Por Lola Portela
Esta nueva legislatura del Congreso arranca con una serie de escándalos, debates y crisis internas en varios partidos, lo que podría tener efecto no solo en el mapa político del Legislativo, sino también en la forma en la que las colectividades terminen votando proyectos clave.
Y es que el histórico escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), es tan delicado como el de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, pues toca la integridad no sólo de congresistas, sino de ministros, asesores, altos consejeros que aunque se rasgan las vestiduras alegando ser inocentes, son tan contundentes e irrebatibles las pruebas que han presentado el exdirector de la entidad, Olmedo López, y el exsubdirector, Sneyder Pinilla, que no hay cómo creer en esa “inocencia”.
La Alianza Verde, sin duda alguna, es el partido que arranca con más disputas. Y se fisuró aún más en el marco de la elección de designado a la presidencia de la Cámara, por lo que la división interna de los bloques petristas y antipetristas es más visible.
De hecho, se está a la espera de que esa colectividad defina la fecha para la reunión de bancadas y de sus directivas, con el fin de determinar qué parlamentarios seguirán en la oficialidad del partido y cuáles podrían dejar la colectividad.
Como se sabe, algunos congresistas abiertamente partidarios del Gobierno han pedido pistas en la eventual lista del Pacto Histórico para las parlamentarias de 2026. Otros críticos consideran que la administración Petro estaría pensando armar tolda aparte.
Y es que en medio de tanto escándalo de corrupción, que toca a más de un congresista, ahora sale a la luz pública una libreta, que la revista SEMANA obtuvo en exclusiva y sería uno de los documentos importantes a los que se refería Olmedo López, como pruebas, en sus declaraciones.
Los petristas y seguidores que se niegan a ver el entramado o cónclave de corrupción del gobierno actual, aún alegan que: no hay pruebas.
Sin embargo, según el exdirector de la UNGRD, Karen Manrique, la araucana representante a la Cámara por este departamento que ingresó al Congreso de la República como parte de las 16 curules de paz, ahora es nombrada en el escándalo de la UNGRD.
De esta manera, la congresista Karen Manrique se convirtió en una de las protagonistas de los supuestos contratos que beneficiarían a varios congresistas para que aprobaran las reformas del Gobierno Nacional. Y, además, es señalada de ser la intermediaria de contratos que se habrían otorgado al ELN bajo instrucciones de ministros y altos funcionarios para mantener al grupo guerrillero en la mesa de negociaciones.
Cabe anotar que la Corte Suprema de Justicia ya inició una investigación formal contra ésta y otros congresistas. La congresista Karen Manrique señaló que “en el cumplimiento de sus gestiones se ha reunido con altos funcionarios incluido el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla”, uno de los mencionados en las declaraciones de Olmedo López. Y eso no tendría nada de raro, pues los Congresistas son los encargados de “patinar” presupuestos para beneficiar a sus regiones. Aquí el asunto, de este escándalo es el cómo y el para qué.
Y es que con lo que seguramente no contaba, el Gobierno ni la congresista Karen Manrique era que Olmedo López entregara una de las pruebas que no sólo involucra directamente a la legisladora, sino demuestra el entramado estratégicamente y diseñado, desde la corrupción.
Se trata de unos apuntes donde Manrique, de puño y letra, escribiría los nombres de cinco de sus colegas y el suyo propio, cuando López le pidió que le hiciera la lista de quienes están pendientes de los contratos en Carmen de Bolívar (Bolívar), Cotorra (Córdoba) y Saravena (Arauca). Estos sumaban 92.000 millones de pesos.
Y en la tal libreta, que describen “de tamaño media carta, cuadriculada y de color amarillo”, dice la revista SEMANA: “se observan dos tipos de letra: la de la representante Manrique, según reveló (Olmedo) López, y la de él mismo. Todo sería una negociación en la que los congresistas habrían vendido su voto por contratos”.
“La hoja, en la parte superior, tiene la siguiente anotación: “Integrantes C. Crédito P.”. En referencia a la Comisión de Crédito Público del Congreso. Al lado de algunos congresistas aparece su lugar de origen (Costa, Antioquia, Saravena)”, describe SEMANA.
Allí, en el documento, se leen perfectamente los nombres de los otros congresistas: Wadith Manzur (partido Conservador), Liliana Bitar (partido Conservador, Julián Peinado (partido Liberal), Juan Diego Muñoz (partido Verde), Juan Pablo Gallo (partido Liberal) y la propia Karen Manrique. Aunque según las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, serían otros más. Por su puesto, los congresistas dicen que Olmedo López ¡miente!
Y es que Olmedo López señaló también que el propósito de varios de los contratos era apoyar las negociaciones de paz con el ELN y asegurar la estabilidad en diversas regiones conflictivas del país. De acuerdo con López, Karen Manrique y otros legisladores buscaban que estos contratos se destinaran a municipios dominados por la guerrilla, como Saravena, en el departamento de Arauca. La estrategia, según López, era “garantizar votos positivos en proyectos de ley clave para el gobierno”.
En la hoja cuadriculada, al lado de la letra de Karen Manrique, aparece otra caligrafía. Según Olmedo López, es la de él. Y allí se lee: “Créditos aprobados en diciembre (15), país no se quedará sin energía. Doy fe”. Y seguido como para descartar cualquier de duda, estampó su propia firma.
Aunque pareciera como un eco, el escuchar fue: “a mis espaldas”, “yo no sabía”, y “hasta yo lo crie”, para zafarse de responsabilidades. El asunto ahora es que, todavía, hay evidencias tan contundentes que no se pueden descartar, pues dan cuenta de los encuentros en la UNGRD de Karen Manrique y los directivos de esa entidad, involucrados en el escándalo.
