En Colombia hay enorme preocupación por las implicaciones que traerá la Reforma a la Salud del gobierno Petro. Y al sector salud el tema también le ocupa.
Gracias a AFIDRO, tuvimos acceso, en Prensa Llanera, para escuchar al experto economista y politólogo Anwar Rodríguez, quien además es vicepresidente de ANIF, y con su experiencia en administración pública, de manera muy clara, nos puso en contexto del antes, el ahora y lo que pasaría con la Reforma a la Salud en el país, en materia financiera.
Es importante entender que según varios estudios, entre ellos el realizado por ‘The Economist’, el sistema de salud colombiano actual está entre los mejores, por su servicio e inclusividad. De acuerdo con esa revista, el punto fuerte es la esperanza de vida.
Colombia tiene el sexto mejor sistema de salud. Y para ese ranking, la revista midió la prestación del servicio de salud en la sociedad y los indicadores en las políticas públicas de salud. En ese sentido, los puntajes ubicaron a Tailandia en el primer lugar, seguido por Canadá, Corea del Sur, Gran Bretaña, Francia.
El sistema de salud actual de Colombia se rige por la ley 100, desde hace 30 años. Llegar a donde estamos, en materia de salud, implicó ir mejorando y superar muchas barreras.
Sin embargo, la reforma que cursa en el Congreso parece no contemplar esa experiencia y engranaje nacional.
Por eso internacionalmente tampoco es visto con buenos ojos el cambio radical que pretenden hacerle al sistema de salud de Colombia, pues no sólo estamos bien parados en el plano internacional. Sino que el ranking de la prestigiosa revista británica ‘The Economist’ lo ubicó como el sexto, a nivel mundial con el mejor servicio para la sociedad y lo destacó por su grado de inclusividad que lo ubica por encima de países como Estados Unidos y Cuba. De esa forma está calificado el sistema de salud, que ahora pretenden exterminar.
Por eso, la preocupación de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo – AFIDRO, sin duda es entendible. Y es la misma de ANIF y también de todos los ciudadanos usuarios.
El vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, Anwar Rodríguez nos expuso cómo ven desde la entidad la Reforma a la Salud. Y se abordó el aspecto financiero, que permite entender cómo se organizó Colombia para tener este sistema de salud actual, tan destacado internacionalmente. Es claro que esa estructura, robusta, pensada para durar en el tiempo, nos permitió aguantar incluso un evento inesperado como el COVID – 19, porque logró salvar muchas vidas, atender y resolver esa emergencia, sin tocar el bolsillo de los colombianos, como sí sucedió en muchos países. Claro hay deudas que debe cubrir el Estado, pero también hubo un sistema robusto, un soporte de financiamiento, que le permitió al Estado responder a los ciudadanos y preservar su salud, su vida.
Si hubiera voluntad política, por parte del gobierno actual, ese “temblor”, que causó la pandemia, no sería visto hoy como un “terremoto”. Sin embargo, bien sabemos que no es así. De hecho, recordemos que, al iniciar el gobierno del Pacto Histórico, la hoy exministra de Salud Carolina Corzo expresó, en una entrevista con Yamid Amat, que para lograr la reforma: “habría que provocar un caos” y lo están generando, desde hace meses. Por eso hay zozobra, y cada día empeoran la atención, se cierran EPS, como mecanismo que justificaría “el cambio”.
¿Qué han aprobado?
Ya fue aprobado uno de los puntos cruciales del proyecto de ley, la administración de recursos pasará a manos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que le girará directamente a los hospitales públicos.
Además, se acordó establecer el Fondo Público Único en Salud, el cual proporciona fondos directos para el Adres, al igual que garantizaría atención mediana y de alta complejidad, licencias de maternidad y paternidad, incapacidades, servicios especiales para enfermedades huérfanas su prevención, pago en atención médica y indemnizaciones del SOAT.
En ese orden de ideas, se apoyó la consolidación de una política de capacitación para profesionales de la salud, así como la implementación de un examen de admisión nacional para todos los médicos que buscan especializarse. También se decretó la financiación de matrícula para posgrados en áreas médico-quirúrgicas y de salud pública.
A su vez, la proposición en la que definen las funciones y responsabilidades de los Consejos Territoriales en Salud, responsables de garantizar la aplicación del Plan Decenal de Salud Pública, también vio la luz en la Cámara de Representantes, pese a las críticas de sectores de la oposición.
Por último, dentro del paquete de artículos aprobados, que ya casi llegan a la mitad, los Comités Médicos de Autorregulación Médica recibieron el apoyo en la plenaria de la Cámara, con lo que se limitaría la capacidad de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para permitir o rechazar procedimientos médicos como cirugías o medicamentos.
Los riesgos que identifica ANIF
Fragmentación del servicio
Eliminar la libertad de elección
Más trámites
Sobrecostos para usuarios,
Aumento en tiempos de espera
Flujo deficiente de recursos
Riesgos en sostenibilidad financiera
Falta de mecanismos de queja
No hay suficiente capacidad administrativa de la Adres
Riesgos en la gestión de entidades territoriales.
