Desde la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) hacen un pronunciamiento, frente a las invasiones que se están presentando: “en rechazo a la grave situación que se está presentando a raíz de las invasiones a predios palmeros, acciones que atentan gravemente contra el derecho a la propiedad privada, y hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional para tomar medidas efectivas para controlar la situación”
Y especifican: “Tal es el caso de la Finca Buenos Aires ubicada sobre la vía Panamericana en el corregimiento El Dos, en el municipio de Turbo (Antioquia), que desde hace diez años tiene 100 hectáreas de palma de aceite, que se han caracterizado por la adopción de las mejores prácticas sostenibles en su cultivo y sus altos estándares de productividad. A lo largo de los años ha sido generadora de empleo y actualmente tiene más de 30 trabajos directos, convirtiéndose en una parte vital de la comunidad”.
La situación se presenta desde comienzos del mes de septiembre del año en curso: “las operaciones vienen siendo interrumpidas en forma abrupta por reiteradas incursiones de un grupo numeroso de invasores a pesar de los dos desalojos pacíficos adelantados por las autoridades de policía”
La entidad pide el respaldo del Gobierno: “Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y local sobre estas acciones por fuera de la ley, las cuales afectan gravemente el derecho al trabajo de los colaboradores del cultivo, y la comercialización del fruto y del aceite de palma, y hacemos un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad de las personas y empresas que promueven el desarrollo de la agroindustria de la palma de aceite”.
Y concluye el comunicado: “Desde Fedepalma estamos comprometidos con el acompañamiento a los palmicultores y de las comunidades palmeras, y condenamos toda clase de acciones violentas e ilegales que afecten los derechos constitucionales de los ciudadanos y el libre desarrollo de nuestra actividad. Nuestra solidaridad está con los palmicultores, sus empleados y las empresas afectadas”.
