Simultáneamente, fueron ocupados con fines de extinción de dominio tres bienes avaluados en más de 18.500 millones de pesos.
En una acción conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional, se desmanteló una red acusada de captar menores en Cartagena para explotarlas sexualmente, sometiéndolas a condiciones degradantes con el consumo descontrolado de sustancias y alcohol.
Tras diversas investigaciones, se identificaron siete supuestos líderes de esta organización criminal, incluyendo a un ciudadano alemán. Estos individuos presuntamente contactaban a adolescentes de entre 14 y 16 años a través de redes sociales y mensajería, ofreciéndoles dinero y ayudas económicas a cambio de encuentros con extranjeros.
La red operaba en portales web donde promocionaban los servicios sexuales de las menores, distribuyendo catálogos con imágenes de ellas desnudas a turistas interesados. Los pagos variaban según el lugar y el tipo de encuentro, desde apartamentos hasta fiestas organizadas en establecimientos nocturnos y mansiones lujosas.
La fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó a los presuntos responsables ante un juez de control de garantías. Se les imputaron cargos por trata de personas con fines de explotación sexual agravada, concierto para delinquir, proxenetismo con menores y demanda de explotación sexual de menores, de acuerdo con su presunta participación en estos delitos.
Golpe a las finanzas criminales
Como parte del trabajo integral que realiza la Fiscalía General de la Nación en contra de las conductas delictivas que afectan la integridad y la formación sexual de los niños, niñas y adolescentes, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y toma de posesión sobre tres inmuebles que serían utilizados por esta estructura dedicada a la explotación sexual de adolescentes en Cartagena.
Las propiedades están representadas en un bien rural, una lujosa mansión y un establecimiento de comercio.
Los bienes, avaluados en más de 18.500 millones de pesos, quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Este resultado a las finanzas de esta red de trata de personas hace parte de la estrategia Argenta, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para impactar el patrimonio del narcotráfico, la criminalidad organizada y la delincuencia.
