Por Lola Portela
Mientras Colombia y los familiares de los 29 miembros de las Fuerzas Armadas esperan una pronta liberación, como resultado de los diálogos para lograrlo. Es importante el comunicado de las comunidades del Cañón del Micay, quienes se pronunciaron sobre los hechos.
Y, en el documento, aseguran que la asonada reportada por las autoridades y los medios fue un mecanismo de defensa que adoptaron las comunidades organizadas que, presuntamente, buscaron establecer un diálogo pacífico con los uniformados. Esto, por quejas que tienen sobre proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito en el territorio y por el incremento de la fuerza pública en el lugar.
También aseguraron que, en medio de la conversación, hubo amenazas y provocaciones, por parte de los policías y militares, que después derivaron en ataques a la población con armas no letales, dejando así varios heridos.
Y afirman que posteriormente, los ciudadanos iniciaron un “ejercicio de acompañamiento” y de protección a 28 uniformados que, al parecer, habían quedado aislados y “expuestos”. Eso quiere decir que, según sus datos, no serían 29 uniformados los secuestrados, sino 28.
“Ante información errada por parte del Ejército, el Ministerio de Defensa y replicada por los medios de comunicación y las amenazas permanentes de un nuevo ataque por parte de la fuerza pública, se decide sostener el acompañamiento hasta que se generen las condiciones de seguridad para este grupo y la comunidad”, precisaron, en el comunicado.
