Por Lola Portela
El ambiente en la Corte Suprema de Justicia es tenso e incómodo, según lo relataron a Prensa Llanera varias fuentes que estuvieron presentes en reuniones de alto nivel.
Y es que la publicación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que expone la extensa declaración de Olmedo López al tribunal, hizo que se tomaran varias decisiones luego de citar a una reunión extraordinaria con toda la Sala de Instrucción.
El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo dio un giro importante. Todo parecía muy quieto, pero esa investigación llevó a una reunión extraordinaria de la Corte Suprema.
Credibilidad del gobierno Petro en el piso
Sin embargo, lo más importante de la jornada en la Corte fue la citación al propio presidente Gustavo Petro para que declare, dado que fue él mismo mandatario quien nombró a Olmedo como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Aunque Olmedo López ha dicho, en todos los escenarios, que el mandatario no estaba enterado de los delitos que este y una red de corrupción al interior del Gobierno y el Congreso estaban presuntamente cometiendo.
Unido a ello, la tormenta política se agudizó con las revelaciones de una publicación contundente, en donde se mostraron los chats de Sneyder Pinilla con tres personas: el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, su asesora, María Alejandra Benavides, y Jaime Ramírez. Este último es el enlace de Presidencia con el Congreso, y hoy mano derecha de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Laura Sarabia.
Las conversaciones de esos chats, van de la mano de la realidad política del país en ese momento, pues la estrategia de corrupción se habría acordado desde septiembre, cuando el Ministerio de Hacienda avaló la disponibilidad presupuestal de 700.000 millones de pesos, que en la UNGRD se pueden mover fácilmente sin cumplir la ley de contratación pública. Sneyder Pinilla aseguró a la Fiscalía que, días después de esa resolución su jefe, Olmedo López, le envió una matriz en la que se detallaban los proyectos que debían ordenarse por alrededor de 92.000 millones en contratos para Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca; y El Salado en Bolívar.
Ya con la orden dada por parte de los ministros Bonilla y Velasco, supuestamente, empiezan a ejecutar el plan corrupto, con una necesidad apremiante de que los congresistas que forman parte de la Comisión de Crédito Público voten rápidamente, porque estaban en riesgo los créditos para la nación.
Por eso, el 14 de noviembre, el mismo ministro Bonilla empieza a buscar afanosamente a Olmedo López y a través del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla. Acuerdan una cita para el siguiente día en la mañana. Paralelo a esto, y ante la necesidad del voto de los congresistas, la secretaria de López le dice que lo está buscando el señor Jaime Ramírez Cobo, nada menos que el enlace del Gobierno en el Congreso, mano derecha de ministro Velasco, con un recado claro: “hay que sacar esos contratos de forma urgente”.
Esos contratos tenían el objeto de realizar obras de mitigación y prevención de riesgo. Lo más grave de la historia es que los proyectos fueron aparentemente definidos por Jaime Ramírez Cobo, el asesor de Sarabia, quien para diciembre trabajaba en Presidencia al lado de Carlos Ramón González.
Y es que, en medio de las polémicas de caso, el nombre de Carlos Ramón González Merchán, toma fuerza, a pesar que él mantiene un notorio silencio. Actualmente, está al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Sin embargo, González Merchán es señalado como una figura clave dentro de este entramado de los escándalos de corrupción que involucran a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
En definitiva, llama la atención también que Carlos Ramón González Merchán, a pesar de su posición de poder, no ha hecho declaraciones públicas sobre las acusaciones que lo relacionan, a él, y a importantes miembros de su partido con malversación de fondos y sobornos.
Antes de asumir la dirección de la DNI, Carlos Ramón González Merchán ocupó el cargo de director del Departamento Administrativo de la Presidencia, solo para ser reemplazado por Laura Sarabia en circunstancias poco claras, cuando se dio el escándalo por maletines con dineros, entre Benedetti, Sarabia que incluyen hasta a la niñera de Laura Sarabia.
Cabe anotar que la trayectoria de Carlos Ramón González incluye una significativa huella en la política, habiendo sido hasta escolta de Jaime Bateman Cayón y forjando una cercanía con el actual presidente Gustavo Petro desde su época en la guerrilla, cuando fue miembro del M-19.
Este hombre reservado, que proviene de Puente Nacional, Santander, ha sido un estratega político tras bambalinas, logrando alinear diversos intereses dentro del espectro político colombiano. Ahora su nombre vuelve a sonar, en estas nuevas revelaciones sobre el caso de corrupción de Ungrd.
