Por Lola Portela
Togados habrían pedido a la fiscal Luz Adriana Camargo investigar posibles interceptaciones ilegales.
Y esto se da después que Carlos Ramón González jefe actual de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), dijo el pasado miércoles en el Congreso de la República que “este gobierno no realiza interceptaciones ilegales a magistrados y periodistas”.
Sin embargo, ese mismo día los togados de la Corte Constitucional le habrían pedido a la fiscal, Luz Adriana Camargo, investigar si los están chuzando.
Así mismo, el funcionario reconoció que magistrados de las altas cortes le han expresado su preocupación por rumores sobre supuestas interceptaciones.
En desarrollo de la citación, el senador David Luna sugirió que desde la DNI están haciendo interceptaciones ilegales de las comunicaciones de la oposición, y en medio de un debate cuestionó a Carlos Ramón González sobre si se han comprado equipos especializados que se usan para estas intervenciones y otros que son invasivos sin la autorización de la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con lo que se ha conocido, el encuentro de la fiscal con los togados se extendió por 40 minutos, tiempo en el que le expusieron sospechas de que sus teléfonos móviles y otros medios de comunicación podrían estar siendo interceptados ilegalmente. Además, indicaron que han sido objeto de seguimientos y espionaje, lo cual se afecta la integridad de las deliberaciones y decisiones del Alto Tribunal.
Ante estas denuncias, se solicitó formalmente a la Fiscalía que investigue la veracidad de estas afirmaciones. Y además se determine si desde hace meses se ha desplegado una operación de inteligencia contra miembros de la Corte.
Esta situación ha generado una enorme inquietud, no solo en el ámbito judicial, sino también en el político y en el periodismo.
El magistrado Jorge Ibáñez había manifestado la necesidad de mayor protección para los magistrados y sus familias en una reunión de la Comisión Intersectorial de la Rama Judicial, celebrada unos días antes. No obstante, la gravedad del asunto llevó a los magistrados a plantear sus inquietudes directamente a la Fiscal General, Luz Adriana Camargo.
Durante del debate Carlos Ramón González Merchán negó categóricamente estas acusaciones y aseguró que su oficina jamás adelantaría este tipo de acciones por principio y valor ético del Gobierno.
“Este gobierno no hacemos eso”, declaró. Además, desmintió la existencia de un supuesto grupo llamado ‘Orión’, y rechazó su implicación en escándalos de corrupción recientes.
Y expresó reiteradamente que, en el pasado, la Dirección Nacional de Inteligencia si lo ha hecho. Dijo que en este gobierno no han encontrado este tipo de situaciones y que hay investigaciones, pendientes de resolver, del pasado. Dijo también “nosotros no reconocemos enemigos”. Y frente a todas las preguntas dijo: no, en nuestro gobierno no hay eso.
Y, dijo que esa sensación genera pánico, zozobra incertidumbre en las personas. Y propuso una comisión permanente, una veeduría para hacerle seguimiento a las actividades de inteligencia. Y, de parte del presidente Petro, pidió una veeduría judicial para que le hagan seguimiento, y control a las actividades de inteligencia.
Por su parte, el senador David Luna tras el debate, dijo: “esperamos que nos hayan dicho la verdad, pero el director nacional de Inteligencia negó todo lo que nosotros preguntamos”.
Sin embargo, el pasado 14 de junio de 2024, se informó sobre un mensaje de alerta enviado por un magistrado a través de WhatsApp, en el que denunciaba la intervención ilegal de sus comunicaciones por parte de organismos de inteligencia del Estado. Esta denuncia, junto con las inquietudes presentadas por la Corte Constitucional, ahora se encuentra en manos de la Fiscalía, que tiene la responsabilidad de investigar y esclarecer los hechos.
Como parte del debate, el congresista explicó que González “estaba en la obligación de contarle al país si es cierto sí o no y bajo la gravedad del juramento, si ellos están interceptando ilegalmente a miembros de la oposición, a periodistas, a militares en uso de buen retiro. Sí, están alquilando inmuebles para hacerle perfilamiento a quienes piensan distinto al gobierno del presidente Petro, sí, si se están utilizando gastos reservados para la compra de elementos, de herramientas para la interceptación de mensajería instantánea tipo WhatsApp, Telegram y Signal”.
El Senador Luna por fuera del debate también agregó: “pero hay que recordarle a él y a Colombia, que sus declaraciones se encontraban bajo la gravedad de juramento, y sí le mintió al Congreso y después algo se prueba, incurrirá en un gravísimo delito. Precisamente, por eso hicimos el llamado, para que el director de la Dirección Nacional de Inteligencia nos aclare si ese tipo de versiones son ciertas o no”.
Sobre la sesión reservada entre los magistrados de la Corte Constitucional y Camargo no se conocen detalles, únicamente que la fiscal se habría comprometido a investigar.
También se sabe que el ambiente en la Corte Constitucional, desde hace varios meses, está enrarecido. Algunos magistrados han expresado, en voz baja, que se sienten perseguidos, chuzados y monitoreados de manera permanente.
¿Está Colombia “condenada” a ser víctima de las interceptaciones ilegales?, ¿Qué se debe hacer para acabar con esa práctica en el país?, ¿de quién es la responsabilidad de que las ‘chuzadas’ no hayan desaparecido?.
