Entre enero y junio de este año migraron poco más de 40.000 menores de edad a través de la frontera con Panamá, mientras que en el mismo periodo del 2022 cruzaron cerca de 7.400.
El Defensor del Pueblo le solicitó al Gobierno Nacional, de manera particular al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que incremente la atención en las zonas de tránsito y la verificación de derechos de los menores de edad.
La Defensoría del Pueblo estableció que en los primeros seis meses del año aumentó de forma exponencial el número de migrantes que atraviesan la frontera con Panamá a través de la región del Darién (Chocó); entre ellos, niñas, niños y adolescentes (NNA) extranjeros y colombianos que, con sus familias o sin ellas, enfrentan graves riesgos de vulneración de derechos.
Entre enero y junio cruzaron la frontera entre Colombia y el país centroamericano vecino 196.371 personas migrantes (venezolanos, haitianos, ecuatorianos, chinos e indios, principalmente) susceptibles a la condición de refugio y con necesidades de protección internacional. Esta cifra genera alarma si se compara con los datos del mismo semestre del año anterior cuando salieron del país por el Darién 49.452 personas, lo que representa un aumento del 297%.
Los datos muestran que en el primer semestre del año migraron 40.171 NNA, mientras que en el mismo periodo del 2022 cruzaron esa frontera 7.369 menores de edad, un incremento desbordado del 445%. La entidad conoció un dato incluso más preocupante: NNA migrando sin sus familias, lo que genera una condición mayor de vulnerabilidad.
“A la Defensoría del Pueblo le preocupa el aumento en el número de migrantes, lo que sin duda significa un riesgo mayor de vulneración de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por ejemplo, a ser víctimas de distintas formas de violencia, incluida la sexual, como también de hurtos, trata de personas y tráfico de migrantes y discriminación. Violencias que son ejercidas por las estructuras ilegales que delinquen en esos lugares irregulares de tránsito”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La presencia de estructuras criminales, justamente, llevó a que las Defensorías del Pueblo de los dos países emitieran en abril pasado una Alerta Temprana Binacional. El propósito principal es que los gobiernos de las dos naciones implementen medidas que apunten a garantizarles los derechos a quienes cruzan la frontera a través del también conocido como Tapón del Darién.
Como en otras oportunidades, la Defensoría del Pueblo toma las cifras del Servicio Nacional de Fronteras, también conocido como Senafront, que forma parte del Gobierno de Panamá. En Colombia no existen registros oficiales que permitan establecer el número de migrantes que atraviesan el Darién y las condiciones en que lo hacen.
Ante este panorama el Defensor del Pueblo hizo un llamado al Gobierno Nacional para que Migración Colombia priorice la puesta en marcha de un programa de registro y caracterización de la población migrante que atraviesa la frontera con Panamá. Además, de manera especial, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que incremente la atención en las zonas de tránsito y la verificación de derechos de los menores de edad.
Para garantizar los derechos de la población migrante, la Defensoría del Pueblo, través de su Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, también solicitó conocer el estado actual de la puesta en funcionamiento de las Oficinas de Movilidad Segura. Es preciso saber cuáles serán sus funciones, cuándo comenzarán a funcionar y cuál será la población que recibirá la atención