Sobre la sostenibilidad de la nueva reforma ANIF aseguró que con la reforma no hay un modelo para el riesgo financiero:. “Las EPS están haciendo hoy una labor de contención de costos, y es verdad. De hecho, buena parte de la reputación que tienen hoy es por eso, porque hacen contención de costos. ¿Quién va a hacer una contención de costos en un sistema donde toda la plata es pública y se utiliza para la politiquería?”.
Las EPS, van a pasar a llamarse Gestoras de Salud y Vida, ya no van a manejar la plata, pero sí recaería en ellas varias funciones. Si no podrán hacer una gestión del riesgo financiero, serán ante los usuarios vistas como las responsables de la falta de atención. Y así, seguramente se les acaban los incentivos para seguir funcionando. Y volvemos atrás: las eternas colas del siglo pasado o el paseo de la muerte, pues el paciente puede morir en el camino y, lo que es peor, en urgencias, por falta de operatividad y/o recursos.
“Eso va a terminar afectando a la población de menores ingresos. La población de mayores ingresos no tendrá problema, porque se va a atender a través de seguros privados”.
La salud es un derecho en Colombia. Y, actualmente, los dineros del servicio provienen un 68% de impuestos y 32% de aportes contributivos (los pone el usuario). En este sistema que corresponde al modelo Bismark, no importa si el paciente tiene dinero o no para ser atendido. Por eso, también existe el SISBEN y nos atienden exámenes tanto de prevención, como de tratamiento, el sistema asume tratamientos costosos, cirugías cuyas cuotas moderadoras solo se pagan por atenciones a los afiliados al Régimen Contributivo. Los copagos se pagan por atención a beneficiarios del Régimen Contributivo o por atenciones a afiliados al Régimen Subsidiado clasificados con nivel SISBEN 2 o mayor.
Además, hay otro asunto: con la reforma laboral, como está planteada, se va a generar desempleo, y si no hay trabajo, pues disminuyen los aportantes de los trabajadores. Por eso ANIF ve también aquí otro riesgo por el impacto financiero de la Reforma a la Salud, ya que hay algunos elementos que aún no se han costeado dentro de los cálculos del Ministerio de Salud, como los centros de mediana y alta complejidad, que podrían costar $14 billones para los próximos 10 años; las licencias de maternidad, por cerca de $830.000 millones; y las deudas de las EPS liquidadas.
La reforma a la salud nos tocará el bolsillo
Anif insiste en que le preocupa que la reforma, como está planteada hoy, “va a complicarle la vida a los pacientes, va a segmentar la atención y tocará el bolsillo de los usuarios.
“Esto va a terminar afectando a la población de menores ingresos”, afirma Rodríguez. La población de mayores ingresos no tendrá problema porque se puede hacer atender, a través de seguros privados o irse a Estados Unidos, o hará lo que tenga que hacer. Pero el costo social, será muy alto, ya que la población de menores ingresos se verá sometida a una segmentación muy grande en la atención, que lo que va a hacer es que aumente el gasto de bolsillo y la gente pierda bienestar cuando tenga problemas de salud.
Otro de los riesgos, según Anif, es que no existirán mecanismos de queja, además de la gestión de entidades territoriales.
Por otro lado, el equipo de Prensa Llanera identificó con otros expertos consultados que: el costo de atención primaria puede superar lo previsto; el esquema de oferta que se propone genera pérdida de capacidad para limitar el costo de los servicios de salud; insuficiente capacidad para la gestión de recursos en las regiones; gestión de riesgos inherente a la prestación del servicio que asumirá la Nación; y la indemnización previa y plena por demandas que aleguen privación de ejercicio.
¿En qué va el debate?
Un total de 70 artículos, de los 139 que componen el proyecto, ya recibieron la aprobación de los representantes, pese a que, como lo reconoció la viceministra de Hacienda, María Valdés, no hay concepto fiscal. Es decir, aún no hay viabilidad sobre de dónde saldrá la PLATA, para ejecutar esa reforma.
La congresista Martha Alfonso, del partido Verde y ponente de la iniciativa, aseguró
que el proyecto no cuenta con un concepto de viabilidad financiera por parte del Minhacienda dado que, según ella, no lo requiere. “La reforma no tiene un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda porque no creemos que lo requiera”, dijo Alfonso. Luego se desmintió, pero es claro que quienes pretenden legislar poco o nada saben del tema de la salud.
En definitiva, el proyecto de Reforma a la Salud es un tema netamente de “capricho político”, no está pensado para beneficiar a la gente, ni mucho menos para perdurar, pues genera inestabilidad y enorme riesgo, ya que está en juego la vida de los ciudadanos.
De acuerdo con el Legislativo, el análisis del articulado se retomará el martes 31 de octubre de 2023, dos días después de los comicios que se adelantarán en el territorio nacional.
