Por Lola Portela
Un proceso jurídico eterno es lo que se ha visto, en Colombia, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y el 17 de mayo, quedó más que claro que detrás de todo este entramado judicial hay una persecución política, recargada de odios muy añejos.
Esta vez la diligencia se llevó en más de 10 horas de transmisión, en vivo y en directo.
La Fiscalía, a través de su delegado Gilberto Villarreal, presentó este viernes, ante la juez de conocimiento, Sandra Heredia, escrito de acusación penal contra Álvaro Uribe Vélez, y el abogado del expresidente, Jaime Granados, realizó una extensa disertación que concluyó con la petición de nulidad de todo lo actuado por violación al debido proceso y el derecho a la defensa.
Según era de conocimiento público, el fiscal delegado había anunciado semanas atrás que acusaría al exmandatario como “determinador” de los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, en consonancia con lo solicitado en su momento por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. A lo que añadió este viernes el supuesto ilícito de soborno directo, en relación con el caso de la exfiscal condenada Hilda Jeaneth Niño Farfán, según explicó Villarreal al inició de la audiencia.
Escuchando la docencia con atención, se entiende que no en vano, en dos ocasiones previas (año pasado) la Fiscalía había pedido la preclusión y en esta oportunidad, surtidas diferentes etapas en otras instancias, el ente acusador se decantó por la acusación.
En materia judicial, estamos frente a un proceso poco común, no solo en cuanto al accionar disímil de la Fiscalía, sino frente a la homologación de dos sistemas penales discrepantes como el inquisitivo y el acusatorio.
Ésta es la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente, como es el caso de Álvaro Uribe, es juzgado bajo los mismos procedimientos de un ciudadano corriente, una vez renunció a su curul de Senado, en agosto de 2020, con el fin de dedicarse a su defensa, por lo cual quedó sin fuero ante la Corte Suprema de Justicia.
En un principio, esta corporación le dictó medida de aseguramiento, cuando el expresidente fungía de senador, pero al remitirse el proceso a la Fiscalía, el ente acusador determinó que la medida era excesiva, con lo cual el fiscal actual del caso está de acuerdo, pues en su escrito de acusación no aduce ninguna medida cautelar. Por lo que el expresidente Uribe podrá seguir avanzando su defensa en libertad.
No hay claridad
El fiscal delegado explicó los cargos, condensados en nueve páginas de las trece que componen el documento, con el encabezado y los demás pormenores de ley, tomó la palabra el abogado Granados e hizo una extensa declaración en cuanto a que no hay claridad ni exactitud en la Fiscalía en varios de los hechos que la entidad presenta como relevantes en el escrito de acusación.
La audiencia de acusación se prolongó por más de diez horas, hasta que la juez aceptó la suspensión y citó la continuación de esta etapa procesal para el próximo 24 de mayo.
