Por Lola Portela
La confrontación armada entre la guerrilla del ELN y facciones disidentes de las Farc tienen en crisis humanitaria al departamento de Arauca.
La Defensoría del Pueblo reporta que el accionar violento de estos grupos guerrilleros sigue dejando víctimas y afectando a la población civil, lo cual tiene sumidos a los habitantes del departamento en un permanente ambiente de terror.
“Ante la consumación del riesgo advertido en nuestras Alertas Tempranas, solicitamos de manera urgente e inmediata al ministro del Interior convocar una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas”, señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El fin primordial de la Ciprat es analizar con detenimiento las situaciones que advirtió con anticipación el Sistema de Alertas Tempranas de la entidad de derechos humanos, como el riesgo de materialización de desplazamientos y confinamientos, así como implementar las debidas acciones para proteger a las comunidades.
“Las autoridades nacionales y territoriales deben reforzar su presencia en los distintos municipios del departamento y continuar brindando la atención que requieren sus habitantes. Es imperativo formular y aplicar estrategias de prevención y protección, de atención en situaciones de emergencia, con las cuales se logre mitigar las afectaciones generadas por el conflicto armado”, indica Camargo Assis.
La Defensoría mantiene vigente las Alertas Tempranas 011 del 2023, que da cuenta del riesgo de vulneración de derechos en Cravo Norte y Puerto Rondón, y la 023 del 2021, emitida para la capital Arauca y los municipios de Arauquita, Tame, Saravena y Fortul. De igual manera, ha emitido dos oficios de consumación del riesgo y dos informes de seguimiento a las conductas vulneratorias de derechos.
Persisten variadas formas de violencia en Arauca
En lo corrido del 2024 han sido reportados 41 homicidios, y 59 personas, que permanecen desaparecidas o secuestradas, tendrían como responsables a estructuras armadas al margen de la ley.
Sin embargo, el subregistro podría ser mayor, ya que las familias de las víctimas no denuncian por temor a represalias.
La Defensoría denuncia que: “Además, en la región persisten las amenazas contra lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, como también el control del territorio, en zonas rurales, con restricciones a la movilidad entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana.”
La entidad conoció panfletos que señalarían a periodistas, comunicadores, medios de comunicación y partidos políticos de impulsar acciones de uno de los grupos armados ilegales que están en confrontación.
“La libertad de prensa debe ser respetada. Ante el riesgo que puede presentarse para ejercer esa labor en Arauca, pedimos a las autoridades adelantar acciones que permitan garantizar el ejercicio de informar, y les solicitamos protección para personas lideresas y defensoras de derechos humanos”, es el llamado del Defensor del Pueblo.
Los actores armados, incluidos los del ELN y de las disidencias de las Farc, deben cesar sus prácticas de guerra, acentuó Camargo Assis: “No pueden atacar a las comunidades, mucho menos a niñas, niños y adolescentes. Deben dar muestras de hechos reales que conduzcan a la paz tanto en Arauca como en cualquier otro departamento donde delinquen. Honren los principios del derecho internacional humanitario y no transgredan el respeto por los derechos humanos”.
La pregunta es y dónde está la labor del gobierno en cuánto garantizar la seguridad de los colombianos y propender por el respeto de todos sus derechos.
Dónde están los veedores internacionales, la CIDH, ¿acaso todos son convidados de piedra?
Colombia es un país que poco a poco se lo vuelven a tomar las diferentes agrupaciones al margen de la ley; amparados y hasta protegidos, en el marco de una “Paz Total”, impuesta por el gobierno, pero que tiene resultados de guerra y no de paz.
