Se cree que reclamaron el pago de bonificaciones en efectivo para soldados inexistentes.
La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de 24 personas, entre ellas 22 militares y 2 civiles, por estar vinculados a una red de corrupción que habría defraudado al Estado Colombiano en más de $320’000.000.
Se trata de un teniente coronel, dos mayores, un subteniente, varios sargentos y cabos que laboran en Guaviare; además de una psicóloga y un odontólogo. Estas personas se habrían prestado para certificar la incorporación y existencia de personal que nunca hizo parte de las filas militares.
Se cree que los procesados falsificaron exámenes médicos de incorporación, procesos administrativos, asignaciones de material de guerra, alimentación, pagos de nómina, entrega de kits de aseo, y pagos de bonificaciones en efectivo para soldados que supuestamente se encontraban en zonas de combate.
Labores de policía judicial evidenciaron que los procesados, al parecer, cargaron con información espuria distintas bases de datos de la institución, para justificar los requerimientos que se hacían. También habrían usado, sin autorización, distintas huellas digitales en documentos oficiales para avalar pruebas psicotécnicas de incorporación.
La Fiscalía cuenta con información que advierte que los procesados habrían presentado denuncias ante la Justicia Penal Militar por supuestas deserciones de los soldados inexistentes. Esto último habría motivado capturas de personas inocentes, quienes terminaron siendo procesadas por este delito.
Los 24 investigados fueron capturados en Caucasia, Bello y Medellín (Antioquia); Chiquinquirá (Boyacá), Tierra Alta y Montería (Córdoba); Cajicá y Tolemaida (Cundinamarca); La Plata (Huila); Villavicencio (Meta); Sandoná (Nariño); Armenia (Quindío); Cimitarra y Bucaramanga, (Santander) y en Bogotá.
La Fiscalía imputó a los investigados como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, fraude procesal, constreñimiento para delinquir agravado, abuso de funciones públicas, falsedad ideológica y material en documento público, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Los cargos no fueron aceptados.
