Por Lola Portela
A pocas horas de iniciarse la jornada electoral en Venezuela el ambiente se torna enrarecido. Durante la mañana de este viernes 26 de julio a varios testigos electorales, autorizados y con credencial del CNE, les han impedido participar de los procesos propios de organización en los lugares de votación. Como quien dice a la oposición no les dejaron vigilar.
Y, por otro lado, cerraron la frontera antes de las elecciones. Aunque distintos funcionarios habían dicho, en las últimas horas, que no habría cierre, ahora una medida ejecutiva, vigente hasta el próximo lunes, ordena lo contrario.
Una resolución oficial, a la que tuvieron acceso medios locales como El Pitazo, establece el cierre total de los pasos fronterizos, tanto desde Colombia, como de Brasil.
Según esa comunicación la frontera con los países vecinos estará cerrada desde hoy 26, hasta el lunes 29 de julio a las 8:00 a.m.
Además, les impidieron despegar, desde Panamá, a los expresidentes, invitados por la oposición, para observar elecciones en Venezuela, pues les cerraron el espacio aéreo.
Los expresidentes tuvieron que bajarse del avión después de una larga espera para despegar.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, denunció el hecho este viernes 26 de julio, pues las autoridades venezolanas impidieron que despegara de Panamá un vuelo de Copa Airlines que transportaba a un grupo de expresidentes latinoamericanos que serían observadores en las elecciones, del domingo 28 de julio, en Venezuela.
“Avión de Copa que transportaba a presidenta [expresidenta panameña Mireya] Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan abordo, por el bloqueo del espacio aéreo venezolano”, aseguró Mulino en su cuenta de X.
Y, en ese contexto, el expresidente mexicano Vicente Fox acusó al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de hacer “otra de sus tropelías”. “Y la gente dentro asándose de calor, pero escuchamos el himno nacional venezolano, una y otra vez”, dijo.
En ese vuelo frustrado también estaban presentes el expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez y la exvicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez. Todos ellos viajaban a Venezuela para ser observadores de los comicios presidenciales que se celebran este domingo en el país latinoamericano.
“Venezolanos que venían en el mismo vuelo aplauden y cantan el himno en respaldo a los líderes mundiales. Muchos de esos ciudadanos vienen a ejercer su derecho al voto el domingo 28 de julio”, señaló la cuenta oficial de la campaña de la opositora María Corina Machado y el candidato Edmundo González.
Análisis pesimista
Aunque, durante meses, numerosas encuestas independientes han otorgado una ventaja de más de 20 puntos a Edmundo González Urrutia y han indicado un marcado rechazo hacia la reelección de Nicolás Maduro, desgastado por la larga crisis del país, algunos analistas advierten que los resultados están lejos de estar garantizados.
En primer lugar, por los obstáculos que han enfrentado los opositores.
Desde 2023, cuando se realizó la elección primaria para escoger al candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, la oposición viene acusando al oficialismo de actuar con ventajismo de cara a estos comicios.
La principal queja fue la inhabilitación política de María Corina Machado, a quien, pese a haber ganado, con una votación abrumadora, las primarias de la oposición, no se le permitió inscribir su candidatura presidencial debido a una sanción administrativa de la Contraloría General de la República.
Más allá de rechazar que Machado realmente haya incurrido en alguna falta, la oposición ha recordado que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la inhabilitación de candidatos solo debe imponerse tras una condena judicial en un proceso penal y no por un procedimiento administrativo.
Esa medida fue anunciada en junio de 2023 por el entonces Contralor General de la República, Elvis Amoroso, quien actualmente es el encargado de las elecciones, pues preside el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ha sido diputado a la Asamblea Nacional, por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
Como quien dice, no habría allí una garantía clara de transparencia, en los resultados.
Además, en lo que va de año y hasta el pasado 16 de julio se habían registrado en Venezuela 102 detenciones de personas vinculadas con la oposición, de las cuales 77 ocurrieron desde el inicio formal de la campaña, en julio, de acuerdo con la ONG Foro Penal.
A esa lista hay que sumarle el nombre de Milciades Ávila, jefe de seguridad de Machado, que fue detenido el 17 de julio y liberado bajo condiciones, al día siguiente.
Muchos de los detenidos son coordinadores de comandos de campaña de la oposición en distintos estados del país, dirigentes o simpatizantes de los partidos de la Plataforma Unitaria.
