Por Lola Portela
Sin luz, sin energía, como si viviéramos en la edad media, se encuentra el departamento del Vichada.
El departamento de Vichada tiene 105.947 km², que equivalen a cinco veces la superficie de un país como El Salvador. Este extenso territorio está habitado apenas por aproximadamente 70 mil habitantes, gran parte de ellos, indígenas, y pertenece a la Orinoquia de Colombia.
La situación ha derivado en graves consecuencias, no sólo para los más de 40 mil habitantes de Puerto Carreño, la capital del departamento, que ya lleva más de 24 horas sin luz.
Y es que, de acuerdo con el DANE, en 2023 Vichada tenía 123,304 habitantes en total, de los cuales 59,003 eran mujeres y 64,301 hombres. Y hoy estos colombianos sufren no solo por las altas temperaturas, sino también porque perdieron sus alimentos perecederos y la imposibilidad de mantener condiciones básicas de vida.
¿Por qué se quedó sin luz en Puerto Carreño?
Según declaraciones de Hecson Alexys Benito Castro, gobernador de Vichada, el gobierno del presidente Gustavo Petro tendría una deuda pendiente para garantizar la generación de energía eléctrica en esta importante región del país: “La situación en este momento en Puerto Carreño es bastante compleja y, bueno, estamos buscando una solución definitiva, porque no da espera y la gente y la población están desesperadas por la falta de energía en la capital de Vichada”, dijo el gobernador Benito.
De acuerdo con su versión, se trata de una situación que se viene presentando desde hace varios años y está relacionada con las dificultades que hay para prestar el servicio de luz debido a que Puerto Carreño está bastante lejos de la red eléctrica nacional.
Según explicó el gobernador del Vichada, en esa ciudad el servicio de luz se abastece gracias a un sistema de biomasa que funciona con madera. Sin embargo, cuando este sistema tiene dificultades, entran a operar unas plantas de respaldo a base de diésel.
“La situación del día de ayer se presenta porque el operador que tiene a su cargo la generación de energía en la capital de Vichada aduce que no puede seguir prestando el servicio porque desde abril del 2024 no se le han girado los subsidios para llevar a cabo la operación de proveedores de madera y operarios”, explicó el gobernador.
Así mismo, agregó que las plantas de diésel tampoco han podido servir de respaldo debido a que el Ministerio de Minas y Energía no le habría pagado a Terpel el combustible enviado a Vichada para generar energía. Esta deuda específica es de $4.600 millones.
A su vez, el gobernador mencionó que habló con el Ministerio de Hacienda y le confirmaron que ya autorizaron el giro de un dinero destinado a la generación de energía en Vichada.
En esa medida, concluyó que debe haber un trabajo conjunto entre el Gobierno y las empresas que están envueltas en esta compleja situación para llegar a un acuerdo de pago y resolver el apagón.
Cabe anotar que la palabra Vichada, en la lengua indígena guahibo, significa donde la sabana se convierte en selva. Y efectivamente es así. Sin embargo, esa ubicación es también es desventaja a la hora de analizar los límites fronterizos del Vichada.
El departamento de Vichada se encuentra ubicado al oriente de Colombia. Su extensión territorial, de 105.947 km², equivale al 8,7 por ciento del territorio colombiano. Está conformado por 4 municipios: Puerto Carreño (capital del departamento), y los municipios de Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía.
Limita por el norte con el Río Meta y los departamentos de Casanare, Arauca y la República de Venezuela; por el Este con el río Orinoco que lo separa de la República de Venezuela, por el Sur con el río Guaviare que lo limita de los departamentos de Guainía y Guaviare y por el Oeste con los departamentos de Meta y Casanare.
El departamento cuenta con 46 resguardos indígenas, pertenecientes en su mayoría a los pueblos Sikuani, Piapoco, Piaroa, Puinave, Curripaco y Cubeo, los cuales cohabitan con comunidades de colonos campesinos.
No es secreto que el Vichada es un departamento con múltiples afectaciones en cuanto a la seguridad y sociales; con ello hay diversas necesidades humanitarias.
Algunas de sus características territoriales, como la alta dispersión poblacional, falta de conexión vial, poca conectividad y presencia institucional, generan un limitado acceso a la información.
Por eso, allí se han “normalizando e invisibilizando” tantas necesidades. Se suman, además, condiciones socioeconómicas como el índice alto de pobreza, en esa región. Y es que el Índice de Pobreza Multidimensional en el 2023, según datos del DANE es en total de 65,4 en total.
En el actual reporte se evidencian brechas para acceder a servicios básicos de salud, alimentación, educación y protección. Estas barreras afectan de manera desproporcionada a niños, niñas y mujeres, en particular a mujeres en embarazo, indígenas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela.
Se suma, en la compleja situación, la presencia e injerencia de Grupos Armados No Estatales (GANE) en el territorio y la franja fronteriza sigue teniendo un impacto en términos humanitarios y comunitarios en el departamento.
Para el primer semestre de 2023, la Unidad para la atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) registró 63 eventos de desplazamiento forzado, presentando una reducción frente al mismo periodo de 2022, con mayor ocurrencia en el municipio de Puerto Carreño, con el 63.4% de los casos.
Esta es una zona que sufre por: desplazamientos aunque no son masivos, frente a hechos victimizantes como amenazas, extorsiones, asesinatos selectivos e intimidación a la población, que evidencian dinámicas de control territorial por parte de los grupos armados, quienes centran su accionar en el desarrollo de economías ilegales, que acrecientan las múltiples necesidades humanitarias de la población civil en los sectores de WASH (agua, saneamiento e higiene), SAN (Seguridad Alimentaria y Nutricional), protección, salud, albergue y medios de vida.
Por dinámicas relacionadas con el conflicto armado, se evidencia también la vulnerabilidad y la necesidad de protección a mujeres, niñas y adolescentes en el territorio. Casos de agresiones sexuales, trata de personas, prostitución infantil de indígenas y migrantes, junto a múltiples violencias basadas en género son las vulnerabilidades más recurrentes en el departamento del Vichada.
Para la delincuencia, en la zona es conveniente este “apagón”, histórico. Es evidente que les favorece para el delito, pues la región es corredor no ajeno al conflicto armado, en alianza con Venezuela. Un país que se enfrenta a seguir en la esclavitud del régimen de Nicolás Maduro, o se la juega por su libertad, haciendo respetar la voz del pueblo que gritó su agotamiento con los resultados de las urnas
Y, conforme a lo que suceda, a partir del 10 de enero del 2025, en el país vecino, Colombia tendrá repercusiones en las comunidades indígenas y colonos del Vichada, pues han sufrido la violencia de varios grupos ilegales que se han disputado esta región, por su ubicación estratégica para el narcotráfico, y porque el abandono del Estado, durante años, ha permitido la apropiación indebida de estos extensos territorios. Vale la pena preguntarse entonces: ¿Es intencional este apagón? ¿A quién (es) le conviene la oscuridad del Vichada? Con certeza no es al pueblo
