Por Lola Portela
El mandatario dejó claro que las operaciones contra las disidencias de las Farc que no están dentro de un proceso de paz, continuarán.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los hechos que ocurrieron en el departamento de Antioquia, dado que mediante un retén se logra saber que esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, UNP, eran utilizados para transportar miembros de las disidencias de las Farc; con órdenes de captura vigentes.
“El autodenominado Estado Mayor es una federación de frentes ilegales dirigidos entre otros por alias ‘Calarcá’, están en negociaciones de paz con el Gobierno. El protocolo de esas negociaciones, prestablecido, permite que algunos de sus delegados de acuerdo con la ley, estén cobijados por medidas de suspensión de órdenes de captura mientras se dialoga en sitios y mesas previamente acordados”, dijo el mandatario.
De igual forma, el presidente explicó qué pasará con las personas que no estaban dentro del proceso de paz y que iban en esos vehículos.
“En los hechos sucedidos en Antioquia, mi Gobierno, gracias al Ejército, ha capturado a varios miembros del EMC en su desplazamiento. Los que no estaban cobijados por la medida de levantamiento de la orden de captura pasan a los procesos penales de rigor que se les adelantan y a quienes nos comprometimos a no capturar previamente, por ser delegados en las negociaciones, no”, agregó.
Entre tanto, Petro explicó qué pasará con los frentes de las disidencias de las Farc liderados por alias ‘Iván Mordisco’.
“La otra parte del EM, frentes dirigidos, entre otros, por alias ‘Iván Mordisco’, están completamente por fuera de procesos de acuerdos de paz. Contra ellos se desarrolla una ofensiva militar, específicamente en el Cauca, Valle del Cauca y Guaviare”, puntualizó.
Por último, el mandatario aseguró que las operaciones contra ciertos grupos de disidencias continuarán.
“En el desarrollo de las operaciones, hemos recuperado terreno que habían tomado desde la época de Duque y capturado decenas de sus integrantes. Su respuesta son los explosivos, que, en su desespero, arrojan contra la población civil de los poblados donde hasta hace unas semanas controlaban. Esperamos que los frentes que mantienen negociaciones dejen definitivamente la violencia y que quienes decidieron el camino de la guerra sean debilitados al máximo y derrotados”, concluyó.
¿Con licencia para delinquir?
El inconformismo en Colombia es total, a pesar de las “explicaciones” del presidente de Colombia; a propósito de los disidentes de las Farc, capturados en carros pagados por el Estado y donde se les encontró dinero y armas, asuntos a los que el mandatario no se ha referido, como tampoco lo hizo sobre un delicado párrafo del documento firmado por la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, que literalmente dice:
“La suspensión de las órdenes de captura como se dispone en la Resolución 0282, se hace extensiva a las situaciones de flagrancia, de modo que sírvase ordenar la libertad de Erilinson Echavarría Escobar, en tanto en virtud de esa decisión, no puede ser capturado”.
Entonces ¿Esto significa que independientemente del delito en el que sea sorprendido Erilinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, por las autoridades y aunque sea en “flagrancia”, este criminal “no puede ser capturado”?
Cabe anotar que se trata de un sanguinario, cabecilla del frente 18 de las disidencias de las Farc. Un asesino y un reclutador de niños profesional. Y esta vez, cuando fue descubierto, en la tal caravana, portaba armas ilegalmente.
Lo delicado del asunto es que, según ese documento, alias Ramiro, tendría licencia para delinquir, por parte del Gobierno Petro, y de la fiscal Luz Adriana Camargo.
Cabe otra pregunta, ¿dónde queda la separación de poderes? Se ve ahora una Fiscalía arrodillada a los mandamientos de la Casa de Nariño.
Y es que cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación es una entidad independiente, por pertenecer a la rama de judicial, y es la “encargada de investigar y acusar ante los juzgados y tribunales competentes a quienes se presuma han cometido algún delito que atente contra la vida, la seguridad o los bienes de otro”.
Además, no podemos olvidar que entre las funciones de la Fiscalía también está “velar por la protección de las víctimas, testigos y peritos”.
Por lo cual, levantar órdenes de captura, caprichosamente, y a conveniencia de los delincuentes, dejando de lado el enorme daño causado, no es lo propio, en un estado de derecho (norma jurídica fundamental es la Constitución), y mucho menos si el delincuente es encontrado en fragancia, o con las manos en la masa, mejor dicho, haciendo de las suyas, para que se entienda, como en este caso.
El disgusto generalizado; de la mayoría de los colombianos, también es porque “mientras los líderes sociales mendigan, ruegan y hacen filas, durante años, para lograr un esquema de seguridad de la UNP, los terroristas de la guerrilla, que los matan, andan hasta en caravana de carros blindados y escoltas, pagados con dinero del país, privilegios dados por la UNP y el gobierno Petro”.
“En la potencia mundial de la vida de Petro se protege a los asesinos y se deja a merced a las víctimas”, es otro de los fuertes señalamientos, al gobierno nacional.
Y otra crítica, con respecto al caso es “¿Para qué perseguir a los delincuentes, si luego son dejados en libertad?”.
