El domingo 29 de octubre de 2023 se llevarán a cabo las elecciones regionales en toda Colombia, y con el propósito de hacerle frente a los delitos electorales, el Gobierno nacional junto con la Policía anunciaron que se entregarán recompensas económicas a quienes denuncien compra de votos.
De acuerdo con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el Plan Democracia facilitará el despliegue de caninos entrenados para la identificación de dinero en efectivo en cercanías de las urnas de votación.
Las recompensas de carácter económica serán destinadas a personas que faciliten la identificación y captura de organizaciones dedicadas a la corrupción electoral.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro informó, en su cuenta en X (antes Twitter) que había dado la orden para pagar por la información que le sea suministrada a las autoridades y que permita desmantelar a las organizaciones que se dedican a la corrupción electoral.
“He dado autorización para pagar las informaciones efectivas sobre compradores de votos en todo el territorio nacional. Comprar votos es un delito”, indicó el jefe de Estado.
En rueda de prensa, llevada a cabo el miércoles 25 de octubre, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el director General de la Policía Nacional, William René Salamanca, revelaron detalles sobre el Plan Democracia para los comicios regionales.
“Con todas las capacidades de la Policía se enfrentará la posibilidad de constreñimiento al sufragante que se puede generar en algunas regiones del país. La Policía va a estar atenta, con todas sus capacidades, para garantizar que estas sean unas elecciones libres, transparentes y seguras”, afirmó el ministro Iván Velásquez.
El jefe de cartera señaló que se destinará una recompensa de hasta $5 millones para aquellas personas que con su información faciliten labores de identificación y captura de quienes cometan tráfico de votos o corrupción al votante.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el director General de la Policía Nacional, William René Salamanca, revelaron detalles sobre el ‘Plan Democracia’ para los comicios regionales del 29 de octubre de 2023, en rueda de prensa.
De igual manera, el ministro de Defensa señaló que las recompensas para las personas que denuncien viviendas en donde se originen este tipo de delitos será de hasta $20 millones de pesos. “El propósito es que estas elecciones sean, efectivamente, libres y seguras”, aseguró el ministro.
Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que esta estrategia se ha creado con el fin de disminuir los delitos electorales que suponen “una amenaza gigantesca para la democracia”.
Además, afirmó que el Plan Democracia también facilitará el despliegue de caninos entrenados para identificar dinero en efectivo en cercanías de las urnas de votación.
El Gobierno explicó cómo se entregarán las recompensas a quienes denuncien la compra de votos. Estas saldrán de un fondo del Ministerio de Defensa destinado para este fin.
“No es que la Policía ande con un maletín entregando dinero, esto está sometido a unos procedimientos y tienen que ver con los resultados de las investigaciones de la Fiscalía”, aseguró el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Y enfatizó en que desde ya se pueden realizar las denuncias.
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, criticó dicha estrategia implementada por el Gobierno diciendo que en Colombia existe una clara división de poderes y se debe respetar, aludiendo a que la Constitución encargó a la Fiscalía adelantar los procesos investigativos por delitos cometidos.
“Ni más faltaba que el Ejecutivo se encargue ahora de hacer las investigaciones judiciales en el país. Yo he estado durante este año y hasta el 13 de febrero estaré insistiendo en que en Colombia hay tridivisión de poderes. El Estado de Derecho funciona en la medida en que las ramas del poder público se dediquen a lo que deben dedicarse”, dijo el Fiscal Barbosa en rueda prensa.
A estas declaraciones, el presidente Petro respondió: “Las recompensas para aquellos que nos ayuden a ubicar dineros para compra de votos y personas dedicadas a ese delito se mantienen”, escribió en X.
Añadió: “Todo el sistema de pagos por información priorizará las denuncias de compra de votos hasta el domingo. Se han desplegado todos los agentes de inteligencia para impedir el delito que es la base de la corrupción en Colombia. La compra de votos es un delito, sus autores serán investigados por la justicia”.
Colombia cuenta con leyes y mecanismos judiciales frente a delitos electorales y siempre se ha judicializado conforme a las pruebas que se aporten.
Por ejemplo, el Código Penal de Colombia, en el artículo 390 establece lo relacionado con el delito de corrupción al sufragante: “El que celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley con el propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política, o para que lo haga en blanco o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
De la misma manera, el Código determina que: “En igual pena incurrirá el sufragante que acepte la promesa, el dinero, la dádiva, el contrato, o beneficio particular con los fines señalados en el inciso primero. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público”.
Y finalmente, la norma precisa que: “La pena se aumentará de la mitad al doble cuando en la promesa, pago o entrega de dinero, beneficios o dádivas medien recursos públicos”.