En los chats que Pinilla entregó a la Fiscalía Jaime Ramírez Cobo, le escribió a Sneyder Pinilla: “Hola Sneyder, cómo estás? Soy Jaime Ramírez Cobo, asesor de Presidencia de la República. Necesitamos de tu ayuda”. Pinilla inmediatamente le responde: “sobre qué tema, dr?” Y Ramírez le contesta que le había enviado un cuadro a la secretaria de López en la UNGRD.
En la conversación Pinilla le explica al joven asesor Jaime Ramírez que ese tema lo debe hablar el ministro del Interior, con el director Olmedo López, pero Ramírez le explica que esos proyectos están relacionados con el Ministerio de Hacienda. Incluso le pide a Pinilla que hablen con el ministro y ante la imposibilidad de la comunicación, finalmente le escribe: “Lo entendemos de verdad, pero se nos van a caer los créditos de la nación. Por eso es la urgencia”. Esa conversación ocurrió el pasado 14 de diciembre.
Este hecho es fundamental porque Jaime Ramírez es también el mismo alto funcionario del viaje en el avión de la empresa Mile High Jets que pagó el empresario barranquillero David Cure, en el que fueron en noviembre a un concierto de Karol G, en Medellín, Jaime Ramírez y su pareja Daniela Andrade Valencia, Andrés Sarabia y el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, también acusado de recibir mil millones de pesos en el escándalo.
Es de recordar que Daniela Andrade Valencia fue fugazmente vicepresidenta de Contratación de la Fiduprevisora y, como lo confirmó, en su momento, el expresidente de esa entidad Mauricio Marín, Daniela Andrade estaba encargada del fondo de la UNGRD, en donde estaban todos los recursos de la institución.
El chat directo del ministro de Hacienda
Según los chat el ministro Bonilla también le escribió directamente a Sneyder Pinilla, ante la ausencia de respuesta de Olmedo López, quien aparentemente tenía comunicación prioritaria con Luis Fernando Velasco, en ese momento. El mismo 14 de diciembre Ricardo Bonilla aparece diciéndole a Pinilla: “buenas tardes subdirector”. Pinilla le contesta: “cómo está dr”, y el ministro de Hacienda de Colombia responde: “preocupado por destino recursos proyectos viabilizados”.
Esa respuesta hace débil la defensa del jefe de la cartera de Hacienda, quien ha dicho hasta ahora que él no es ordenador del gasto y no firma contratos porque su función es destinar los recursos del presupuesto nacional a todas las entidades.
Queda también claro que, Jaime Ramírez, el enlace de Presidencia con el Congreso, cercano a Laura Sarabia, quien para entonces era la directora del Departamento de Prosperidad Social, pero acompañaba al presidente en toda la agenda de Gobierno, estaba presionando junto con el ministro de Hacienda para que la Unidad de Gestión del Riesgo acelerara la contratación de proyectos a tres regiones, porque, según Jaime Ramírez, se iban a caer los créditos de la nación. Las evidencias parecen ser contundentes.
Y en ese contexto, la Corte decidió mover el expediente en el que se investiga a los congresistas mencionados por Olmedo López y Sneyder Pinilla y lo designó al presidente de la Sala. De esa manera ahora el magistrado Misael Rodríguez Castellanos, asumió el caso.
Cabe anotar también que el magistrado Misael Rodríguez Castellanos, quien toma ahora el proceso por el escándalo de la UNGRD, cuando era fiscal en la década pasada, investigó las chuzadas del DAS. Luego como magistrado manejó el caso Santrich y participó en la medida de aseguramiento contra el exsenador Álvaro Uribe.
Además, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema publicó un comunicado deplorando la filtración de la declaración, que es una pieza reservada de una indagación en desarrollo, y anunció la apertura de una investigación al respecto.
Por su parte, la opinión pública, el país entero, que sigue este enorme escándalo de corrupción que ya hasta involucra contratos para la guerrilla del ELN, pide que todas las actuaciones y declaraciones del caso sean públicas, tanto en la Corte como en la Fiscalía, por ser de interés nacional y trascendencia internacional.
“El camino no es el silencio”, “Todos deberían estar en la cárcel”. “Se perdió la confianza en el Gobierno”, son algunas de las opiniones de los colombianos, del pueblo, en las redes.
