Funcionarios de la Administración de Biden confirmaron que el Gobierno de Maduro aceptó la medida, pero no explican cómo lo han logrado.
La Administración de Joe Biden reactivará la deportación masiva de venezolanos. Estados Unidos lleva años repatriando a ciudadanos de Venezuela, a través de vuelos comerciales.
Las autoridades migratorias volverán a utilizar sus 12 aviones para desatascar la frontera en plena crisis migratoria, confirmaron funcionarios del Gobierno estadounidense.
Aún no han explicado cómo el régimen de Nicolás Maduro, con el que Washington no tiene formalmente relaciones diplomáticas desde 2019, admitió la repatriación de miles de personas. El primero de estos vuelos despegarán en las próximas horas y transportará a venezolanos que arribaron ilegalmente al país, después del 31 de julio.
El Gobierno de Nicolás Maduro confirmó estar de acuerdo con la medida.
A través de la Cancillería, Caracas afirma que el acuerdo permitirá: “la repatriación ordenada, segura y legal de ciudadanos desde Estados Unidos”. En un comunicado, la institución señala que las sanciones de Washington y el “bloqueo económico” han sido causas que han contribuido a la salida de miles de venezolanos de su país.
A pesar de no existir una red consular entre Venezuela y Estados Unidos, Washington lleva años repatriando a los venezolanos que han huido de la crisis económica de su país para cruzar la frontera.
Durante el mandato de Donald Trump, las autoridades de la policía migratoria, el Immigration and Customs Enforcement (ICE), devolvían venezolanos, a través de países en el Caribe como Trinidad y Tobago. Este jueves, los funcionarios del Gobierno han confirmado que los agentes seguirán utilizando aliados para estas devoluciones, como México por la vía terrestre, al mismo tiempo en que retoman los vuelos operados por el ICE.
Washington informó de la medida dos semanas después de que la Administración diera a conocer que ampliaría a cerca de medio millón de venezolanos el estatus de protección contra la deportación.
Esta medida beneficia a unas 470.000 personas del país sudamericano que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio.
Y ese programa humanitario los blinda de deportaciones. Así mismo, permite que obtengan un permiso de trabajo temporal hasta que los jueces de inmigración determinen si pueden o no quedarse en suelo estadounidense, algo que puede tomar meses e incluso años.
Los funcionarios han asegurado que no serán devueltos a Venezuela ciudadanos que puedan documentar que han recibido amenazas o cuyo retorno les represente un peligro.
Conforme a esto únicamente serán deportados quienes no tengan una base legal para estar en el país, han señalado las fuentes de Washington. De esta forma, la presidencia de Biden subraya que está dispuesta a endurecer el trato de aquellos que no utilicen las herramientas que ha brindado para hacer el viaje al norte de forma legal, como la aplicación móvil CBP One.
Los casos de unos 73.000 venezolanos están siendo analizados por las autoridades migratorias. De estos, 66.000 ya están en el país. Entre otros requisitos, los estadounidenses piden a los migrantes que cuenten con un pasaporte de su país, que cuesta unos 200 dólares, diez veces más que el salario mínimo. El Observatorio de Investigaciones Sociales afirmó el año pasado que solo el 1% de las personas que han abandonado Venezuela cuenta con este documento.
A pesar de que Washington y Caracas congelaron sus relaciones desde 2019, por la deriva autoritaria de Maduro, los gobiernos han sostenido conversaciones en los últimos meses.
Las negociaciones avaladas por la comunidad internacional para lograr mínimas garantías democráticas en las elecciones presidenciales se encuentran estancadas.
La frontera con México vive un tenso momento bajo la era Biden. Cifras preliminares en manos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por las siglas en inglés) aseguran e indican que se han superado los dos millones de aprehensiones en la frontera durante el año fiscal 2023, que va desde el 1 de octubre de 2002 hasta septiembre pasado.
Una de las nacionalidades que más se encontraron los agentes de inmigración en los cruces fronterizos fue la venezolana. La crisis económica y política que vive el país sudamericano ha provocado el desplazamiento de siete millones de personas. Muchos se han puesto como objetivo alcanzar el territorio estadounidense.
El CBP estima que unos 50.000 venezolanos cruzaron la frontera sur de Estados Unidos en septiembre, de acuerdo con la cadena CBS, que obtuvo los números preliminares. Las cifras deben confirmarse en los próximos días, cuando las autoridades cierren el año fiscal 2023. El número puede dar por el momento una idea del flujo que ha llegado a las puertas del país en los últimos meses.
Los venezolanos representan la cuarta parte de las detenciones totales que las autoridades migratorias hicieron el mes pasado. En septiembre de 2022 fueron 34.000 los que cruzaron.
La Cancillería venezolana planea activar desde este nuevo origen el Plan Vuelta a la Patria que se implementó hace cinco años desde Perú, Chile y Ecuador. Éste se intensificó durante la pandemia, cuando se gestionaron vuelos humanitarios a bajo costo para connacionales que quisieran regresar por la recesión que la pandemia provocó en América Latina.
El Gobierno de Maduro asegura que 342.000 ciudadanos han regresado, a través de este programa. Estos traslados se han hecho en aeronaves de la compañía estatal Conviasa, que está sancionada por Estados Unidos.
Desde el punto de vista del chavismo, se trataría de retornos voluntarios, aunque desde Estados Unidos se habla de deportaciones de venezolanos en situación irregular.
La cifra de venezolanos llegados en septiembre es igual al total de venezolanos detenidos en la frontera en el año fiscal 2021. En los primeros ocho meses de ese periodo, únicamente fueron deportados 176 ciudadanos del país sudamericano.
Con la llegada de Biden a la Casa Blanca, en enero de 2021, el número creció con velocidad hasta que ese grupo de inmigrantes superó, en septiembre de 2022, a la suma de las personas que salieron de México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
Frente a la problemática en la frontera Biden dio luz verde para reforzar el muro en la frontera con México en plena crisis migratoria.
La Administración demócrata deja sin efecto 26 leyes federales, lo que permitirá al Gobierno construir 32 kilómetros de valla en el sur de Texas para contener el flujo migratorio.
