El exsenador es investigado por participar en compra de votos y corrupción electoral.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó orden de captura internacional contra el expresidente del Senado Arturo Char, en el proceso que se le adelanta por la presunta compra de votos para las elecciones del 2018 y corrupción electoral, en el departamento del Atlántico.
Tras resolver la situación jurídica, en el proceso por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados, la Sala de Instrucción emitió una medida de aseguramiento privativa de la libertad y ordenó adelantar todos los trámites para que Char sea capturado. Para esto, se le pidió a la Interpol emitir circular roja puesto que el exsenador de Cambio Radical vive en los Estados Unidos, de donde tiene la respectiva nacionalidad.
Char investigado con el supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual posiblemente se materializó en octubre de 2017, y en el que habrían intervenido un número plural de personas, entre otros Arturo Char Chaljub y Aída Merlano Rebolledo, condenada en primera y en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por estos hechos de corrupción electoral que se fraguó desde la sede política Casa Blanca, en el centro de Barranquilla.
Según la Corte Suprema, dicho concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que, supuestamente, para conseguir la elección de Aída Merlano Rebolledo en el Senado; de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la propia reelección de Arturo Char Chaljub en el Senado, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática, a través de la compra de votos para estos tres candidatos.
La Sala Especial de Instrucción consideró que las pruebas recaudadas hasta el momento en la investigación proveen el estándar mínimo para sustentar de manera adecuada la razonabilidad de la medida de aseguramiento contra Arturo Char Chaljub, por lo cual esta idónea, necesaria y urgente, sin que resulte procedente sustituirla por una detención domiciliaria, ni por medidas no privativas de la libertad. La determinación también obedece al comportamiento del investigado que pone en duda su normal comparecencia al proceso, así como a riesgos advertidos en la práctica probatoria y en la actividad investigativa.
El pasado 30 de junio, desde su residencia en Miami, Char rindió indagatoria. Pese a que su defensa manifestó que el exsenador había respondido todas las preguntas y manifestó que iba a desmontar las mentiras que se habían hecho en su contra. Sin embargo, minutos después la Corte Suprema emitió un comunicado en el que advertía que el exsenador había guardado silencio.
“Para esta Sala, el acuerdo previo para realizar las acciones en busca de obtener miles de votos en favor de Aida Merlano Rebolledo, Lilibeth Llinás Delgado y Arturo Char Chaljub, desde la sede Casa Blanca, es constitutivo de un indicio grave del probable compromiso de responsabilidad penal del senador Char Chaljub en la configuración de los episodios lesivos contra los mecanismos de participación democrática que se investigan”, se lee en el fallo de 125 páginas.
“Arturo Char Chaljub, cuando aspiraba a su reelección como senador, hizo parte, junto con la excongresista Aida Merlano y otras personas, de la configuración de una empresa criminal que se dedicó a la compra de miles de votos”, manifestó la Sala. Para ello, tuvo en cuenta los hechos que se presentaron en la denominada Casa Blanca, ubicada en un estratégico sector en Barranquilla, la cual funcionaba como sede de campaña de Aida Merlano.
“El colectivo criminal desplegó sus acciones en la ciudad de Barranquilla y en municipios del departamento del Atlántico, como Sabanalarga. Esta organización delictiva tuvo como sede un inmueble situado en el barrio Golf de la ciudad de Barranquilla, conocido como Casa Blanca”, señala uno de los apartes de la citación.
Teniendo en cuenta que los hechos se presentaron cuando era senador y tenían relación directa con su reelección, que lo beneficiaría políticamente, la Corte negó que el proceso pasara a conocimiento de la Fiscalía, tras su renuncia al Congreso a comienzos de febrero de 2023.
