El excomisionado de Paz Camilo Gómez hizo una grave denuncia. La JEP le “torció el pescuezo” a la justicia ordinaria y para aceptar a Mancuso en la jurisdicción lo graduó de miembro “funcional y material del Ejército”.
Por este motivo, Colombia saldrá nuevamente a las calles este 7 de diciembre. La idea nace como un plantón pacífico en las alcaldías y gobernaciones del país. Y en Bogotá la cita será en la JEP.
La toma fuerza con el correr de las horas. La convocatoria del 7 de diciembre, Día de Velitas, la lideran los miembros del Ejército de Colombia y de la Policía Nacional, los retirados, los veteranos. Reunidos muchos en un movimiento FARO. Foro Ampliado de Reserva Organizado, y otras agremiaciones de veteranos.
Y es que el grupo de héroes, hombres y mujeres que dieron los mejores años de su vida al servicio, a la defensa de Colombia, hoy se encuentran indignados. No es para menos: no entienden cómo el Gobierno y la JEP comparan a un militar de carrera, con un delincuente reconocido internacionalmente. Por eso, ya muchas víctimas y civiles se unen a esta nueva protesta.
Hasta el senador estadounidense Marco Rubio se refirió al tema: “Es inaceptable que la JEP acepte a un reconocido narcotraficante”, expresó el congresista republicano por el estado de La Florida quien también dijo estar “inquieto” ante los anuncios de la Jurisdicción Especial para la Paz.
“Sumamente preocupado de ver como la JEP en Colombia trata de hacer pasar a Salvatore Mancuso, un reconocido narcotraficante y violador de DDHH, como si fuera un militar. Sigo esperando la respuesta del Fiscal General Garland sobre mi solicitud para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos rechace cualquier solicitud de extradición de este asesino”, criticó Rubio, a través de su cuenta de X.
La petición a la que se refiere Rubio está referenciada en una carta enviada, en agosto, por el senador al fiscal general de EE.UU., Merrick Garland al Departamento de Justicia, luego de que el presidente Gustavo Petro anunció el nombramiento de Salvatore Mancuso como “gestor de paz”, para negociar con uno de los cárteles de droga más grandes del país.
Por estos hechos, además del curso de la Reforma a Salud aprobada casi en su totalidad por congresistas de la Cámara de Representantes que, con certeza, ni han estudiado el articulado, pues lo han aprobado en bloque. Sin contemplar que, con ese SÍ, están desestabilizando el sistema de salud y poniendo en riesgo la vida de toda Colombia, violando la libertad de poder elegir, y pretenden acabar con las EPS. Esta es una reforma que fortalece la politiquería regional. Un proyecto que no cuenta con el dinero para ser ejecutado, por lo cual el Ministro de Salud, descaradamente, ya anuncia más impuestos.
Por todo eso, y más el 7 de diciembre Colombia vuelve a las calles.
