La Fiscalía investiga su posible responsabilidad en el homicidio de Armando Hernández Chaquea y también se indagan irregularidades en la contratación en la Gobernación de Casanare.
En Bogotá un juez legalizó la diligencia judicial, se desconocen cuáles son los motivos que lo vinculan a procesos penales.
Investigaciones por la Fiscalía General de la Nación dejaron al descubierto supuestas irregularidades de contratación, que se habrían presentado entre los años 2005 y 2007 en el departamento de Casanare.
Esta investigación señala que para el 4 de agosto de 2005, el gobernador Helí Cala López, suscribió un convenio con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB), cuyo objeto era “la cooperación y asistencia técnica para la coadyuvancia en la gestión de programas y proyectos que se consideraron viables para el plan de desarrollo del departamento”.
Contrario a la cooperación y la asistencia técnica en la gestión de programas y proyectos, la SECAB terminó ejecutando contratos de obra, adecuaciones, suministro y adquisición de bienes, entre otros conceptos, por más de 94.000 millones de pesos, que correspondían a recursos públicos.
La contratación de obras y otras necesidades básicas para los municipios de Casanare, la Fiscalía manifiesta que debío ser asumida por los entonces gobernadores, mediante procesos de selección y adjudicación como lo establece la ley.
Dicha responsabilidad no podía cederse a un tercero, más aún, cuando había de por medio dineros del departamento. Es decir, mediante esa figura evadieron las Licitaciones que debían realizarse para estas obras.
La fiscalía indica que en uno de los acuerdos o cartas, el número nueve, que contempló continuación de la construcción del matadero regional en Paz de Ariporo, se presentó un posible detrimento patrimonial.
Dicho proyecto fue entregado al Consorcio Construcciones M.V., al que le fue pagado un anticipo de 50% del valor total del contrato ($1.411’379.265). Los testimonios y otros elementos permitieron conocer que, a través de diferentes maniobras, la suma del anticipo, algo más de $600’000.000, habría llegado a manos del gobernador de la época, Helí Cala López.
Por estos hechos, un fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó al exgobernador Cala López por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con peculado por apropiación.
El exgobernador participó en la firma del convenio con el organismo internacional y avaló 57 de los 59 acuerdos o cartas suscritos. Adicionalmente, hay indicios de que, al parecer se quedó con recursos del departamento
