Por Lola Portela
El uso de niños, niñas y adolescentes asociados a actores armados preocupa al Comité Internacional de la Cruz Roja. Separar a los menores de edad de sus familias significa un quiebre y un sufrimiento psicológico y psicosocial para las familias, remarcó el Comité en su informe 2024.
Y recientemente se conoció que las disidencias de las Farc han instalado miles de minas antipersonal en el Cañón del Micay, Cauca. Y ante la situación las autoridades advierten que los estudiantes en El Plateado no pueden asistir a la escuela debido al hallazgo de estos explosivos alrededor del plantel escolar, lo que representa un grave riesgo para la comunidad.
El conflicto armado interno, en Colombia, es considerado no internacional, según el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia. Aunque en realidad, desde hace unos años, evidencian que vincula a Venezuela, Ecuador y Brasil, según autoridades internacionales que confrontan el delito del narcotráfico.
“Existen siete conflictos armados no internacionales en Colombia, no es solo el Gobierno contra un grupo armado. No hemos visto una disminución de la conflictividad entre los grupos armados”, ilustró el funcionario, que, además, detalló que “hay tres conflictos del Estado contra grupos armados: ELN, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC y organizaciones herederas de las Farc; y cuatro entre grupos armados: ELN contra AGC, Farc contra Comandos de Frontera, antiguas Farc contra ‘Segunda Marquetalia’ y antiguas Farc contra el ELN”.
Los grupos armados ilegales en Colombia estarían conformados por entre 3.000 disidentes de las FARC, conocidos como Estado Mayor Central (EMC) y unos 9.000 miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia de corte paramilitar, denominados como “El Clan del Golfo”, y se pelean el control territorial, en parte del norte y nororiente colombiano, incluyendo la frontera con Venezuela, zonas en donde se produce cocaína. Además, de los departamentos del Cauca, donde se siembra; Nariño y Chocó, como corredores de salida.
“La situación humanitaria sigue siendo preocupante”, concluyó el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Lorenzo Caraffi, durante presentación del informe 2024 presentado en Bogotá en rueda de prensa a la que asistimos. “Es necesario que las preocupaciones humanitarias ocupen un lugar central en la agenda de conversaciones para la paz”, advirtió el funcionario italiano.
Precisó lo que no es desconocido para los colombianos, y es que “las disputas por el control territorial, así como el miedo que tiene la población de salir durante las confrontaciones armadas, ya sea entre la fuerza pública y grupos armados ilegales, entre estos últimos o por la sospecha de presencia de minas antipersonales, hace que fenómenos como el confinamiento se agudicen en el país”.
19% aumentó el confinamiento en 2023, comparado con 2022
“La población rural está particularmente afectada por este fenómeno”, narró con datos estadísticos Lorenzo Caraffi: “De 39.404 confinamientos de más de 10 familias en 2022, el país pasó el año pasado a registrar más de 47.013 personas afectadas en 10 departamentos del país, siendo Chocó y Nariño, departamentos en el pacífico colombiano, por donde salen la mayoría de las rutas fluviales del narcotráfico, los más afectados por el conflicto armado no internacional en donde hubo aumentos significativos en las afectaciones humanitarias”.
“Durante conversaciones de paz puede haber momentos esperanzadores para el país. Sin embargo, aún hay miles de personas que sufren por cuenta de los ocho conflictos armados no internacionales que, de acuerdo con el análisis jurídico del CICR, existen en el país”, subrayó Caraffi.
“Para que un grupo armado sea clasificado por el CICR, tenemos en cuenta los dos elementos del Derecho Internacional Humanitario: la organización de las partes y la intensidad de la violencia“, dijo durante la entrega del informe, Mariana Chacón Lozano, coordinadora jurídica operacional del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia.
¿Qué pasa con la “Paz Total”?
El presidente colombiano Gustavo Petro, desde que llegó al poder en 2022 se propuso una “Paz Total” que involucre a todos los actores armados, pero los expertos afirman que sin la presencia del Estado en todo el territorio nacional, es muy difícil que las rentas criminales dejen de ser una opción para estos grupos ilícitos que viven de la cocaína, el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y otras actividades criminales, en zonas donde no hay inversión social, infraestructura, escuelas y oportunidades laborales. Con lo cual se puede afirmar que todo se queda en el discurso
Cese al fuego, ¿una zancadilla para la paz?
La nueva presencia de grupos armados en zonas y departamentos donde antes no estaban, se debe al cese al fuego bilateral que se acordó en las mesas de diálogos de paz vigentes entre el gobierno de Gustavo Petro con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con las disidencias de las FARC (EMC), lo que les ha permitido fortalecer su estrategia para la guerra y no para fortalecerse en la paz, afirman varios analistas en la región, entre ellos Indepaz.
Y aunque el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, recordó en un comunicado, que ningún decreto de cese al fuego vigente significa permisibilidad a las organizaciones ilegales para que cometan delitos sin ninguna reacción por parte de la Fuerza Pública, la población se siente entre dos fuegos.
CICR encontró que hay violaciones al DIH, especialmente a partir del 2023. Y es que la situación en las zonas donde trabaja el Comité de la Cruz Roja Internacional en Colombia, no presentó mejoras significativas para las comunidades.
En ese contexto, el Comité documentó 444 presuntas violaciones al Derecho Internacional Humanitario y de otras normas humanitarias por parte de actores armados estatales y no estatales, entre las que se cuentan la violencia sexual, las amenazas, el reclutamiento, las desapariciones, la utilización directa en las hostilidades de niños, niñas y adolescentes, homicidios y el empleo de artefactos explosivos.
“Los actores armados no estatales que están involucrados en conversaciones de paz deben atender el informe del CICR y abstenerse de seguir cometiendo violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Respetar el DIH mostrará su compromiso con la paz y las poblaciones”
Las fuerzas armadas colombianas tienen una cultura propicia al respeto del DIH, aunque algunos opinen lo contrario. Y un gobierno de izquierda, bien se sabe que estaría comprometido con los derechos humanos, pero se estrella con grupos guerrilleros que estructuralmente, no tienen esa formación que es exigencia para la fuerza pública. Internacionalmente es fortaleza del Estado colombiano su compromiso en asegurarse que las Fuerzas Armadas respeten el Derecho Internacional Humanitario, aunque su enemigo interno ni lo contempla.
Reclutamiento forzado de menores de edad
Para Laura Suárez Alonso, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, experta en derechos de niñez y adolescencia, el reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia al igual que fenómenos como la pobreza, la trata de personas o la explotación infantil son de carácter multifactorial. Sin embargo, resaltó Suárez que “las condiciones de vulnerabilidad, las precarias oportunidades en zonas con poca presencia estatal, la inimputabilidad de las personas menores de 18 años entre otros factores, son los causantes del reclutamiento”.
Víctimas de minas antipersonales
En 2023 el CICR registró 380 víctimas directas de minas antipersonales, restos de explosivos de guerra y de artefactos de detonación controlada, 23 de las víctimas fueron menores de edad, y 61 del total, fallecieron.
Pese a la gravedad de las cifras, las víctimas de artefactos explosivos tuvieron una disminución del 27% respecto a 2022, esto no implica una reducción de la presencia, uso y abandono de estos artefactos, advirtió el informe de la CICR.
Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del CICR en Colombia, llamó a acciones concretas hacia la protección a la población civil y recordó que el respeto al Derecho Internacional Humanitario, reduce la barbarie propia de la guerra.
