Por Lola Portela
Mediante un comunicado los presidentes de las Altas Cortes de Colombia: el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, expresan su preocupación ante los hechos denunciados por el vicepresidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez.
El magistrado Ibáñez denunció ante la Fiscalía General de la Nación los hechos que demostrarían que estaba siendo víctima de monitoreos y seguimientos ilegales a sus comunicaciones.
Las Altas Cortes indican que las denuncias de interceptaciones ilegales, “no solo comprometen la seguridad de los magistrados, sino la independencia de la rama judicial en Colombia”.
“Rechazamos con vehemencia los hechos que han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, que, de verificarse, ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”, se lee en el comunicado de las Altas Cortes.
En ese mismo texto, los presidentes de los cuatro tribunales piden al Gobierno nacional proporcionar las garantías para el cumplimiento de la labor de los magistrados. También le solicitan celeridad a la Fiscalía para llevar a cabo las investigaciones del caso.
El magistrado Ibañez, en su estado de WhatsApp, publicó: “Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”.
Previo al comunicado emitido por los presidentes de los tribunales, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial también había emitido una comunicación, en el mismo tono: “Rechaza de manera contundente cualquier acto de presión, intimidación o intervención ilegal en contra de la justicia”, indicaba el texto.
Y es que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez denunció que tanto él como algunos de sus magistrados auxiliares han sido víctimas de intervenciones telefónicas ilegales.
Ibáñez no descarta que otros magistrados de la Corte Constitucional también estén siendo afectados y asegura que su esposa también es víctima de esa misma práctica ilegal.
Tras recibir la carta, la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una investigación para esclarecer las denuncias; ya hay fiscal delegado para llevar el caso y sobre las 2:00 p. m. del 24 de junio, se espera que la fiscal Luz Adriana Camargo se reúna con el vicepresidente de la Corte Constitucional para conocer los detalles de la situación.
Frente a la delicada situación, el presidente Gustavo Petro asegura que el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) no tiene la capacidad técnica para interceptar servicios de telefonía privada. A pesar de esto, la Presidencia ha ordenado una investigación interna para aclarar los hechos.
En la red social X, Petro negó rotundamente los señalamientos: “Desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen”.
El senador David Luna, de Cambio Radical, ha sido uno de los críticos de esta situación. Luna fue quien citó a un debate de control político al director del DNI, Carlos Ramón González, y le realizó varios interrogantes sobre estas prácticas: “Le pregunté al doctor González, bajo juramento, si estaba chuzando, perfilando o siguiendo a periodistas, militares retirados y miembros de la oposición, y él contestó que no lo había hecho, pero que no le constaba si alguno de sus antecesores lo había hecho. Esto es gravísimo”, afirmó el senador Luna.
La polémica es enorme en Colombia, y se inician las investigaciones, al respecto. “A mí sí me gustaría saber si el gobierno de Gustavo Petro nos está chuzando”, ha expresado en varias oportunidades el Senador David Luna.
