la Corte.

La reunión se cumplirá este jueves 20 de marzo, para estudiar el reajuste de la UPC por parte del Ministerio de Salud. Es decir, evaluar el presupuesto que reciben las EPS para las atenciones de los afiliados. 

Los exministros y exviceministros dicen que es una obligación del Estado financiar con suficiencia todas las atenciones de los afiliados y de no hacerlo habrá problemas irreversibles.

“La ley y la Constitución establecen de manera clara la obligación que tiene el Estado de financiar con suficiencia la atención en salud, lo que implica que las decisiones relacionadas con la UPC deben estar respaldadas por estudios rigurosos actuariales y financieros. Con estos estudios la determinación de la UPC debe reflejar de manera precisa la necesidades de la población y los costos reales de la actuación de la atención en salud”, recita el documento.

Y aseguran que ignorar esos fundamentos pone en riesgo la sostenibilidad del sistema y limita el acceso oportuno a los servicios de salud y afecta la calidad de la atención con consecuencias directas y graves para la vida y el bienestar de los pacientes.

Al finalizar  la carta, los exfuncionarios manifestaron su rechazo a la forma en que el Gobierno ha manejado el tema

“Por último rechazamos enfáticamente las expresiones sin fundamento del presidente de la República y otros altos funcionarios del gobierno nacional quienes apelan a palabras injuriosas y ofensivas, con lo cual evidencian la insuficiencia de sus argumentos técnicos y democráticos y alejan la discusión de la rigurosidad que debe tener la materialización de los principios constitucionales del derecho a la salud”-