Una de ellas es bitácora de ingresos de la representante Manrique, quien entró en ocho ocasiones a la UNGRD para reuniones con la Dirección General y directamente con Pinilla. Las fechas de esos ingresos son: 20 de septiembre, 6 de octubre, 3 de noviembre, 20 de noviembre, 21 de noviembre, 14 de diciembre, 22 de enero y 7 de febrero. A varios de esos encuentros asistió en compañía del señor Gustavo González, quien en cada uno de sus ingresos a la entidad ponía el nombre de Manrique como su contacto de emergencia. En otras dos ocasiones él asistió solo a la entidad, reportándose como un enviado de la Cámara de Representantes.
En medio de tanta evidencia en su contra, hoy la coalición del Pacto Histórico arranca la tercera legislación con varios temas pendientes, pero con gran incertidumbre. Entre ellas, cómo lograr aprobar sus reformas y la estrategia electoral y política de cara al 2026. Unos afirman que desean perpetuarse. El asunto no es tan fácil, pues el Pacto Histórico y el mismo presidente Gustavo Petro están en el “ojo del huracán”, nacional e internacionalmente.
Y como se sabe, esa coalición no puede volver a presentarse en los próximos comicios parlamentarios, luego de que en 2022 lograron más del 15% de votos en esta contienda.
Ello les obligaría, entonces, a que tengan que organizar un nuevo partido, y para eso es clave que se pueda avanzar en el proyecto de transfuguismo partidista, que permitiría a senadores y representantes trastearse de colectividad sin sanción alguna.
Esta iniciativa fue discutida en la pasada legislatura, pero se hundió, en gran parte por la negativa de partidos de oposición e independientes de apoyar su trámite. Y mucho más ahora que el huracán está sobre los corruptos, ya no tan invisibles.
Y, en ese contexto, juega un papel relevante el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por ser enlace entre la Casa de Nariño y el Congreso; quien no la tiene tan fácil, ya que no se ve que los partidos de centro y centroderecha estén dispuestos a aprobar esa iniciativa (transfuguismo partidista) que favorecería principalmente a las toldas petristas.
Además, hay roces y cortocircuitos con ministros y exministros, así como con altos funcionarios de la Casa de Nariño, que también están interesados en maniobrar dentro de esta pugna, de cara a señalar al aspirante a la sucesión del hoy jefe de Estado.
Además, algunas facciones del Pacto Histórico estarían pensando en marcar distancia con el Ejecutivo, con el fin de no verse salpicadas política y electoralmente por los escándalos en torno al presidente Petro y por la impopularidad del mismo.
Esta tercera legislatura, es definitiva en el ámbito electoral e inicia con varias facturas en el Pacto Histórico, de cara no solo a la conformación de listas para Senado y Cámara para 2026, sino de frente a la preeminencia de alguna de ellas ante la Casa de Nariño.
Es también una legislatura definitiva en el Congreso, para los proyectos del Gobierno, y los de origen parlamentario, en donde de entrada se concentrará el interés en la controvertida reforma Laboral, que llega a segundo debate en la plenaria de la Cámara, y la reforma a la Salud, de la cual se anuncia que se radicarán varios proyectos, entre éstos de la Casa de Nariño, en medio de una de las crisis más fuertes que vive el sector.
El Gobierno anunció también, para la legislatura que inicia hoy, un grueso paquete de proyectos consistente en iniciativas que se hundieron en la segunda y otras nuevas que ha venido aplazando su radicación.
Y en ese paquete estaría una iniciativa que busca prohibir el uso de la técnica del fracking en la explotación de petróleo y gas, por su eventual afectación al medioambiente.
Así mismo, el Ejecutivo anticipó que en la tercera legislatura presentará nuevos proyectos como su segunda reforma Tributaria, aunque la llama ley de reactivación económica, porque bajaría el impuesto de renta a las empresas buscando incrementar el hasta ahora pobre crecimiento de la economía; la reforma a la Justicia, en la que viene trabajando desde el principio de este año, por medio de una comisión de expertos.
También el presidente Petro en reiteradas ocasiones anunció la reforma a la Ley 142 de 1994 (de servicios públicos), principalmente con el propósito de solucionar el gran problema de las altas tarifas de energía, que en la costa Caribe son aún más altas que en el resto del país. Gobernadores y alcaldes de esta región exigen soluciones, al tiempo que crece la inconformidad de los ciudadanos que se ha expresado incluso por medio de marchas. Otra sería la reforma al Código Minero.
Sin embargo, no la tiene fácil el Ejecutivo. Aunque el Gobierno con la llegada de Juan Fernando Cristo a la cartera del Interior, en reemplazo de Velasco, cambiara la estrategia para buscar la aprobación de sus proyectos, que han tenido grandes dificultades para salir adelante en las dos primeras legislaturas, por falta de consensuarlos con las bancadas de los partidos que no son cercanos a la Casa de Nariño y también porque la coalición se debilitó desde mayo de 2023, por la salida del Partido Conservador.
Cabe recordar que desde el pasado 10 de julio, Juan Fernando Cristo inició su trabajo, pues dijo: “hoy iniciamos una jornada de conversaciones con todas las bancadas en el Congreso, comenzando con los partidos de Gobierno y continuaremos con los partidos independientes”.
La pregunta es ¿qué pensará el ministro del Interior, Cristo, ahora que explota la olla podrida, y que los Congresistas “amigos” entrarán en un “sálvese quien pueda”?