Adicionalmente, hay seis colaboradores cercanos de Machado refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, de donde no han podido salir debido a que el gobierno venezolano los acusa de estar vinculados con planes desestabilizadores.
La oposición también ha denunciado que otras instituciones del Estado, como el ente recaudador de impuestos, Seniat, han sancionado a hoteles y restaurantes que han prestado servicios a los equipos de campaña de la oposición.
Por supuesto, el gobierno de Nicolás Maduro asegura que estas decisiones son respetuosas de la ley y niega que se trate de represalias políticas.
El CNE impuso un conjunto de restricciones indebidas para impedir que los venezolanos en el extranjero puedan votar. Por eso de los más de 7,7 millones de venezolanos fuera del país, solamente hay 69.189 inscritos para votar, de acuerdo con datos del Registro Electoral Preliminar citados por el sitio especializado en elecciones Votoscopio.
Los venezolanos residentes en Estados Unidos y en Ecuador, no podrán votar porque los consulados en esos países están cerrados.
Otros, sin embargo, no lograron inscribirse o actualizar su registro en los consulados de los países donde viven, debido al calendario restringido impuesto por el CNE o porque la ley electoral aprobada bajo el chavismo exige requisitos difíciles de cumplir por la reciente diáspora, como la posesión de un permiso de residencia o de un pasaporte venezolano vigente.
Esta limitación al voto en el extranjero es vista como un mecanismo aplicado por las autoridades para reducir indirectamente los votos de la oposición que históricamente es favorecida de forma abrumadora por los venezolanos fuera del país.
Sin duda, son unas elecciones presidenciales donde el gobierno tiene muchas ventajas en términos de control institucional, recursos, comunicación y movilización.
Con este panorama, se puede afirmar que en Venezuela no habría una elección transparente y competitiva, lo que se ve es una elección donde la oposición decidió jugársela a pesar de los obstáculos y dificultades, antes y durante la fuerte campaña electoral.
El deseo de cambio de los ciudadanos es lo que diferencia estas elecciones de los comicios anteriores, como los de 2018, en los que la oposición ni siquiera quiso participar por no considerarlos competitivos.
Y aunque muchos señalen, con pesimismo. las dificultades que enfrenta la oposición, por ser similares a las que hubo en el pasado. En Venezuela se respira esperanza, fe, alianza con Dios. Y eso es poderoso.
Aunque no podemos negar que estamos frente una autoridad electoral controlada totalmente por el gobierno, que parte desde inhabilitar a varios partidos y candidatos de la oposición, usando todos los poderes del Estado y han hecho lo impensable, por desanimar la competencia, frente a ello, tenemos una oposición que arrasa con esa aceptación multitudinaria, tan necesaria para seguir creyendo hasta el día de las votaciones.
Y es que durante estos 25 años el proyecto chavista ha sido construido sobre la base del rechazo a la alternancia política, y con vocación de permanencia, como deja claro uno de sus lemas: “No volverán”.
Estamos ante una oposición que es favorita en términos de preferencia en las encuestas, pero el gobierno tiene una mayor capacidad para mover a sus seguidores a votar.
Hay mucho en juego, porque en el caso de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido oficialista PSUV, entregar el poder tiene una gran dificultad añadida, pues les dejaría expuestos a una serie de investigaciones y sanciones internacionales.
Y es que algunas investigaciones corresponden a supuestas violaciones a los derechos humanos, como la que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra Venezuela. Además, de los asuntos judiciales, que son parte de investigaciones, por entes internacionales que hasta tienen precio, por contribuir a sus capturas.
Para unos es fiable el sistema de votación, aunque para otros no lo es.
Los venezolanos votan en una máquina que emite un comprobante de papel que se deposita en una caja, lo que permite contrastar luego los resultados que arroja la máquina con el conteo de los votos en papel.
El pueblo venezolano se enfrentará, este 28 de julio, a la capacidad de movilización del gobierno que, obviamente, es superior a la de la oposición, porque el gobierno tiene recursos, maquinaria y capacidad de presión. Es decir, aplicarán la movilización inducida; mientras que la oposición tiene una movilización espontánea y voluntaria que depende del deseo de la gente de votar.
El régimen de Nicolás Maduro cerró las puertas a la observación internacional. Por eso, como nunca, el voto de cada venezolano, que desea la libertad, el respeto, el regreso de su gente, y el resurgir de su país es el arma que, junto a la inmensa fe, no puede detenerse, a pesar de las amenazas, los cierres de fronteras y hasta de cielos del país, para que muchos lleguen a votar.
