En lo corrido de 2023, la URT ha intervenido 61.352 hectáreas, mediante labores catastrales y con el uso de tecnología aérea.
Durante los 12 años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 1.240 personas han sido beneficiadas con 290 sentencias, que ordenan la devolución de 71.444 hectáreas a campesinos e indígenas que fueron despojados o debieron abandonar sus tierras forzosamente por cuenta del conflicto armado en los llanos orientales.
En lo corrido del 2023, la URT ha intervenido 61.352 hectáreas, mediante labores catastrales y con el uso de tecnología aérea; se han reclamado ante la justicia más de unas 1.800.000 hectáreas de territorio ancestral y 77 casos de campesinos.
Además, tras su retorno al campo, 107 familias restituidas han puesto en marcha proyectos productivos agropecuarios que les garantizan su seguridad alimentaria y sostenibilidad, con una inversión superior a los $3.100 millones, en líneas como ganadería, porcicultura, apicultura y cultivos de cacao, aguacate, cítricos entre otros.
El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta y Guaviare, César Santoyo, explicó que Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, prorrogada hasta 2031, contempla que el proceso de restitución en la ruta individual (campesina) y colectiva (étnica) tiene tres etapas: una administrativa, otra judicial y la de cumplimiento.
Indicó que en la jurisdicción de la dirección territorial Meta y Guaviare se han recibido 11.728 solicitudes, de las cuales 8.929 se encuentran habilitadas para su intervención y 6.224 están con trámite finalizado. Recordó que en la administrativa se recibe la solicitud, se identifica al reclamante, su núcleo familiar y el predio; luego se determinan las circunstancias de abandono o despojo, se recoge información institucional y las pruebas, y finalmente se determina si el predio puede ser o no inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF).
En la etapa judicial, la Unidad ejerce la representación del solicitante de manera gratuita, y es por eso por lo que, en Meta y Guaviare, 1.392 casos han sido llevados ante la justicia, de los cuales 77 corresponden a la vigencia 2023; asimismo, en lo corrido de este año, se destaca que 61.352 hectáreas han sido intervenidas con labores catastrales en respuesta a 183 solicitudes, y se han realizado 118 salidas a terreno con acompañamiento de la Fuerza Pública.
Finalmente, en la etapa de cumplimiento del proceso de restitución, se realiza la entrega material y jurídica del predio o las compensaciones con predio equivalente o dinero cuando el juez así lo determine. A la fecha, la justicia ha proferido 289 sentencias en beneficio de 268 familias, ha ordenado 155 compensaciones y la devolución de 55.409 hectáreas a campesinos del Meta.
La restitución es un derecho fundamental que transforma las vidas de quienes fueron víctimas porque además de permitirles gozar nuevamente del predio que había sido abandonado o de otro con similares características, incluye: el título de propiedad formalmente registrado, una solución o mejoramiento de vivienda, el establecimiento de un proyecto productivo y el alivio de pasivos. La URT en Meta ha priorizado 124 subsidios de vivienda.
Ruta étnica
César Santoyo, director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta y Guaviare, señaló que actualmente, la entidad lleva 40 casos étnicos, de los cuales 29 son de Meta, 11 de Guaviare y con los que están siendo reclamadas 2.277.000 hectáreas.
Como principales logros en favor de las comunidades indígenas, se destacan: la primera sentencia étnica que ordenó la restitución de 16.035 hectáreas del territorio ancestral Florida Kawananae ubicado en Puerto Gaitán y la radicación de demandas por medio de las cuales se reclaman 1.889.000 628 hectáreas. De estas, 954.000 hectáreas corresponden al pueblo Nukak, ubicado en Guaviare.
